La discusión del jueves 3 de julio giró en torno al documento de principios y objetivos generales con el fin de buscar el balance en el derecho de autor en relación con las bibliotecas y archivos. Este debate permitió que se diera una discusión sobre el tema y sobre los problemas de las bibliotecas y archivos. También dio lugar a que varias de las organizaciones presentes pudieran participar dando sus opiniones en intervenciones de pocos minutos. No obstante, la estrategia utilizada parece alejarla de discutir la necesidad de un tratado, que supondría un nivel de compromiso mucho más alto para los Estados, que aquel derivado de los principios y objetivos.
Las posiciones de los Estados se pueden clasificar en tres: (1) Quienes quieren un tratado y, por lo tanto, discutir de una vez el documento de trabajo, propuestas presentadas por el Grupo Africano, Chile, Ecuador y Uruguay, e India, que se venía debatiendo en las SCCR26 y SCCR27; (2) aquellos que quieren principios y objetivos generales con base en el documento de EEUU, al que se van adhiriendo otros, mientras que, (3) la Unión Europea no quiere nada diferente a intercambiar experiencias y capacitaciones.
Aunque, en general, las discusión se ha centrado en declaraciones basadas en ejemplos y experiencias de las legislaciones nacionales y de la situación de bibliotecas y archivos locales; de las intervenciones de América Latina podemos resaltar a Chile con una posición muy alineada con la de las bibliotecas, y a Ecuador y Brasil, que también han hecho declaraciones bastante positivas. Brasil, asimismo, lo ha hecho insistiendo en la necesidad de incluir a los museos en el debate. Colombia no ha intervenido y, por tanto, no podemos saber si su posición sigue siendo la de diciembre -en apoyo a un tratado-, o si, como pareció sugerirlo en abril, se inclina más a apoyar el documento presentado por EEUU.
Entre los grupos de interés presentes, que son los principales contradictores de la posición de las bibliotecas y archivos, están los titulares de derechos de autor y la industria del entretenimiento o editorial. En sus intervenciones los primeros piden que la consagración de excepciones y limitaciones esté acompañada de una justa compensación, mientras que los segundos dicen que la solución es el licenciamiento.
Se espera que el cierre de la sesión del SCCR sea largo y complejo. No se perfila el consenso sobre las conclusiones, y se percibe más difícil acordar las recomendaciones para la siguiente sesión de diciembre.
Karisma, en representación de las y los usuarios colombianos, hizo dos intervenciones el martes y el jueves de esta semana. Compartimos la declaración de Karisma sobre tratado de radiodifusión:
COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS DE AUTOR Y
DERECHOS CONEXOS DE LA OMPI
28ª Sesión, Ginebra, 2 de julio de 2014
Intervención sobre propuesta de tratado para radiodifusores
Fundación Karisma
Muchas gracias, señor Presidente. La Fundación Karisma está muy agradecida por su invitación a dirigirse al Comité y desea felicitarlo por su excelente labor en la dirección de este Comité.
La Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja entre la intercepción de derechos y tecnologías. Y nos encontramos aquí presente para presentar la visión de las usuarias y usuarios.
Para la Fundación Karisma está es la tercera ocasión que participa de las discusiones sobre la propuesta de tratado para radiodifusores. Todavía hoy me cuesta entender la necesidad de este tratado. Por eso pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar si no existiese este tratado? Si la respuesta es que no habrá manera de prevenir el robo de la señal, me permito señalar que ya los marcos legales vigente proporcionan los necesarios mecanismos de control y de sanción para tratar este problema. Y esos mecanismos pueden ser perfectamente aplicados a los entornos digitales, sin necesidad de crear un nuevo derecho exclusivo para los radiodifusores.
En cambio, desde la perspectiva de las usuarias y usuarios, esta tratado significaría una nueva capa de complejidad a los regímenes de autorización de los derechos de autor, interfiriendo forzosamente con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, al acceso a la información. A su vez, crearía una especie de obstáculo o disuasión para la innovación y la creación, para el aprovechamiento de las tecnologías digitales y para el desarrollo de nuevos medios alternativos de comunicación, entre otros.
Nuestra impresión es que este propuesta de tratado tiene el importante potencial de afectar e impactar gravemente los derechos humanos. Y este no es el tipo de acciones internacionales que las usuarias y usuarios necesitamos en un mundo en el que las redes digitales y la tecnología nos están permitiendo crear y distribuir más fácilmente el conocimiento y la cultura. La propuesta bajo negociación es, sin duda, el tipo de barreras que no necesitamos.
