Para finales de febrero de 2022, se registraban 2.477.588 personas venezolanas residiendo en el Colombia, de las cuales, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 539 son solicitantes de refugio y 685 han sido reconocidas como refugiadas entre el 2017 y 2022.
Si bien en el último año Colombia adoptó los lineamientos para la construcción y orientación de una política migratoria (Ley 2136 de 2021) y creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos – ETPMV (Decreto 216 de 2021), estas medidas no han sido suficientes para garantizar el acceso a la protección internacional y la integración de las personas migrantes y refugiadas en Colombia.
De acuerdo con este contexto y a la luz de los avances que hemos alcanzado en el tema migratorio, recientemente, un grupo de incidencia conformado por personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, academia, así como expertas y expertos en los derechos de las personas migrantes y refugiadas construimos y entregamos a diferentes actores del gobierno el documento: Recomendaciones de la sociedad civil y la academia para la agenda migratoria del nuevo gobierno.
El propósito de nuestra comunicación es fortalecer la actual política migratoria y los programas existentes, y que el Estado colombiano continúe liderando el desarrollo de una gestión migratoria humana en el continente americano y a nivel internacional.
Nuestro compromiso, es acompañar al Gobierno entrante a asumir el tema migratorio de la mejor manera y no perder los esfuerzos que se han hecho con la transición actual. Aunque destacamos que las medidas vigentes son un avance, insistimos en que las mismas han carecido de acciones con enfoque diferencial para la atención y protección de esta población y no han tenido en cuenta el contexto de conflicto armado en Colombia.
Así pues, las más de 20 recomendaciones que dirigimos en este documento, también constituye un aporte de suma importancia para hacer frente al reto que mencionamos y para que el Gobierno entrante desarrolle e implemente una política pública integral e incluyente en materia de movilidad humana enfocada en la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, retornadas y apátridas.
Respecto a la protección de la privacidad y la seguridad de las personas, desde Fundación Karisma insistimos en la necesidad de establecer medidas respetuosas del uso de los datos de la población migrante y refugiada.
Nuestra propuesta es que se replanteen las medidas actuales para la recolección y el uso de datos biométricos (datos especialmente sensibles) de la población migrante y refugiada por parte de Migración Colombia, en la medida en que, por su situación de vulnerabilidad, les es imposible rehusar el consentimiento y hacer seguimientos o veedurías al uso, circulación y manejo de sus datos.
Este texto fue construido con base en el documento de recomendaciones que referenciamos.
A continuación puedes acceder a: Recomendaciones de la sociedad civil y la academia para la agenda migratoria del nuevo gobierno.
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