Ayer enviamos nuestros comentarios a la propuesta de política pública sobre explotación de datos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. En este momento la propuesta está en borrador (que puede ser consultado acá) y, por lo pronto, el CONPES procesará los comentarios.
El CONPES identifica cuatro problemas respecto al uso de datos en el Estado. El primero es que las entidades no presentan su información ni usan datos, en parte, porque las reglas que existen sobre estos temas no son aplicadas por las entidades y los planes no se han cumplido. El segundo problema, según el CONPES, es que no hay claridad sobre las reglas de juego respecto a los datos, lo que genera desconfianza respecto a su explotación. El tercero es la ausencia de capacidades técnicas para explotar datos. Finalmente, las entidades no piensen en términos de producción y uso de datos, lo que llaman “ausencia de cultura de datos”.
La política propuesta busca organizar lo que hacen las entidades públicas con los datos para que luego puedan ser usados por ellas mismas y por terceros. En términos del documento, la idea es aprovechar el “valor económico y social” de los datos. Para responder a esos problemas, la política fijó cuatro objetivos, divididos en objetivos más concretos y líneas de acción. Hicimos un cuadro para ver con más claridad el plan de acción que pueden consultar acá.
Aunque no hubo sino 14 días para leer y entender el documento de 170 páginas, la producción y el uso de datos —personales o no— es un tema que interesa a Karisma, pues la presión para definir nuestros derechos y los programas políticos a partir de datos es cada vez más fuerte. En ese contexto, hicimos varias observaciones. Acá anotamos las 3 más importantes.
Primero. El Estado no puede comportarse como un particular en la explotación de datos. Aunque es cierto que la explotación comercial de datos es un negocio enorme, y por eso actualmente no hay conferencia o panel sobre tecnología que no mencione la trillada frase “los datos son el nuevo petróleo”, el Estado no puede asimilar la tecnología desde esta perspectiva.
No es lo mismo el uso de datos en el Estado que en el sector privado. El Estado toma decisiones, que puede hacer cumplir incluso por la fuerza, a partir de los datos que recolecta. Además, hay muchos proveedores de servicios privados; si no me gusta Uber puedo usar Cabify o Tappsi. El Estado solo hay uno y se encarga de prestar servicios tan importantes como la salud, la educación, la seguridad y la justicia.
Además, y quizás esta es la razón más importante, el Estado existe para cumplir fines sociales y de protección de derechos, no para hacer dinero. Por ello, recomendamos que la explotación de datos y su “valor económico y social” estuviera enfocado en el interés público, lo que excluye la posibilidad de que el Estado explote los datos de forma comercial.
Segundo. Es necesario que tengamos claro cuál es la autoridad encargada de cumplir. Si queremos que las entidades públicas produzcan y usen intensivamente datos propios y de otras entidades, es necesario que haya una autoridad de protección de datos fuerte cuando estamos hablando de entidades públicas. La Ley de Protección de Datos dice que la Delegatura para la protección de datos remitirá a la Procuraduría General los casos donde la violación a esta norma provenga de una entidad pública.
La política de explotación propuesta tiene que resolver obligatoriamente el problema y modificar lo que sea necesario para que la protección de datos se extienda efectivamente a las entidades públicas.
Tercero. Aunque está previsto que haya un comité multisectorial para definir los límites éticos del uso de datos, creemos que es conveniente extender esta figura para hacer seguimiento de la política. Este comité también puede servir como un punto de encuentro para discutir los problemas y retos del uso y explotación de datos en el sector público, y cómo afectan nuestros derechos.
El documento que revisamos aún no tenía los apartes sobre financiamiento ni el plan de acción y seguimiento, que son determinantes para saber concretamente cómo se implementará la política, así que la información disponible sobre esta política es limitada.
Los comentarios pueden ser consultados acá.
Relacionados
Protegido: El Informe Special 301: Discusiones sobre el Interés Público y la Propiedad Intelectual
No hay extracto porque es una entrada protegida.
Crónicas de un encuentro regional: tejiendo un futuro digital inclusivo y participativo para América Latina y el Caribe.
En la primera semana de noviembre del 2024 nos embarcamos en un viaje para participar en los foros de gobernanza de internet: Youth LACIGF y LACIGF en Santiago de Chile.