Quienes desarrollan herramientas de cifrado, programas que ayudan a mantener la privacidad y, en general, herramientas para mejorar la seguridad digital juegan un papel fundamental en la defensa y el ejercicio de la libertad de expresión. Sin estas herramientas, ejercer el derecho a comunicarnos de forma segura y privada no sería posible, como tampoco acceder o difundir información de forma anónima, realizar denuncias en medio de regímenes totalitarios o contra quienes ostentan algún tipo de poder.
La libertad de expresión está íntimamente ligada con el derecho a la intimidad. La libertad de expresión requiere no solo de periodistas y medios donde se divulgue información, sino de estas personas que desarrollan los medios para que la comunicación se dé. Los hackers son un eslabón importante de esta cadena, no podemos permitirnos la estigmatización que se está naturalizando, Ola Bini merece un trato garantista, los “presuntos” y “supuestos” son demasiados en este caso, tenemos que reclamar el debido proceso. Ola Bini no puede ser condenado simplemente por su profesión. Cacería de hackers, el caso de Ola Bini
Desde la Fundación Karisma, rechazamos las irregularidades en el proceso y lamentamos, que ahora que se han cumplido 120 días de instrucción fiscal, existan más vacíos que certezas frente al caso. Es grave y repudiable que tras las acusaciones realizadas contra el activista por supuestas vulneraciones a sistemas informáticos no hayan sido presentadas pruebas o evidencias vinculantes, lo que muestra que han estado detrás de una persona y no de un delito.
Conoce el comunicado que junto a otras organizaciones de América Latina, publicamos contra la persecución política a Ola Bini.
Ola Bini es un reconocido activista por el software libre y experto en seguridad digital. Desde el 11 de abril de 2019 se encuentra sujeto a un proceso judicial en Ecuador, acusado de haber vulnerado sistemas informáticos. Tal proceso, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por la multiplicidad de irregularidades cometidas y por estar bajo un sinnúmero de presiones políticas.
El primer elemento ha sido confirmado por el Habeas Corpusotorgado en junio pasado por parte del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha y por las expresiones oportunamente realizadas por las Relatorías Especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[1][2]
Por su parte, la Misión Internacional de la Electronic Frontier Foundation(EFF) enviada recientemente a Ecuador, tras conversar sobre esta situación con políticos, académicos y periodistas de distintas tendencias, ha concluido que la motivación tras el caso de Ola Bini es política, no criminal.[3]De hecho, todavía se desconoce cuáles son los sistemas informáticos de cuya vulneración se le acusó en un principio.
Junto con ello, una serie de hechos recientes han encendido nuevas alertas. En primer lugar, la vinculación de una nueva persona a la causa por el sólo hecho de mantener un vínculo profesional con Bini y a pesar de que en la audiencia respectiva no se presentaron los elementos jurídicos necesarios para cumplir con dicho trámite. Además,el Fiscal a cargo de la acusación decidió abrir dos nuevas líneas de investigación contra Ola Bini: por “defraudación fiscal”y “tráfico de influencias”. De tal forma, la fiscalía ahora se propone investigar por hasta el plazo de 2 años más al activista.
Esta última decisión sugiere que no se cuentan con pruebas que sustenten las acusaciones originalmente realizadas contra Bini y que la atención de la justicia y el gobierno ecuatoriano no está puesta en un delito, sino en una persona. Esto nos lleva a confirmar el temor expresado por algunas organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos en internet que desde el momento de la detención de Ola Bini alertaron sobre la espiral de persecución política contra un activista de renombre internacional, cuyo trabajo es globalmente reconocido por la protección de la privacidad.
Considerando lo expresado más arriba y las conversaciones mantenidas en el marco del XII Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe(LACIGF por sus siglas en inglés), los abajo firmantes rechazamos el escenario persecutorio montado contra Bini, demandamos que se respete el debido proceso por parte de todas las funciones del Estado e instamos a que los actores políticos dejen de interferir en la justicia.
Asociación para el Progreso de la Comunicaciones
Electronic Frontier Foundation
[1]https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/20/tribunal-de-ecuador-acepta-recurso-de-habeas-corpus-para-ola-bini/
[2]https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/15/nota/7287350/relatorias-onu-oea-cuestionan-detencion-ola-bini
[3]https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/ecuador-political-actors-must-step-away-ola-binis-case
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