Días después de la firma en Nueva Zelanda del TPP, luego de siete años de negociaciones a espaldas de la sociedad, se firma el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El tratado es una amenaza directa para los derechos humanos de los ciudadanos de los países firmantes, entre los derechos que se verían vulnerados se encuentran los digitales. Chile, México y Perú están entre los países afectados.

Si bien Colombia no es uno de los países firmantes, aun así tendrá implicaciones nocivas en temas de derecho de autor, patentes de medicamentos e Internet. Pero regresemos a hablar del tema de derecho digitales (en un próximo post hablaremos de medicamentos por ejemplo); aunque Colombia tiene retos para garantizar el acceso a internet a toda la población, este medio se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de muchas actividades y el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso al conocimiento.

La legislación y jurisprudencia aplicable a internet no ha sido sistemática y muchas veces tiene importantes consecuencias para que internet siga siendo una herramienta libre y abierta. Las normas sobre vigilancia de las comunicaciones, por otro lado, aunque importantes para la investigación criminal, no cuentan con los debidos contrapesos y controles judiciales, ni obedecen a un análisis serio de necesidad y proporcionalidad, como es el caso de las facultades que tienen los organismos de inteligencia.

Los casos problemáticos demuestran que todavía falta mucho camino por recorrer en la aplicación de las normas existentes a situaciones ocurridas en la red. En este informe hacemos un rápido recorrido a través de la normativa vigente y los casos –judiciales y mediáticos– más relevantes que afectan, tanto positiva como ne- gativamente, el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía colombiana. En este sentido, revisamos normativas sobre la neutralidad de la red, delitos informáti- cos, protección de la infancia, actividades de investigación criminal y de inteligencia, de retención de datos y anonimato, destacando los problemas que muchas de estas normas presentan frente a la protección de los derechos fundamentales.

Este informe se ha elaborado como parte del proyecto ‘Examinando los derechos y las libertades en internet en América Latina’ (EXLiLa) de la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones (APC). El proyecto está financiado por Open Society Institute (OSI) y APC, y está coordinado porla ONG Derechos Digitales.
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