GINEBRA, 23 de septiembre –
Hoy la Fundación Karisma se une a una gran coalición internacional para pedir a Colombia que evalúe si las leyes y actividades nacionales de vigilancia se ajustan a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
La Fundación Karisma ha suscrito (http://karisma.org.co/?p=3043) un conjunto de principios internacionales contra la vigilancia sin control. Los 13 Principios establecen por vez primera un marco de evaluación para valorar las prácticas de vigilancia en el contextode las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil oficialmente presentó los 13 Principios el pasado viernes en Ginebra, en un evento paralelo al que asistieron Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Frank LaRue, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, durante la 24a sesión del Consejo de Derechos Humanos. Este evento paralelo fue organizado por las Misiones Permanentes de Austria, Alemania, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Hungría.
La Fundación Karisma expresa su profunda preocupación frente la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia (Ley 1621/2013) por adolecer de vaguedad, debilidad y ausencia casi total de efectivos controles y límites al excesivo poder de injerencia que otorga a los organismos de inteligencia. Por tanto, la Fundación Karisma entiende que la mencionada ley está en conflicto con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y muy lejos de cumplir los 13 Principios antes mencionados.
Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigiéndose al Consejo de Derechos Humanos, declaró en su discurso de apertura el 9 de septiembre que:
“Las leyes y políticas deben ser adoptadas para hacer frente a la posibilidad de intrusión dramática sobre la intimidad de los individuos, que ha sido posibles gracias a las modernas tecnologías de las comunicaciones.”
Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que:
“Los avances tecnológicos han sido poderosas herramientas para la democracia, dando acceso a todos a participar en la sociedad, pero el uso cada vez más frecuente de la minería de datos por los organismos de inteligencia desdibuja las líneas entre la vigilancia legítima y la vigilancia masiva y arbitraria.”
Frank La Rue, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, dejó en claro la relación directa entre la vigilancia estatal, la intimidad y la libertad de expresión en su último informe al Consejo de Derechos Humanos:
“El derecho a la intimidad a menudo se entiende como un requisito esencial para la realización del derecho a la libertad de expresión. La injerencia indebida en la vida privada de los individuos, tanto directa como indirectamente, puede limitar el libre desarrollo e intercambio de ideas… Una violación a un derecho puede ser al mismo tiempo causa y consecuencia de una infracción a otro derecho.”
Durante su intervención en el evento, el Relator Especial de Naciones Unidas señaló que:
“Previamente la vigilancia era llevada a cabo con objetivos específicos, pero Internet ha cambiado el contexto, proporcionando la posibilidad de efectuar vigilancias masivas. Este es el peligro.”
Representantes de Privacy International, the Electronic Frontier
Foundation, Access, Human Rights Watch, Reporters Without
Borders, Association for Progressive Communications, and the Center for Democracy and
Technology están participando en el evento.
Descubra más acerca de los Principios en https://NecessaryandProportionate.org
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