En un mes se acabarán las sesiones ordinarias del actual periodo legislativo del Congreso (el día 16 de diciembre), y sobre los proyectos de ley que el Grupo de Derecho, Internet & Sociedad de la Fundación Karisma ha venido haciendo seguimiento, los avances son pocos.
Se debe rescatar que el nuevo Congreso llegó con una interesante iniciativa legislativa para modificar el artículo 20 de la Constitución colombiana, e incluir el acceso a banda ancha de Internet como derecho fundamental. Dicha iniciativa llegó hasta segundo debate en el Senado, y se hundió por votación negativa. En nuestra anterior entrada les contamos detalles del proyecto.
Los demás proyectos presentados, que incluyen temas como amnistía a emisoras comunitarias, sistemas de biometría, fomento al software nacional, subsidios para decodificadores de TDT, alfabetización digital, reformas a la ley de derecho de autor, bases de datos y tratamiento de datos personales, contaminación electromagnética, se han quedado en la mera publicación del texto del proyecto. Es más, la mayoría ni siquiera cuenta con asignación de ponentes para los correspondientes debates, y nunca han estado en el orden del día de las discusiones que se llevan a cabo en el Congreso.
Esto no quiere decir que el Congreso haya estado calmado. Al contrario, esta Corporación ha sido foco de diversos debates políticos, audiencias públicas y de la discusión de distintas iniciativas legislativas de relevancia nacional. Sin embargo, respecto a los proyectos de ley que nos interesan y afectan nuestros derechos digitales, todo indica que serán archivados por falta de trámite legislativo. De aquí surge la pregunta ¿qué tanto interesan los derechos digitales de la ciudadanía al Congreso de la República? Más allá de seguir viendo Internet y las TIC como un tema de infraestructura y de cables, debe verse como un entorno en el que deben establecerse garantías para los usuarios. Un espacio de deberes y derechos.
Por otro lado las Comisiones Sexta constitucionales tanto en Cámara de Representantes, como en el Senado de la República las cuales están encargadas de temas relacionados con telecomunicaciones, tecnología, informática, entre otros, no presentan interés por proponer, debatir o auditar asuntos relacionados con Internet desde una óptica de derechos humanos. Prueba de ello es que las iniciativas presentadas se centran en asuntos de infraestructura, servicios públicos y su régimen legal, servicios de telefonía movil, por lo que Internet, y la manera en que ejercemos nuestros derechos humanos en el entorno digital, sigue siendo un tema del que poco o nada se habla.
Este ejercicio de monitoreo y seguimiento legislativo ya lleva un año. El balance incluye la presentación de los mismos proyectos (alfabetización, amnistía a emisoras, entre otros) especialmente por la bancada Liberal y Conservadora. Proyectos que hasta el momento han quedado en simples presentaciones e iniciativas que no avanzan.
Sabemos que este nuevo Congreso hasta ahora arranca, y que en medio de tantas coyunturas las prioridades legislativas se han centrado en otros asuntos. Sin embargo, que las cosas cambien no solo depende de los Congresistas, también implica que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, conozcamos los proyectos que se presentan en el Congreso e impulsemos a nuestros representantes a que gestionen su discusión y avance.
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