El pasado mes de junio se dio por terminada la primera legislatura del Congreso 2014-2018 y, en relación con nuestros derechos en el entorno digital y las telecomunicaciones, el balance no es muy positivo. En lo corrido del año la atención legislativa se centró en la reforma a la justicia, el equilibrio de poderes, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma tributaria. Los pocos proyectos de ley que abordaban los temas que analizamos aquí, fueron archivados en su mayoría y, solo unos pocos lograron seguir su camino. Estos serán debatidos en la legislatura 2015-2016, que inició el 20 de julio.
Algunos proyectos fueron retirados por los congresistas, como el proyecto que buscaba regularizar Uber, en cabeza del Senador Andrés Zuccardi, y la promoción y el fomento del software colombiano por parte del Senador Jimmy Chamorro. Otros proyectos, en cambio, estuvieron en la lista de proyectos presentados hace un año, pero no obtuvieron ni un debate al interior del Congreso y su destino no fue otro que el de ser archivados. Entre estos están el proyecto de alfabetización digital a personas mayores de 40 años, la prohibición de discursos de odio, la implementación de sistemas biométricos en aeropuertos y terminales de transporte y, la modificación de la ley de derecho de autor en relación con los contratos de edición musical.
Pese a la falta de atención, algunas iniciativas siguieron en pie y aseguraron su permanencia, al menos, por lo que resta del año 2015. Entre las sobrevivientes, se encuentra la iniciativa de amnistía a emisoras comunitarias, indígenas y de interés público, la creación de una presunción legal como donante de órganos para todos los colombianos, y el controversial proyecto de código nacional de policía.
Entre los nuevos proyectos tenemos tres que buscan regular la televisión y los medios audiovisuales. Por una lado, la iniciativa presentada por la Senadora María del Socorro Guerra para redefinir la política pública de televisión, además el proyecto que busca reglamentar el servicio público de televisión comunitaria, y en tercer lugar, uno que ya ha causado controversia y busca regular las comunicaciones audiovisuales, es decir, que las plataformas que ofrezcan servicios de transmisión de contenidos audiovisuales por Internet (como Netflix) paguen una prestación económica. Según la exposición de motivos del proyecto, estos servicios presentan una “desventaja competitiva a los operadores formales de TV por suscripción”, lo que hace que deba expedirse una reglamentación al respecto. Por último, conocimos una iniciativa presentada hace pocos días por el Senador Luis Fernando Velasco para modificar la Ley de Habeas Data en lo relacionado con la permanencia de los datos negativos o desfavorables en las bases de datos.
Entre varios puntos que contiene este proyecto, se ha planteado la facultad que podría tener la Policía Nacional para ingresar a las casas sin ningún tipo de orden judicial, y el poder detener a las personas bajo el criterio de que se encuentren en un “estado alterado de conciencia”. El proyecto ha recibido varias críticas por quienes consideran que es algo ambiguo que puede prestarse para arbitrariedades.
Para la Fundación Karisma, el Título IV resulta especialmente relevante, ya que podría tener una afectación directa en la manera en la que nos relacionamos en el entorno digital. Este apartado busca reglamentar “la tranquilidad y las relaciones repestuosas” bajo el argumento de que “el derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas” (artículo 34). Con ese propósito, la norma define qué se entenderá por privacidad, y qué se considera un lugar privado.
Esta iniciativa lleva dos debates en el Congreso y, la Comisión Primera del Senado aprobó un nuevo texto en el cual se eliminó una lista taxativa de conductas que, por afectar la privacidad, no debían efectuarse, so pena de una sanción. Dentro de las conductas eliminadas del proyecto se encontraba el uso de dispositivos y documentos electrónicos, que sin embargo no estarían prohibidas cuando fueran realizadas por autoridades en ejercicio de sus funciones tales como registros postales, fotográficos, de video o de voz. Por fortuna, ya no hacen parte del proyecto, ya que estas situaciones tornaría en inoperante la protección a la intimidad de la ciudadanía colombiana al otorgar una autorización legal tan amplia a la Policía.
Por último…
Hay un par de iniciativas que no involucran nuestros derechos en el entorno digital y las telecomunicaciones, pero que regulan la manera en que la ciudadanía y los/as congresistas interactúan, motivo por el que nos parece pertinente contarles sobre ellas. Por un lado, un proyecto de ley sobre transparencia en el Congreso, y otro de cabildeo o “lobby”. El primero, que aún sigue en curso, pretende regular la manera en que las y los congresistas rinden cuentas a la ciudadanía. El segundo, que se archivó, buscaba crear un registro electrónico con los cabildantes (personas, organizaciones, corporaciones, etc.) que promueven y defienden la presentación y trámite de proyectos de ley en el Congreso que afectan sus intereses.
Una vez más evidenciamos que poco o nada se incentiva la discusión, o se despierta el interés de estos temas en el Capitolio Nacional. Desde que iniciamos este proyecto de monitoreo al Congreso, evidenciamos un círculo repetitivo en el que proyectos similares se presentan, nunca se discuten y luego se archivan. Los proyectos de ley han abordado los temas relacionados con los entornos digitales desde un enfoque de alfabetización digital o en asuntos de infraestructura.
El 20 de julio se reactivaron las actividades en el Congreso. Esperamos que en esta nueva legislatura, Internet sea considerado y analizado como un espacio para el ejercicio de derechos humanos.
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