En junio del año pasado, junto a El Veinte, ISUR y la FLIP presentamos una tutela a raíz de las interrupciones de internet en dos barrios de Cali en mayo de 2021. Buscábamos que el Gobierno investigara las denuncias de caídas de la red por manifestantes que no pudieron comunicar sobre excesos de la Fuerza Pública y que fueron comprobadas por dos sistemas de observación del tráfico en línea. También pedíamos que las autoridades dieran explicaciones públicas y se comprometieran a evitar los cortes del servicio en las jornadas de protesta que seguían ocurriendo. Considerábamos que la falta de respuesta estatal ante las interrupciones de internet denunciadas vulneraron los derechos fundamentales al acceso a la información, la libertad de expresión y a la protesta de la ciudadanía.
El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, ante quien remitimos varios escritos en calidad de accionantes y en calidad de expertos.
Le recordamos a la Corte la relevancia y actualidad del caso, porque pese a las denuncias de uso de inhibidores de señal en redes sociales y a los llamados de organismos internacionales de Derechos Humanos al Estado colombiano para responder frente a los cuestionamientos derivados de este incidente, esto nunca ocurrió. También mencionamos que la interrupción de internet y su falta de investigación vulneraron no solo el derecho a la libertad de expresión de quienes querían transmitir sus opiniones en Cali, sino de quienes eran sus destinatarios, es decir, la sociedad en general.
En el otro escrito entregamos las pruebas que confirman los problemas de acceso a internet en Cali durante el Paro Nacional de 2021 y la falta de claridad respecto de las causas de este suceso. También recordamos los riesgos que implican los cortes de internet respecto de los derechos fundamentales, especialmente para el ejercicio del derecho a la protesta. Finalmente, presentamos toda la información disponible sobre los inhibidores de señal en poder de la fuerza pública y explicamos cómo la regulación vigente sobre inhibidores de señal en Colombia vulnera los estándares internacionales de libertad de expresión, razón por la cual es necesario que se regule el uso de tecnologías para controlar la protesta social. En este punto, recomendamos adoptar, por lo menos, el test propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando una autoridad crea imprescindible suspender el servicio de internet.
Esperamos prontamente contar con una decisión de la Corte Constitucional.
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