Muchas gracias.
COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS DE AUTOR YDERECHOS CONEXOS DE LA OMPI
28ª Sesión, Ginebra, 3 de julio de 2014
Intervención sobre garantías para bibliotecas
Fundación Karisma
Muchas gracias, señor Presidente. La Fundación Karisma nuevamente le agradece su invitación a dirigirse al Comité.
Para aquellos que no conozcan a la Fundación Karisma, somos una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la intersección entre derechos y tecnología. Apoyamos y promovemos políticas que propendan al desarrollo balanceado del derecho de autor desde la óptica de las usuarias y usuarios. En particular, velamos por que el interés público sea tomado en consideración e incorporado en la legislación nacional sobre la materia.
Cuando hablamos de este tema hay que considerar que la idea del acceso a Internet no solo tiene que ver con el acceso a infraestructura tecnológico. Más importante aún es la relación de ese acceso a la prestación de un servicio público que permite el ejercicio de derechos humanos. Y es aquí donde debemos prestar mayor atención, pues, en regiones pobres y desiguales como la latinoamericana, las bibliotecas y archivos cumplen un papel esencial para disminuir las brechas digitales.
Sin embargo, lo que estamos viendo es que a la ya precaria situación jurídica de las bibliotecas y archivo, se suman otras barreras relacionadas con el entorno digital; es decir, capas adicionales de restricciones que surgen o provienen de disposiciones contractuales.
Por ejemplo, en Colombia, la Biblioteca Nacional, como muchas otras bibliotecas, cuenta con unos servicios de distribución de contenidos digitales. Los proveedores de esto servicios condicionan el uso de estas plataformas solo al acceso a las obras, nunca entregan las mismas, pues, únicamente comparten los metadatos de las obras. Adicionalmente, los catálogos que los proveedores gestionan tampoco pasan a las bibliotecas patrimoniales, por lo tanto, no se salvaguarda el acceso al conocimiento para futuras generaciones.
Además, cuando finalmente las bibliotecas ponen a disposición de sus usuarias y usuarios las plataformas de acceso a contenidos digitales, luego de pagar por las licencias, las condiciones contractuales limitan el acceso remoto de las usuarias y usuarios. Nos preguntamos entonces, ¿qué justificación tiene una plataforma virtual, si las usuarias y usuarios deben desplazarse hasta la biblioteca para consultar un computador y acceder a los contenidos? Reitero, las y los usuarios acceden a estos contenidos digitales después de que las bibliotecas pagan las respectivas licencias y de informar previamente el número de usuarios de estas plataformas.
De otra parte, resulta impactante que algunos de estos proveedores de servicios de contenidos digitales hayan llegado a cobrarle a alguna biblioteca colombiana unos 15 mil euros por el derecho a utilizar estas plataformas; definitivamente, un precio muy alto a pagar para una biblioteca latinoamericana. Y no olvidemos, que en el caso de las bibliotecas públicas, somos los contribuyentes los que estamos pagamos estos servicios a través de nuestros impuestos.
Una solución internacional sería adecuada para garantizar que las bibliotecas, los archivos y sus usuarios pueden aprovechar las capacidades disruptivas de las tecnologías digitales, en pro del ejercicio de nuestros más fundamentales derechos sin limitaciones indebidas.
Para seguir el debate y las conclusiones de esta semana de discusiones, en Twitter estaremos informando en tiempo real con el hashtag #ColOMPI o la cuenta @amalia_Toledo
Para más información sobre estos temas consulta:
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Curso de Internet Activa, titulado “ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina”, elaborado por los equipos de Creative Commons de Colombia, Uruguay y El Salvador. ¡Los invitamos a seguirlo, compartirlo y aprender con nosotros!
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Petición ciudadana a la DNDA firmada por 359 personas, solicitando que Colombia apoye un instrumento jurídico vinculante en favor de bibliotecas y archivos
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Comentarios entregados por Karisma a la DNDA para la reunión de abril, SCCR27.
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Petición presentada por Karisma a la DNDA con ocasión de la reunión de julio, SCCR28
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Recuentos anteriores de lo sucedido en el SCCR28: en los primeros días y jueves 3 de julio
Imagen: Por Microlito CC BY
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