COVID-19: ¿qué está pasando con nuestros derechos en internet? : Fundación Karisma

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Las emergencias justifican medidas excepcionales que dan un poder especial al Ejecutivo en la toma de decisiones. Es una realidad que obliga a fortalecer acciones de control y monitoreo a las medidas adoptadas. Para hacer seguimiento a temas de derechos digitales, nace el Índice “Coronavirus y Derechos Digitales”.

Por ejemplo, como ya les conté, la emergencia justificó otorgar la facultad a las empresas prestadoras del servicio de internet para discriminar contenidos y servicios de salud, educación y trabajo, si llegan a verse enfrentadas a un colapso de su infraestructura por la alta demanda en esta época. Al monitorear esta situación, veíamos que la forma de vigilar esta facultad es con información que deben entregar las empresas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Sin embargo, vimos también que el sitio donde la CRC publica esta información era muy restrictivo, afectando el acceso a la información pública y la capacidad de seguimiento y control ciudadano.

Fundación Karisma (donde trabajo) se une a Linterna Verde, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), DeJusticia, el Centro ISUR y profesionales independientes en un ejercicio ciudadano de seguimiento y control a regulaciones y decisiones adoptadas en el marco de la pandemia en lo relacionado con tecnología. La mirada del Índice “Coronavirus y Derechos Digitales” está enfocada hacia el análisis de cómo impactan estas decisiones los derechos humanos en el espacio digital en Colombia.

Es importante resaltar que, aunque hablamos de derechos digitales, está claro que se trata de pensar cómo la tecnología presenta desafíos particulares a lo que, en todo caso, son los derechos humanos y su marco jurídico. Sobre todo, creemos que este análisis pone al descubierto el rol que el Estado asigna a la tecnología, que no puede seguir siendo humo digital, una herramienta mágica y costosa de promesas espectaculares, sino verdaderos instrumentos que puedan, de ser el caso, apoyar un conjunto de soluciones a complejos problemas sociales en el marco de la pandemia.

Por eso la estrategia de la coalición usa un modelo similar al de un observatorio para identificar temas relevantes, recoger la información y alimentar el debate público. Será una base de datos con casos y normas que han salido para controlar la pandemia y que tienen impacto en nuestros derechos digitales. En el sitio damos un resumen de cada medida y explicamos sus implicaciones sobre nuestros derechos.

Es decir, en este ejercicio, esperamos descubrir, más allá del entusiasmo, cuáles son los planes en el uso de tecnología, sus indicadores de éxito y encontrar la información para que cualquiera pueda evaluar la eficacia de su despliegue en condiciones tan retadoras como una emergencia sanitaria. Si ahora se presentan como varitas mágicas, el tiempo nos dirá si realmente fueron la palanca que movió la respuesta de la sociedad y podremos evaluarlo.

Sabemos que, por definición, una emergencia es sinónimo de urgencia en la toma de decisiones, porque supone reaccionar a una situación que está fuera de control. Eso obliga al Ejecutivo a ser mucho más cuidadoso en su documentación e información sobre esas decisiones. Les podemos anticipar que en el ejercicio que hemos hecho hasta ahora con el foco en la tecnología no hay mucha información oficial, no hay planes -lo que contrasta con muchos anuncios en los medios-, mucho menos indicadores o compromisos de información que permita a las personas hacer seguimientos informados a su despliegue.

Creemos que el ejercicio de seguimiento que proponemos puede cambiar esto. Sigamos con el ejemplo. Cuando entendimos que se abría la ventana para suspender la neutralidad en el país durante la emergencia y que se le daba un gran poder a los operadores de telecomunicaciones, vimos también que la información era la que nos permitiría evaluar cómo se ejercía ese poder. Algunos de los miembros del índice presentamos una intervención a la Corte Constitucional para que, en su proceso de análisis de constitucionalidad, indicara que esta información debería ser de acceso abierto, no tener restricciones para la ciudadanía. No sabemos qué dirá la Corte a nuestro análisis, pero nuestra reacción conjunta abrió un canal con la CRC que se comprometió a solucionar los problemas más importantes que evitaban la consulta abierta y accesible de esta información.

Creemos que, como la crisis sanitaria acelera el proceso de expedición de medidas evitando sustancialmente la participación en la producción de las normas, se requiere activar estos mecanismos en las etapas posteriores. Estamos convencidos de que este ejercicio será clave para mantener valores democráticos en un momento muy complejo. Use el índice, haga control.