Por: María Alejandra Medina
El nuevo Congreso de la República, que legislará de 2022 hasta el 2026, retomó la discusión de la reforma al Código Electoral. Después de que en abril de este año la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en el 2020 por el anterior Congreso, en agosto se radicó un proyecto de ley estatutaria con elementos nuevos como la profundización de la inserción de tecnologías en el proceso electoral.
Desde la Fundación Karisma analizamos las disposiciones establecidas en el Proyecto de Ley 111/ 22 Senado “Por la cual se expide el código del registro civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano” y presentamos a las comisiones primera de Cámara de Representantes y al Senado comentarios frente a las disposiciones referentes a los siguientes cinco temas: sistemas de identidad, auditorías, voto electrónico, propaganda electoral en medios digitales y violencia política contra las mujeres.
Respecto a la “parte segunda: del registro civil y de la identificación de las personas” del proyecto de ley 111 presentamos dos argumentos centrales: primero, sostenemos que la parte segunda es contraria al principio de unidad de materia. Segundo, subsidiariamente, presentamos nuestros argumentos en contra de artículos específicos que buscan regular temas de biometría y del sistema de identificación digital que la Registraduría propone. Por lo tanto, consideramos que estos temas deberían ser regulados en otra iniciativa legislativa y considerando todas las garantías y limitaciones sobre datos biométricos.
En cuanto a las auditorías técnicas a los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral, en todos los casos que se implementen tecnologías al proceso electoral, sin importar tipo y fase, es necesario para garantizar la integridad del voto, así como la transparencia y confianza de los resultados, que se lleve a cabo una auditoría técnica, independiente y pública.
La Fundación Karisma expresa su preocupación por la posible implementación del voto electrónico en el país. Consideramos que dado los problemas que esta tecnología implica para garantizar los principios de efectividad, integridad y secreto del voto, así como los impactos negativos respecto de la transparencia del sistema, no es oportuno implementar este tipo de tecnología.
Por otro lado, es necesario que Colombia avance en regular la transparencia en el financiamiento y gasto de propaganda electoral en redes sociales y/o otras plataformas digitales. Mientras estos canales de comunicación ganen fuerza, se debe garantizar registro periódico de esta información como forma de promover unas elecciones equitativas y transparentes, toda vez que sin duda ya evidenciamos “dificultades para conseguir información pública y de la opacidad que ronda la actividad de los partidos políticos en relación con el uso de tecnologías digitales”. Apoyamos la creación de un marco normativo y una regulación de la propaganda política en medios digitales; sin embargo, este debe considerar los límites de lo que razonablemente la regulación puede lograr.
Por último, Colombia debe avanzar en la reglamentación sobre violencia contra las mujeres en la vida política debe incluir la violencia perpetrada por medios digitales, y acompañarse de más mecanismos para lograr la protección y garantía de derechos que se discuten en otros proyectos de ley que tienen por objeto abordarla. Sin embargo, el Código Electoral debe armonizarse con las iniciativas legislativas que desarrollen mecanismos y medidas para enfrentar esta problemática.
Estos argumentos fueron presentados en la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado, llevada a cabo el 20 de octubre de 2022. También se compartieron en la audiencia pública de las comisiones primeras conjuntas de Cámara de Representantes y del Senado el 21 de noviembre, en la audiencia pública de Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que tuvo lugar el mismo día.
Ahora, respecto al balance de la discusión, la reforma al Código Electoral alcanzó a priorizarse en la agenda del Congreso e incluso fue impulsado su trámite mediante mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, mediante varias audiencias públicas en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado y entidades públicas se evidenció los riesgos en diferentes temas y la necesidad de una discusión menos acelerada.
Celebramos que al trámite se le haya retirado el mensaje de urgencia y que el primer debate haya sido aplazado para el próximo año. Consideramos que se debe continuar con un debate público y técnico sobre el impacto de la introducción de tecnologías en el proceso electoral, así como las disposiciones que puedan tener impactos en el ejercicio de los derechos políticos y el ejercicio democrático.
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