La incidencia política que hemos hecho durante estos veinte años de vida se ha desplegado a partir de los hallazgos y evidencias técnicas a las que llegamos con nuestras investigaciones.
Todo lo que aprendemos y articulamos en cada una de ellas constituye un aporte para motivar cambios locales, nacionales e internacionales.
- Interpusimos una tutela por la eliminación de información de contratistas de tecnología del Estado
A raíz de las investigaciones sobre OSINT e inhibidores, encontramos que existe un problema de acceso a información respecto de los proveedores de tecnologías para la vigilancia. En este caso, la empresa a la que solicitamos datos borró la información que tenía publicada al respecto, por lo que decidimos presentar una tutela en su contra, litigio que fue fallado en favor del accionado en primera y segunda instancia.
- Interpusimos una tutela por problemas en la observación electoral
Presentamos una acción de tutela debido a problemas en la observación electoral durante las elecciones regionales del 2023. A pesar de nuestra participación como parte de la observación técnica, enfrentamos dificultades de acceso debido a cláusulas de confidencialidad impuestas por UT Disproel y la Registraduría, problemas similares a los experimentados durante las elecciones de 2022.
En respuesta a esta situación, presentamos una tutela para reclamar nuestro derecho a participar en la observación sin tener que firmar compromisos desproporcionados con los proveedores de la Registraduría. Este proceso está actualmente pendiente de selección por parte de la Corte Constitucional.
Para obtener más información sobre este caso y nuestra participación, le invitamos a consultar el siguiente enlace: Caso del contratista mimado de la Registraduría
- Presentamos una intervención sobre el caso Claudia Julieta Duque ante la Corte Constitucional
Alertamos sobre los riesgos a los derechos humanos de la periodista por el uso de tecnología de GPS en el carro que le fue asignado como parte de su esquema de protección. Sostuvimos que el Estado no logró demostrar que el envío constante de información sobre su ubicación fuera necesario y proporcionado. Además, señalamos que el funcionamiento de la tecnología debe estar sujeto a las garantías de intimidad y de protección de datos personales.
En 2021 presentamos una tutela en contra de MinTIC, MinDefensa, ANE y CRC por la ausencia de información sobre los cortes de internet que ocurrieron en Cali durante las jornadas de protesta. En 2022 y 2023 impulsamos el proceso, entregando a la Corte información sobre la adquisición e implementación de inhibidores de señal por parte de la fuerza pública, así como de estándares de derechos humanos propuestos por organismos internacionales cuando se trata de cortes de internet.
En septiembre del 2023, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-372 en la que se reconoció la vulneración de nuestro derecho al acceso a la información, ordenándose al Gobierno Nacional realizar una investigación detallada sobre lo sucedido y a hacerla pública. También se ordenó revisar las normas que habilitan el uso de inhibidores de señal, por ser demasiado amplias.
Realizamos un estudio concienzudo del contenido de este proyecto de ley en aspectos fundamentales como: biometría, auditorías y observación electoral. Fruto de este trabajo, fueron los comentarios de cara al tercer debate en la Cámara de Representantes.
A raíz de una tutela en la que un juez se sirvió de Chat GPT para elaborar un fallo, Karisma, en el marco de la red del Índice de Derechos Digitales,intervino frente a la Corte Constitucional con un concepto sobre el uso de herramientas de IA en contextos judiciales.
Como parte de nuestro trabajo fuimos invitadas a responder preguntas de la Corte y a enviar una segunda intervención sobre el caso. Este proceso sigue abierto.