Trabajamos para que las políticas públicas y prácticas del Estado y de particulares, garanticen los derechos a la intimidad y seguridad digital de las personas. Estos derechos se ven amenazados por la injerencia ilegítima de actores públicos y privados en procesos como la vigilancia masiva, el control de la información y la explotación de datos personales. Nos articulamos con los hacedores de políticas públicas y autoridades, periodistas, academia y organizaciones sociales para promover un ambiente en el que la ciudadanía goce de autonomía para la participación en la vida democrática.