Por Luisa Parra
Después de que se aprobara la reforma tributaria de 2016, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2150 de 2017, que plantea una modificación sustancial al régimen tributario especial aplicable a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). Dicha actualización se justifica con la necesidad de evitar la falta de transparencia por parte de personas jurídicas y naturales que utilizan de manera inadecuada la figura, el análisis pareciera reducirse a que las ESAL “son entidades propensas a engañar, ocultar información y cometer actos corruptos”, como lo han señalado diversas organizaciones.
Con este Decreto se imponen requisitos mucho más estrictos para garantizar transparencia por parte de las ESAL. Por ejemplo, impone que realicen un registro de su sitio web en la plataforma de la DIAN, donde especifiquen los datos de los fundadores, miembros, órganos de dirección, estados financieros, reportes anuales con todos los proyectos ejecutados, identificación de los donantes, monto de las donaciones y declaraciones de renta, entre otros.
Aunque es cierto que las ESAL han sido instrumentalizadas por quienes cometen actos de corrupción aprovechando las ventajas fiscales, generalizar es siempre una solución facilista y desconoce, en este caso, la importancia de estas entidades en el contexto social colombiano. La reforma se presenta también como una forma de ponerse al día con la utilización de tecnologías.
En Fundación Karisma estamos convencidos que tanto la transparencia como el propósito de hacer más fácil los trámites para los usuarios son objetivos válidos y deben ser apoyados. Así por ejemplo, Fundación Karisma desde hace ya algunos años está haciendo ejercicios de transparencia para publicar sus informes de gestión anuales donde se dan a conocer los datos que la DIAN ahora pide a todas las ESAL. Entendemos y apoyamos estos ejercicios que permiten a cualquier persona analizar posibles conflictos de interés y entender desde dónde habla quien habla, por ejemplo.
A pesar de lo anterior hacer exigencias demasiado onerosas para todas las ESAL es una forma de desconocer la realidad y las limitaciones que algunas de estas organizaciones tienen y que pueden llevarlas a la desaparición. Esa dificultad se expresa en la imposibilidad de contratar asesoría jurídica, financiera, técnica y contable porque, por ejemplo, muchas de ellas no administran fondos suficientes para asumir la carga administrativa correspondiente.
Consideramos que se requiere una reforma que distinga entre pequeñas, medianas y grandes ESAL. La capacidad, estructura, organización y recursos de las ESAL debe ser proporcional a la carga administrativa que deban asumir. Si lo que se busca frenar es el fraude económico, las obligaciones deben estar alineadas con la capacidad de gestión económica que las entidades tengan.
En esa medida, Fundación Karisma considera que el Decreto en aras de avanzar en temas de transparencia, se convertirá realmente en una barrera que promueve la informalidad e incluso la extinción de las pequeñas ESAL, simplemente porque la norma no resulta balanceada y adecuada a las necesidades de las organizaciones según sus diferentes tamaños. Fundación Karisma también considera que, si se trata de perseguir a quienes hacen mal uso de esta figura legal, lo que el Estado debería hacer es controlar a quienes actúen de mala fe y no aplicar una reglamentación desproporcionada para todas.
Con fundamento en lo anterior, Fundación Karisma mantiene su compromiso con la transparencia. Hacemos un llamado a la DIAN a racionalizar las obligaciones que están resultando bastante complejas para todas las ESAL –aunque está dispuesta a cumplir con los requisitos en ese sentido porque cuenta con la capacidad administrativa para hacerlo– y, sobre todo reconociendo que algunos han estimado que las pequeñas ESAL pueden llegar a representar más del 80% del sector, solicita que el Decreto 2150 sea repensado para las pequeñas ESAL porque sobrepasa su capacidad de dar cumplimiento a lo estipulado.
En este contexto, Fundación Karisma apoya a la Unidad Nacional de Artistas (UNA) que junto a otras 269 organizaciones interesadas en la participación ciudadana en ese tema y preocupadas por las implicaciones del articulado, radicaron ante el Ministerio de Hacienda una carta donde explican la situación del sector cultural, muestran que el cumplimiento del Decreto 2150 puede generar graves perjuicios al sector y solicitan que se suspenda la entrada en vigencia del Decreto para que se fomente un diálogo real y efectivo con los sectores interesados. También pide la UNA que, a partir de dicha discusión, se establezca una reglamentación que tenga en cuenta los acuerdos que surjan de la discusión entre el Gobierno y la sociedad civil.
Desde Fundación Karisma nos sumamos a las voces de las ESAL que solicitan una reglamentación balanceada.
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