Comunicado de prensa
Bogotá, Mayo 2015
La regulación de inteligencia en Colombia se raja en los Derechos Humanos
En la actualidad, cada vez los Estados cuentan con más medios tecnológicos para vigilar las comunicaciones de las personas debido a los constantes avances. Ahora más que nunca cuentan con una mayor capacidad para realizar vigilancia simultánea, invasiva, focalizada y de larga escala. Esto plantea un riesgo para distintos derechos reconocidos en las constituciones de los Estados y en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por ellos.
Así lo indica el informe “Vigilancia de las comunicaciones por la autoridad y protección de los derechos fundamentales en Colombia” elaborado por Katitza Rodriguez, directora internacional de derechos humanos de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el abogado colombiano Juan Camilo Rivera, quienes señalan cómo la regulación de inteligencia en Colombia se está rajando en el tema de Derechos Humanos.
El informe es el resultado de una investigación realizada por la Electronic Frontier Foundation, la Comisión Colombiana de Juristas, y la Fundación Karisma, el cual será publicado simultáneamente en sus páginas web el próximo 22 de mayo. En el análisis que ofrece el informe, se establece cómo en Colombia no hay suficientes garantías legales que permitan proteger los derechos fundamentales en el ejercicio de actividades de vigilancia estatal.
El documento hace parte de una iniciativa global liderada por 350 organizaciones de la sociedad civil, que fue originalmente materializada en los 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones, citados en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la privacidad en la era digital y en el informe de privacidad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es hora de asegurarnos de que los Estados, al conducir las actividades de vigilancia, cumplan con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos”, afirma Katitza Rodriguez de la EFF. “El informe recomienda medidas legales, garantista de un Estado de Derecho, donde la vigilancia masiva y descontrolada a personas inocentes no tiene lugar”, enfatizó la experta.
Mateo Gómez, de la Comisión Colombiana de Juristas, mencionó que las recomendaciones del informe “urgen a las instancias de control de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Congreso colombiano, no solo a que verifiquen que labores de vigilancia persigan fines legítimos, sino a que además se corrobore que estas sean necesarias, idóneas y proporcionales.”
El documento hace una descripción de la forma en que se afectan los derechos fundamentales en nuestro país, como cuando se les ordena a los operadores de servicios de comunicaciones, tales como Claro o ETB, a retener obligatoriamente datos de los consumidores por un período mínimo de 5 años. Un plazo exagerado desde todo punto de vista si se considera que la Corte Europea de Justicia (CEJ) declaró inválida la directiva que establecía la obligación de retener datos por un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años.
El informe hace un llamado a establecer garantías legales frente a la vigilancia masiva, teniendo en cuenta escándalos recientes en Colombia; Carolina Botero, mencionó que “Los cambios que se hicieron después de las chuzadas del DAS no evitaron los cuestionamientos a PUMA, ni nos permitieron saber qué pasó realmente en Andrómeda. Eso sí, demostraron que la seguridad nacional se persigue con una exacerbada vigilancia llena de cámaras de seguridad, información biométrica, monitoreo de comunicaciones y recopilación de datos para saberlo todo de todos, sin contrapesos.”
La socialización de este trabajo se realizará ante las principales instituciones públicas que tienen a su cargo la regulación, ejercicio o control de la vigilancia de las comunicaciones el 22 de mayo por sus autores, contando con la presencia de Katitza Rodríguez de la Electronic Frontier Foundation.
Para más información o entrevistas, comuníquese al correo comunicaciones@karisma.org.co o directamente con Diego Caballero, de la Fundación Karisma al correo: dcaballero@karisma.org.co o al 3123397969
*Electronic Frontier Foundation (EFF) es una organización internacional sin ánimo de lucro que aboga por los derechos y libertades fundamentales en el entorno digital. EFF apoya la innovación jurídica a través del litigio estratégico, el análisis de políticas públicas, el activismo y el desarrollo de herramientas pro-privacidad. EFF trabaja para asegurar que los derechos y libertades se vean reforzados y protegidos a medida que crece el uso de la tecnología. EFF opera desde San Francisco, California, Estados Unidos, tiene miembros en más de 90 países y cuenta con más de 26,000 donantes a nivel mundial.
*Comisión Colombiana de Juristas es una organización no gubernamental que busca por medios jurídicos, y de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario, entendidos de manera indivisible e interdependiente, y propende también por el desarrollo de normas, mecanismos e instituciones de carácter internacional que protejan los derechos humanos en el mundo entero. Concebimos los derechos humanos como un valor en sí, que no puede estar supeditado a otros propósitos.
*Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar y difundir el buen uso de las tecnologías en los entornos digitales, en procesos sociales y en las políticas públicas colombianas y de la región, desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos humanos. Durante nuestra trayectoria hemos mantenido un interés constante en la convergencia de las TIC y el derecho, y en la promoción y participación ciudadana en relación con estos temas.
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