[Debate regional]
El 3 de Julio de 2012, Access (movimiento mundial que trabaja bajo la premisa de que la participación política y el cumplimiento de los derechos humanos en el siglo XXI dependen, cada vez más, del acceso a Internet y otras formas de tecnología) advirtió sobre un peligroso objetivo de la ley que propone nuevos delitos informáticos, a su paso por el congreso peruano.
Hoy compartimos el comunicado que han publicado en su página web al respecto de este tema y la carta abierta que han escrito para los congresistas peruanos, junto con 15 organizaciones internacionales (entre las que se encuentra Fundación Karisma, representada por Carolina Botero).
Comunicado:
A principios de este mes, Acceso advirtió sobre un peligroso proposito de la ley, que propone nuevos delitos informáticos, a su paso por el Congreso peruano. Como escribimos anteriormente, la propuesta haría “modificar el Código Penal del país mediante la introducción de nuevos delitos relacionados con el uso de la tecnología de información y la comunicación. La propuesta tiene por objeto garantizar los peruanos a su ‘derecho al desarrollo.” Sin embargo, es difícil ver cómo el proyecto de ley ayudaría al ciudadano medio o de su desarrollo, en términos económicos, políticos, sociales o legales.”
Entre otros asuntos, el proyecto de ley de delitos informáticos eliminaría el anonimato en línea, haría que las empresas cumple con las peticiones gubernamentales sobre los datos del usuario, y amenazaría a los usuarios de Internet con el riesgo de prisión por sus actividades en línea.
En respuesta, Access, en colaboración con otras 15 organizaciones de todo el mundo (véase la lista completa de los firmantes abajo), ha escrito una carta abierta a los miembros del Congreso de Perú.
Debido a la falta de transparencia en el proyecto de ley, todavía no está claro exactamente cuando la Asamblea Plenaria celebrará su votación final. Sin embargo, el Congreso acaba de regresar de su receso, y esta legislación podría ser debatido tan pronto como esta semana. El sistema legislativo unicameral del Perú permite que un proyecto de ley se convierta en ley muy pronto, por lo que es importante para frenar el avance de este proyecto de ley y se abre aún más el debate entre todas las partes interesadas que puedan verse afectados.
Como dice la carta, “la modificación del Código Penal requiere particular atención y cuidado, toda vez que el derecho penal es el recurso más extremo del ordenamiento jurídico y conlleva la posibilidad cierta de privar de la libertad a ciudadanos. Por ese motivo, la creación de nuevos tipos penales que no sean lo suficientemente claros y restrictivos en su aplicación pueden afectar los derechos constitucionales de los ciudadanos a la legalidad, el debido proceso, la privacidad y la libertad de expresión, entre otros.”
A principios de este mes Perú patrocinó y apoyó Resolución 20/8 del Consejo de Derechos Humanos que establece que los derechos de las personas deben ser protegidos en línea tan vigilante como lo son en el mundo físico, “haciendo hincapié en su compromiso de respetar plenamente los derechos humanos en Internet.” En su actual forma, sin embargo, el proyecto de ley de delitos informáticos no conforma con este compromiso.
Como se explica en la carta, teniendo en un tema tan complejo que afecta a millones de usuarios de Internet sin mantener un diálogo abierto con todas las partes interesadas podría poner a los ciudadanos en situación de riesgo aún mayor que la que se encuentra actualmente sin regulación adicional. El Internet es demasiado importante como un habilitador de la libertad de expresión, el acceso a la información, y otros derechos para hacer decisiones regulatorias apresuradas o la sociedad civil se unan a no permitir el debate.
En un esfuerzo por iniciar esta importante diálogo, la carta llama la atención sobre una serie de problemas, incluyendo la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos a la privacidad y al debido proceso tanto dentro como fuera de línea, la importancia de la coherencia en la criminalización y el grado de castigo por actividades, independientemente de si la tecnología se utiliza, y la necesidad de un lenguaje claro y construcción estrecha de los delitos que se evite la duplicación de la regulación de los delitos que pueden ser combatidos por otros medios.
Para leer el texto completo haga clic aquí.
Hasta ahora, la carta ha sido firmada por el texto siguiente:
Organizaciones del Región
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Colnodo – Colombia
EsLaRed – Venezuela
IdentidadRobada.Com – Argentina
Instituto Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação (NUPEF) – Brasil
ONG Derechos Digitales – Chile
Organizaciones internacionales
Access
Association for Progressive Communications (APC)
Foundation for Media Alternatives
Human Rights Foundation
Individuos
Renata Avila
Abogada e Investigadora – Guatemala
Eduardo Bertoni
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información
Universidad de Palermo – Argentina
Carolina Botero
Fundación Karisma – Colombia
Alberto Cerda Silva
Profesor Asistente de Derecho Informático
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Hiram Melendez Juarbe
Catedrático Asociado
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
León Felipe Sánchez
Abogado – Mexico
< Imagen original tomada del Flickr Congreso de la República del Perú CC (BY) >
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