El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevó a cabo el octavo examen periódico a Colombia sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su sesión 138ª, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2023. Producto de la revisión, el pasado 26 de julio de 2023 publicó sus observaciones finales y recomendaciones.
Resaltamos que el Comité hizo un llamado al Estado para que se respete el derecho a la vida privada de las personas, a raíz de las denuncias de actividades ilegales de vigilancia en contra de defensores de derechos humanos y de periodistas y el monitoreo de las redes sociales por parte del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad en el contexto de protestas sociales. También lamentó que el Estado no hubiera dado información sobre esas denuncias.
El Comité pidió al Estado que se asegurara que “todos los tipos de actividades de vigilancia, incluida la vigilancia online, o injerencias en la vida privada se ajusten plenamente al artículo 17 del Pacto, con pleno respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. El Estado parte debe garantizar, asimismo, que el tratamiento y la recopilación de datos personales estén sujetos a la transparencia y a la supervisión efectiva de mecanismos independientes y que se disponga de acceso a recursos efectivos en los casos de abuso” (par. 30 y 31).
En la reforma del sector de seguridad, pidió que la nueva política de seguridad humana, con base en indicadores medibles y objetivos, contemple la inclusión de los enfoques diferenciales, de género y étnico, para cambiar sustancialmente las doctrinas militar y policial y se asegure la participación de las comunidades en la identificación de sus necesidades de seguridad (par. 17).
Sobre la libertad de expresión y protección de personas defensoras de derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos medioambientales y de los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes, líderes sociales, comunales, autoridades indígenas y afrodescendientes, y periodistas, pidió al Estado garantizarles asistencia y protección efectivas (colectivas y/o cautelares) cuando sean víctimas de amenazas, violencia e intimidación y que obtengan una reparación integral (par. 35).
El Comité manifestó su preocupación por denuncias de acciones y/u omisiones de agentes del Estado incompatibles con el derecho de reunión pacífica en el marco del paro nacional de 2021, incluidos los casos de personas que fueron procesadas penalmente con posterioridad a las protestas por presuntos hechos de violencia cometidos mediante la utilización del tipo penal de terrorismo y de concierto para delinquir, sin que las investigaciones hayan avanzado. Entre otras, pidió continuar y profundizar la reforma al ESMAD y del uso de la fuerza en el contexto de las protestas, con la plena participación de la sociedad civil y las víctimas. También exigió que toda restricción de la libertad de reunión, como la imposición de sanciones administrativas o penales a las personas que ejerzan ese derecho, se ajuste a los estrictos requisitos del artículo 21 del Pacto (par. 37).
Finalmente, anotó que la necesidad de hacer esfuerzos por erradicar la violencia de género, asignando los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de actos de violencia contra las mujeres y niñas (par. 13) y de tomar medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de personas que viven en zonas remotas, implantando o fortaleciendo la administración de justicia en dichas zonas mediante la creación de órganos jurisdiccionales con personal y medios materiales adecuados. Sobre el acceso a la justicia pidió “garantizar la aplicación de la excepcionalidad para la celebración de audiencias judiciales online en todos los casos necesarios para que queden salvaguardados los derechos, tanto de las personas acusadas como de las víctimas y/o familiares de las víctimas, en particular, en los casos donde la presencia física de alguna de las partes pondría en peligro su vida” (par. 29).
El llamado a cesar la vigilancia hace parte de uno de nuestros mayores esfuerzos de cara al Estado, desde hace más de 10 años. Aunque están en curso casos como el de Cajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el de Claudia Julieta Duque en la Corte Constitucional, aún no tenemos respuestas precisas. Queremos destacar la falta de investigación y reparación de lo sucedido durante las jornadas del paro nacional, especialmente la que ocurrió en mayo de 2021, en donde encontramos indicios de cortes de internet para contener la protesta en Cali.
Las recomendaciones también resultan de la mayor importancia mientras se discute la reforma a la Policía y al Esmad, en donde hemos recomendado que se hagan explícitas las tecnologías usadas por la fuerza pública en momentos de crisis social y mientras se siguen denunciando casos de violencia y amenaza en línea en contra de defensores de derechos humanos y de periodistas.
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