Desde el Grupo Derecho, Internet & Sociedad de la Fundación Karisma, seguimos haciendo seguimiento a los proyectos de ley que se adelantan en el Congreso de la República y buscan influenciar nuestros derechos digitales y nuestras libertades en el manejo de las tecnologías y las comunicaciones.
Como les habíamos comentado en nuestra entrada anterior, la segunda sesión de la legislatura 2013-2014 empezó el pasado 16 de marzo de 2014; noticia que anunciamos con entusiasmo, pero a la vez, con cierta preocupación, dada la invisibilidad y falta de compromiso por parte de nuestras y nuestros congresistas en el avance de estos proyectos.
El inicio de esta legislatura fue comunicado por el mismo Senado de la República, que informó sobre sus prioridades legislativas: un listado de 20 proyectos que deberán ser discutidos antes del 20 de julio, fecha en que acaba el segundo periodo de sesiones del Congreso. Entre los proyectos que son prioridad, hemos seguido de cerca los relacionados con: otorgar amnistías a emisoras indígenas y comunitarias, expresar la voluntad de ser o no donante de órganos en documentos de identificación, e implementar, como política nacional, programas de alfabetización digital a personas mayores de 40 años.
Nos interesan especialmente estos proyectos porque esas iniciativas priorizadas contribuirán a la garantía de derechos, a disminuir la brecha digital en el país, y a incentivar el ejercicio comunitario de las comunicaciones. No sabemos si se absolverán algunas inquietudes esenciales pendientes como ¿es Internet un servicio público? ¿existen garantías para el acceso de las poblaciones más vulnerables? ¿cómo asegurar el ejercicio de derechos fundamentales en la web?, pero creemos que es posible que se abra esa discusión.
Sin embargo, vamos en la mitad de la legislatura y los proyectos priorizados no han tenido ni el primer debate, por lo tanto, sus discusiones no han avanzado. Este hecho tampoco ha permitido que la ciudadanía conozca la postura de las y los congresistas sobre estos importantes temas.
En Colombia, la defensa y garantía de nuestros derechos en la red presenta un panorama algo desolador. Por una parte, reina el silencio y se percibe poco interés por estos temas en los debates legislativos en el Congreso; un silencio que es extensivo a la campaña presidencial, pues, las candidatas y candidatos tampoco se pronuncian al respecto. De otra parte, coincide con la escasa participación de la sociedad civil, que puede deberse a la insuficiente difusión de este tipo de iniciativas y a la falta de compromiso de las autoridades legislativas y ejecutivas de crear espacios de interlocución que faciliten el intercambio de opiniones y la incidencia ciudadana.
Al parecer, la coyuntura electoral sí retrasó la presentación y aprobación de ponencias y mandó a la lista de “pendientes” proyectos que eran prioridad.
*Esta iniciativa es liderada por Diego Felipe Caballero, estudiante de derecho, quien está realizando su práctica académica en la Fundación Karisma.
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