El 30 de junio de 2014 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) inició una nueva reunión del Comité Permanente sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos #SCCR28. Reunión que se extenderá hasta el 4 de julio. La agenda se enfocará en la discusión de dos temas: avanzar en un tratado de radiodifusión y, la discusión sobre excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos, y para centros de educación.
Colombia está representada, nuevamente, en Ginebra, Suiza; por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) -órgano técnico del gobierno en esta discusión-, la delegación permanente de Cancillería y nosotros, la Fundación Karisma, con la presencia de la abogada Amalia Toledo. Karisma asiste como organización de la sociedad civil, tal como lo ha hecho en las reuniones anteriores en diciembre 2013 y abril 2014, para presentar las preocupaciones de los usuarios de bibliotecas y archivos del país en razón a la protección desequilibrada en el sistema de derecho de autor local.
¿Qué ha pasado en los 3 primeros días?
La discusión empezó el lunes revisando el tema del Tratado de Radiodifusión que se extenderá hasta hoy. De lo avanzado hasta ahora se concluye que a pesar de la polémica en torno a la creación de más protección y derechos de autor, existe un importante impulso para avanzar en el tratado. Amalia Toledo indica que “es evidente por los debates recientes que falta acuerdo en lo sustantivo”. agregando “desde la sesión de diciembre de 2013, los Estados miembros han estado enfrascado en el tema del alcance del instrumento, en comprender qué se entiende por transimisión, retrasmisión, radiodifusores tradicionales, cabledifusores, etc”. La realidad es que la voluntad e interés político hacen pensar que la negociación va viento en popa, pero, ciertamente, el debate en la OMPI demuestra que la discusión técnica está lejos de tan siquiera considerar un consenso sobre aspectos básico de la propuesta.
En este tema, a diferencia de lo que venía pasando en reuniones anteriores, el SCCR28 está llevando a cabo discusiones oficiosas, o fuera del plenario, para avanzar. “Esta situación dejó a las ONG incapacitadas de informar o comunicar al público lo que se discuta, aunque tenemos acceso al audio de lo que discuten en una reunión pequeña, entre coordinadores de los grupos más 6 delegaciones, no hay contacto directo con la discusión”, agregó Toledo.
El cambio de la metodología, dicen, ayuda a avanzar en las discusiones, pero genera roces como el que se dio a raíz de la asistencia técnica de solo 3 radiodifusores durante la reunión oficiosa. La presencia de las 3 entidades sucedió a solicitud del presidente y fue cuestionada por Venezuela en términos de falta de transparencia en los criterios de selección de estos radiodifusores y lo improvisado de esa metodología.
“Los asistentes a la reunión, radiodifusores, titulares o sociedad civil, estamos siguiendo el audio de la discusión oficiosa desde fuera en la se puede participar a través de los delegados con preguntas o aclaraciones”, afirmó Amalia.
A partir de hoy comienza el debate sobre la creación de un instrumento jurídico para que las bibliotecas y los archivos puedan cumplir con su misión de brindar acceso a la educación, a la información, a la ciencia y a la cultura, y de preservar el patrimonio cultural, con plena seguridad jurídica. Vale la pena mencionar que, en relación con este tema, el representante de la Unión Europea enfatizó que “La Union Europea y sus Estados miembros creen que el marco legal existente de derechos de autor ya provee bastante espacio legal para que los Estados miembros de la OMPI prescriban, adopten, e implementen limitaciones y excepciones significativas para el contexto análogo y digital que permita un balance necesario para que los derechos de autor actúe como incentivo y recompensa para la creatividad.”
