Por: Joan López Solano.
La principal base de datos para asignar beneficios sociales en Colombia, el Sisbén, promueve la discriminación y la estigmatización de las personas que lo conforman, limita sus capacidades para luchar contra la arbitrariedad al ocultarles información clave y les niega su derecho de participar en las decisiones que afectan sus vidas. Debemos cambiar el sistema para asegurar la inclusión, la igualdad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades empobrecidas.
En abril de 2021, el Gobierno presentó la nueva versión del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén IV) como la modernización de la seguridad social. Este sistema clasifica y agrupa a los hogares colombianos en términos de pobreza de acuerdo con los datos personales que reportan en encuestas y se utiliza para seleccionar a los beneficiarios de más de 19 programas sociales del Estado como salud, alivios a pobreza y vivienda entre otros.
Estos sistemas de datos son formas de representación que determinan el acceso a derechos fundamentales y, a su vez, deben hacer posible la reparación de la violencia estructural de la pobreza para las personas que habitan los territorios. Sin embargo, los Gobiernos han construido sistemas que reproducen la idea de la seguridad social como caridad y no derechos fundamentales.
Hasta ahora, el diseño de estos sistemas de datos ha estado centrado en determinar quiénes son los verdaderos “merecedores” de los servicios, antes que asegurar una vida digna. Los sistemas se diseñan de forma que las personas desconozcan los mecanismos internos de funcionamiento y con regulaciones que impidan retar al sistema. Así, el Estado reduce las herramientas con las cuales las comunidades pueden hacer rendir cuentas a los gobiernos por sus obligaciones.
En el Informe “Datos y Dignidad” de la Fundación Karisma, nos ocupamos de analizar el entramado institucional y tecnológico del Sisbén que limita los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas en condición de pobreza. Sin embargo, el texto también es una propuesta para transformar los sistemas en herramientas que encarnen los derechos humanos y permitan la autonomía de las comunidades violentadas por la pobreza.
El diseño actual del Sisbén limita el acceso de las personas al sistema y hace casi imposible corregir sus propios datos. Además, el Estado desconoce algunas de las vulnerabilidades de las personas en pobreza, las estigmatiza como fraudulentas, las castiga cuando sospecha que no dicen la verdad, les quita las herramientas para enfrentar la arbitrariedad de los funcionarios y les niegan su derecho a participar en las decisiones que van a afectar su vida.
En Colombia, el Gobierno ha publicado políticas de Big Data, Inteligencia Artificial y Transformación Digital que prometen respeto por los derechos humanos y la equidad social. Sin embargo, cuando localizamos el problema en el Sisbén, encontramos promesas abstractas que están traicionando la confianza de las personas limitando el camino para verdadera justicia social y rendición de cuentas.
Este texto es una apuesta por abandonar las abstractas discusiones sobre los riesgos de los sistemas de datos para relocalizar el problema de los derechos humanos en la implementación de un sistema de datos del que depende la vida de las personas en condición de vulnerabilidad.
Además de mostrar por qué razón esta no es la mejor manera de hacer las cosas, en este informe también queremos ofrecer alternativas que permitan transformar los sistemas de datos. Por esto, el documento recoge también algunos requisitos que, aunque no son una lista definitiva, sí son unos mínimos para construir un sistema de protección social que promueva los derechos humanos de las personas vulnerables y se asegure de que tengan la autonomía personal y colectiva para luchar por una vida digna.
Este es un problema central: desatender los sistemas de datos como el Sisbén implica limitar los derechos de las personas más vulnerables y excluirlas de programas sociales de los que, muchas veces, dependen. Así mismo, es mantener el ciclo de paternalismo sobre la población pobre y negarles su autonomía, su capacidad de autodeterminación y su dignidad. Con esto, el Gobierno Colombiano falla en sus obligaciones de derechos humanos recogidas en la Constitución y los tratados internacionales, mientras que aparenta que estos cambios son solo administrativos o técnicos.
¿Cómo deben ser los sistemas de datos en protección social en Colombia?
Los derechos humanos no son una opción cuando de diseñar políticas públicas se trata, son una obligación legal que surge de los compromisos internacionales y debe respetarse desde su diseño, hasta la implementación y evaluación. Así proponemos (al menos), cinco requisitos de derechos humanos, basados en las sentencias de la Corte Constitucional y las organizaciones internacionales de derechos humanos, que deben regir el diseño de sistemas de datos para la protección social:
1. Inclusión y accesibilidad
Los sistemas de datos deben crearse garantizando que no excluyan a nadie. Deben contar con disponibilidad plena para que las personas puedan acceder cuando lo necesiten a recursos sociales. Los sistemas deben ser adaptables reconociendo las limitaciones que las personas en pobreza tienen en términos de tiempo, medios de comunicación y financiación. Los sistemas deben ser locales y gratuitos reconociendo que estos Gobiernos están más cerca de la ciudadanía en situación de pobreza. Así mismo, los mecanismos que permiten a las personas incorporarse a las bases de datos (como las encuestas) o corregir y actualizar sus datos deben ser accesibles para todas y todos sin obstáculos burocráticos o estructurales.
2. Igualdad y no discriminación
El diseño del sistema debe garantizar que no discriminará a las personas. Estos sistemas deben abandonar la visión punitiva y evitar poner cargas administrativas desproporcionadas sobre las personas. Los Estados no deben estigmatizar a las personas que dependen de beneficios sociales como fraudulentas y mentirosas. Los sistemas de datos para la protección social no pueden convertirse en activos de la economía digital y financiera que se dedica a montar esquemas abusivos para explotar a las personas vulnerables.
3. Transparencia y acceso a la información
El sistema debe ser transparente y claro para la población, de manera que los resultados de la clasificación no sean confusos ni se perciban como arbitrarios. Las definiciones y las metodologías utilizadas para clasificar a las personas deben ser claras para las personas que son afectadas por el sistema. Los funcionarios deben deben ser capaces de explicar las decisiones del sistema a las personas afectadas por estas. La información de cada persona debe poder ser fácilmente corregible para ella.
4. Rendición de cuentas y control público
Las personas deben tener la capacidad de rendición de cuentas y control público sobre el sistema para protegerse de la arbitrariedad de los funcionarios y garantizar su acceso a derecho fundamentales. Las responsabilidades de cada actor deben ser claras para las personas. La regulación de los sistemas debería estar a cargo del legislativo. Las personas deben ser capaces de retar al sistema y a los funcionarios con mecanismos accesibles. Las instituciones y funcionarios que administran el sistema deben ser vigilados y responsabilizados por los fallos. El sistema debe proteger el debido proceso con recursos frente a la verificación, la reclasificación o la exclusión de programas sociales,
5. Participación y empoderamiento
El sistema debe tender a superar la pobreza estructural fomentando la participación de las personas afectadas y tendiendo hacia su empoderamiento, no manteniendo una aproximación paternalista hacia las personas vulnerables. La pobreza no solo se caracteriza por la falta de medios materiales, sino por la limitación de la capacidad de las personas de tomar decisiones que afectan su propia vida. Por esto, la participación tiene que ser sobre decisiones fundamentales, reconocer la experticia de las personas en condición de pobreza y contar con los medios de comunicación pensados para las comunidades en pobreza.
Informe Datos y Dignidad
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