La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI celebra esta semana una nueva reunión del Comité Permanente sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos SCCR27, en donde se discutirá un tema fundamental para el acceso a la educación en Colombia: las bibliotecas y los archivos.
Discutirán sobre la creación de un instrumento jurídico para que las bibliotecas y los archivos puedan cumplir con su misión de brindar acceso a la educación, a la información, a la ciencia y a la cultura, y de preservar el patrimonio cultural, con plena seguridad jurídica. Toda vez que en muchos países, incluyendo en Colombia, no hay unas garantías mínimas que le permitan a las bibliotecas y a los archivos realizar actividades tan inherentes a su labor como el préstamo público de obras, y a su vez, existen otras restricciones como los dispositivos que impiden o controlan el acceso, copia o reutilización de ciertas obras y de adquirir obras en el exterior (que incluso no pueden conseguirse en el país).
De Colombia estaremos en Ginebra -Suiza-, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) como órgano técnico del gobierno en esta discusión y nosotros, la Fundación Karisma como organización de la sociedad civil, que ha llevado a las discusiones de la OMPI las preocupaciones de las usuarias y usuarios de las bibliotecas y archivos del país, en razón a la protección desequilibrada en el sistema de derecho de autor local.
¿Cuál es la posición del gobierno de Colombia?
La iniciativa de pedir que se acuerden unos derechos mínimos para las bibliotecas y los archivos dentro de los sistemas de derecho de autor locales nació de los países africanos en 2011. Estos países veían como por décadas se viene incrementando la protección a favor de los titulares mientras que los equilibrios del derecho de autor quedan a merced de la voluntad política, la cual aparece en los países desarrollados y no se materializa en los países en desarrollo. En ese mismo año Brasil, Ecuador y Uruguay siguiendo similares motivaciones presentaron propuestas complementarias apoyándose en unos documentos de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Como reacción a estas propuestas, que son bastante favorables a las bibliotecas y buscan crear un marco positivo para el acceso al conocimiento y disfrute de la cultura, EE.UU. presentó comentarios que tienen un tinte más de la industria editorial y entre los cuales argumentan, por ejemplo, que no es necesario comprometer a los países con tratados, basta con unas recomendaciones que los países quedan en libertad de acoger o desconocer.
En la última reunión de la SCCR en diciembre pasado, Colombia afirmó que apoyaba la propuesta de negociar un tratado y en general apoyaba los requerimientos de las bibliotecas haciendo tan solo un comentario menor. Sin embargo, durante una reunión convocada por la DNDA para informar sobre las discusiones programadas del SCCR27 parece que Colombia llegará a Suiza con la balanza inclinada hacia la propuesta de los Estados Unidos de crear un “marco” de principios y objetivos mínimos para ayudar a las legislaciones nacionales en el establecimiento de garantías a los derechos humanos (que se refleja en limitaciones y excepciones), en lugar de un tratado jurídicamente vinculante (como lo proponen Brasil, Ecuador y Uruguay) que fue su apuesta en diciembre.
¿Qué significa esto?
Resulta preocupante que la posición de Colombia cambie para alinearse con la de EE.UU. y no con la de países más cercanos (como Brasil, Ecuador o Uruguay que son del GRULAC, del que Colombia también es parte), pero es preocupante también que no esté claro cómo se forma esa posición. La DNDA escasamente informa sobre estos procesos, no ha generado mecanismos de amplia participación, presencial o remota, para construir la posición del gobierno que facilitaría que las bibliotecas y archivos cumplan con su misión y aprovechen las oportunidades que las TIC han creado para que la cultura sea cada vez más cercana y accesible a todas y todos.
¡Derechos de autor para todas y todos!
En diciembre de 2013, con motivo de la sesión SCCR26 en la que participó Colombia, un grupo de ciudadanos y ciudadanas interesados en las bibliotecas y archivos, divulgaron por Internet una petición a la DNDA que circuló bajo el lema “Derechos de autor para todas y todos” y cuyo mensaje fue transmitido por Amalia Toledo a la plenaria de la SCCR26.
Teniendo esto en cuenta, queda pendiente cómo justificará la DNDA el aparente cambio de opinión a las 359 personas que firmaron la petición, solicitando que Colombia apoyará un instrumento jurídico vinculante en favor de bibliotecas y archivos y que creyeron haber sido escuchadas.
Amalia Toledo, que estará en Ginebra representando a la Fundación Karisma afirma que “la participación de la sociedad civil es una labor de veeduría en torno a las discusiones y decisiones que se desarrollan a nivel internacional, en cuanto afectan directamente el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos”, con este fin Amalia reportará desde Ginebra por twitter con #ColOMPI en tiempo real.
Comentarios sobre la reunión convocada por la DNDA con motivo de la SCCR27
Con motivo de la reunión de esta semana, la DNDA convocó a una reunión el pasado 21 de abril. Tras haber asistido a la reunión, desde la Fundación Karisma enviamos algunos comentarios que aunque no son sustanciales sobre el tema que nos ocupa, consideramos que son igualmente importantes en el desarrollo de la política pública que la DNDA viene liderando.
Los comentarios entregados por Karisma a la DNDA están disponibles aquí.
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Nota: Estamos trabajando para que todos los interesados en la defensa de Internet Libre puedan aprender, complementar y compartir el segundo curso de INTERNET ACTIVA, titulado “ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina” que también hará parte de la plataforma mundial School of Open que lideran Creative Commons y P2PU. ¡Muy pronto, por Internet Activa!
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