Bogotá, 17 de diciembre de 2019. Comunicado conjunto.
Ayer en la tarde el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley del nuevo Código Electoral. Falta la conciliación entre Cámara y Senado para que la iniciativa pase a revisión previa de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria.
Las organizaciones firmantes advertimos que esta reforma al Código Electoral fue tramitada de manera irregular en el Congreso, sin suficiente debate ni transparencia por cuenta del mensaje de urgencia del gobierno, e incluyendo varios artículos preocupantes en al menos los siguientes temas:
- Bajo el objetivo general de prevenir la violencia política, busca castigar expresiones críticas a partidos o movimientos políticos. Pretender que el buen nombre de un partido político prevalezca sobre la libertad de expresión y de prensa afecta la deliberación democrática y genera un entorno de censura. Los candidatos, las campañas y las elecciones deben estar sometidos al escrutinio público constante.
- Concedería una amplia competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar y sancionar a ciudadanos, por ejemplo, por una expresión que emitan a través de las redes sociales. Por un lado, los artículos son ambiguos; por el otro, el CNE no debería actuar como juez de ciudadanos particulares que no hacen parte de la contienda política.
- Determina la implementación del voto electrónico de afán, con una definición riesgosa que se aleja de los estándares de neutralidad necesarios, y que dificultará las garantías y controles para el proceso de evaluación y selección de la tecnología que se usará.
- Establece la obligación para las firmas encuestadoras de entregar al CNE datos georeferenciados y biográficos de los encuestados antes de publicar las encuestas, con lo cual se estarían exponiendo datos sensibles y reservados de ciudadanos que participaron en un ejercicio que es en esencia anónimo.
- Crea una excepción de seguridad nacional desproporcionada y arbitraria para todas las actividades que realice la Registraduría. Esto dificultaría el acceso a información pública del ente electoral –como gastos y procesos contractuales– cuya naturaleza no amerita una reserva generalizada de ese tipo.
El nuevo Código Electoral incluye otras disposiciones cuestionables sobre provisión de cargos, aumento de gastos y facultades del registrador, entre otros. Tanto en estos puntos como en los mencionados, el proyecto se tramitó –como ya es costumbre– sobre el final de la legislatura y al filo de la medianoche, en medio de sesiones virtuales, votaciones suspendidas y proposiciones y artículos aprobados en bloque. Incluso, se registraron diferencias entre artículos aprobados y lo que finalmente fue publicado en las gacetas. Es decir: para crear las reglas de nuestra democracia, el Congreso se saltó las propias.
La sociedad civil reitera su exigencia y derecho de hacer parte de estas discusiones en el Congreso. Las organizaciones firmantes exigen transparencia en el proceso de conciliación y que se modifiquen o eliminen los puntos mencionados en este comunicado, que consideramos inconstitucionales. En su momento, expondremos estas irregularidades de fondo y de trámite ante la Corte Constitucional para que proteja los derechos fundamentales y el proceso legislativo.
Organizaciones firmantes:
Fundación Karisma
Linterna Verde
El Veinte
Centro de Internet y Sociedad – Universidad del Rosario (ISUR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Relacionados
Camila Pardo Botero
Soy psicóloga, especialista en intervención creativa, diseño talleres que integran tecnología, investigación y creatividad. Desarrollando metodologías para preguntarse por la interacción humana en entornos digitales, creando espacios seguros y promoviendo el uso consciente y responsable de las herramientas tecnológicas.Laura Grisales Silva
Gestora de Comunicaciones en Karisma. Historiadora, actualmente estudiante de la maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional. Copywriter y Community Manager, interesada en la creación de contenido y el uso de redes sociales para la divulgación académica y la defensa de derechos humanos.