Desde Fundación Karisma vemos las tecnologías como oportunidades y retos para una sociedad con justicia social y de género. Esto se refleja en el reporte que presentamos junto a otras 10 organizaciones latinoamericanas (agrupadas en el consorcio Al Sur) para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señalando cómo unas tecnologías han facilitado y otras afectado el ejercicio de los derechos humanos en el contexto reuniones y protestas pacíficas. El documento cuenta con múltiples ejemplos de la región y nosotros colaboramos reportando varias tecnologías que se han utilizado para poner en riesgo los derechos humanos y la construcción de una sociedad más participativa.
Entre los casos que presentamos están las chuzadas del DAS y la tradición de las fuerzas del Estado de interceptar las comunicaciones de la oposición, las organizaciones sociales y las personas que lideran procesos comunitarios. Así mismo, reportamos la situación de compra de tecnologías de reconocimiento facial desde 2016 a varias multinacionales para poder identificar personas en sistemas de videovigilancia públicos y privados, el sistema de transporte y en controles policiales. Estos sistemas siguen siendo un proyecto, pero son síntomas de la incapacidad institucional de solucionar problemas estructurales y del afán punitivo de ver la seguridad en la vigilancia de la ciudadanía. Otro caso que reportamos fue el Código de Policía que define el espectro electromagnético (por donde viajan nuestras comunicaciones) como un espacio público que puede ser vigilado por las fuerzas del Estado.
Para una próxima oportunidad, nos gustaría contar con sus aportes especialmente en el uso de nuevas tecnologías para facilitar la protesta social y los movimientos colectivos por la justicia social y los derechos humanos.
Descarga el informe completo en inglés en este link.
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