La Corporación Cívica de Caldas (CCC) conoció el proceso de adquisición de drones que viene adelantando la Secretaría de Gobierno de Manizales, con el fin de usarlos para fines de vigilancia y seguridad en la ciudad.
La Fundación Karisma trabaja en las implicaciones de la tecnología en el goce de derechos humanos. El proceso de adquisición de drones ha despertado la preocupación de la Fundación, especialmente por el derecho a la intimidad y habeas data de las personas que puedan ser objeto de esta medida de vigilancia.
En consecuencia, ambas organizaciones le solicitan a esta entidad que suspenda la compra y uso de estos vehículos no tripulados, al menos hasta que se aclare y discuta públicamente el marco normativo sobre el cual la administración municipal y la fuerza pública podrían llegar a usarlos. El uso de drones para vigilancia no puede ser determinado arbitrariamente por las autoridades de gobierno y de policía. Una medida de vigilancia tiene que provenir de una discusión pública, abierta y participativa en la que se determine exactamente (1) el fin que se busca con ellla, (2) que no existe una mejor alternativa para cumplir ese fin y (3) que está implementada de forma tal que no genera más problemas que los que pretende solucionar. No basta con invocar la seguridad para incrementar las medidas de vigilancia.
Para la CCC y Fundación Karisma, no es claro el marco legal del uso de drones para vigilancia, pues no existe una norma general que establezca modos de uso, restricciones y parámetros de responsabilidad para los funcionarios que los operen. El hecho de que no se tenga claridad sobre el marco legal de uso, deja vacíos jurídicos que ponen en riesgo derechos fundamentales de los manizaleños y manizaleñas.
Primero, sin regulación clara el derecho a la intimidad se ve seriamente amenazado con el uso de drones. No se conocería cuáles son los espacios, los horarios o los modos permitidos para operar los drones. Es decir que tampoco se contarían con restricciones precisas para que los operarios no transgredan espacios privados (viviendas, patios traseros o delanteros, espacios privados abiertos, establecimientos públicos abiertos) ni transgredan situaciones en las que la intimidad debe protegerse aún en espacios públicos (actividades de reunión y de protesta, por ejemplo).
Segundo, no estarían garantizados a cabalidad las acciones ni los procedimientos de control contra operarios que puedan llegar a abusar del uso de los drones. De un lado, no se contarían con mecanismos de identificación de los drones públicos de vigilancia ni de los funcionarios que los operan. Los drones permiten niveles altos de anonimato de quien los opera, por lo tanto se requieren medidas concretas de identificación y control de los responsables. Por otro lado, no se conocerían cuáles son las faltas ni los procedimientos con los cuales los ciudadanos podrían reclamar o exigir sanciones por un mal uso.
Tercero, tampoco existiría claridad sobre el alcance legal de las imágenes y los datos captados por los drones. No habría certeza sobre su uso dentro investigaciones criminales o procesos judiciales y mucho menos sobre la posibilidad de oponerse a ellas cuando hayan sido producto de un mal uso de los drones. Tampoco hay claridad sobre quién almacenaría esa información, por cuánto tiempo, qué autoridades tienen acceso a esa información, bajo qué justificaciones se permitiría ese acceso y qué procedimientos de eliminación se implementarían para hacer efectivas estas garantías.
La CCC ha presentado una solicitud de información a la Secretaría de Gobierno de Manizales con el fin de conocer más detalles, pero a su vez ha elevado una consulta ante el Ministerio de Defensa Nacional con el fin de que se aclare el marco normativo del uso de estos drones de vigilancia. En todo caso, debe haber un debate público sobre la necesidad de esta medida, sobre las alternativas menos lesivas para los derechos de las personas y los límites y alcances de ella.
Para la CCC y Fundación Karisma la seguridad de Manizales y de Caldas es una valor fundamental para la garantía de los demás derechos de los ciudadanos y ciudadanos, sin embargo considera que la implementación de este tipo de medidas requiere claridad normativa y una discusión pública que garantice la confianza y el respeto de esos mismos derechos fundamentales.
NOTA ACLARATORIA: Después de publicarse este comunicado, el Secretario de Gobierno de Manizales aclaró que hasta la fecha el municipio de Manizales no ha comprado ningún dron para las funciones de vigilancia y seguridad. En esa medida, teniendo en cuenta las manifestaciones públicas del Secretario que demuestran su interés en comprarlos, la Corporación Cívica de Caldas reafirma su petición para que la administración se abstenga de cualquier compra hasta que se resuelvan los vacíos jurídicos y hasta que se garantice una discusión pública.
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