Es importante recordar que la razón del impulso de un instrumento de este tipo se debe a que “en muchos países, incluída Colombia, no existen las garantías mínimas para que las bibliotecas y los archivos adelanten actividades tan inherentes a su misión como el préstamo público de obras, o debido a que existen restricciones como las que imponen los dispositivos tecnológicos, conocidos como Medidas Tecnológicas de Protección, que impiden o controlan el acceso, copia o reutilización de ciertas obras incluso si existen excepciones legales. En Karisma creemos que el avance de un instrumento de este tipo es fundamental para introducir elementos de equilibrio y consideraciones de derechos humanos al sistema jurídico de derecho de autor. Mientras la protección es una obligación internacional de los estados, la aproximación “voluntaria” para la consagración de equilibrios ha significado un importante desbalance en los regímenes legales de los países en desarrollo que no permite sostener la posición de EE.UU. o la de la UE”, dijo Carolina Botero, Coordinadora del grupo Derecho, Internet y Sociedad (DIS) de Karisma.
¿Cuál es la posición del gobierno de Colombia?
Por las intervenciones que se han hecho hasta ahora podemos afirmar que el gobierno colombiano apoya en forma decidida la creación de un tratado de radiodifusión que tenga alcances incluso para Internet. En una posición que hemos calificado incluso como más allá de la que tienen países desarrollados como EE.UU. y la Unión Europea.
En cuanto a la iniciativa para que se acuerden derechos mínimos para las bibliotecas y los archivos dentro de los sistemas de derecho de autor locales , que en su momento nació de los países africanos en 2011, con el fin de buscar que los equilibrios del derecho de autor no quedan a merced de la voluntad política, que no parece materializarse en los países en desarrollo, Brasil, Ecuador y Uruguay también presentaron en 2011 propuestas complementarias basadas en documentos de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Ante estas propuestas, EE.UU. contestó con una documento más cercano a la visión de la industria editorial de EE.UU. Éste piensa que no es necesario comprometer a los países con tratados, basta con unas recomendaciones que deje a los gobiernos en libertad de acoger o desconocer.
En la reunión de la SCCR de diciembre pasado, Colombia afirmó que apoyaba la propuesta de negociar un tratado y, en general, apoyaba los requerimientos de las bibliotecas y archivos haciendo tan solo un comentario menor. Sin embargo, durante la sesión del SCCR27, las intervenciones de Colombia no fueron tan enfáticas en ese sentido, lo que nos ha hecho dudar de que se esté decantando ahora por la propuesta de los Estados Unidos de crear un “marco” de principios y objetivos mínimos para ayudar a las legislaciones nacionales en el establecimiento de garantías a los derechos humanos, que se refleja en limitaciones y excepciones, en lugar de un tratado jurídicamente vinculante, como lo proponen Brasil, Ecuador y Uruguay, que fue su apuesta en diciembre. Esperamos que los debates en esta ocasión nos permitan definir la posición del país para poder actuar en consecuencia.
La Fundación Karisma con Ascolbi y Conector, quienes representan a bibliotecólogos del país, prepararon una infografía sobre la importancia de las bibliotecas en la sociedad colombiana. Esta infografía, por ahora disponible en inglés, fue distribuida entre los Estado miembros del SCCR.
Para seguir el debate de los próximos días en Twitter estaremos informando en tiempo real con el hashtag #ColOMPI o la cuenta @amalia_Toledo
Adicionalmente, en Karisma sabemos que este tema es de interés para las bibliotecarias, bibliotecarios y archivistas de América Latina. Por eso el segundo curso de Internet Activa, titulado “ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina”, elaborado por los equipos de Creative Commons de Colombia, Uruguay y El Salvador, busca profundizar más y apoyarlos. ¡Los invitamos a seguirlo, compartirlo y aprender con nosotros!
Si tiene información sobre la importancia de las bibliotecas y archivos para garantizar el acceso al conocimiento en América Latina, escríbanos a contacto@karisma.org.co y compartámosla con nuestros gobiernos en Ginebra.
Más información
- Petición ciudadana a la DNDA firmada por 359 personas, solicitando que Colombia apoye un instrumento jurídico vinculante en favor de bibliotecas y archivos
- Comentarios entregados por Karisma a la DNDA para la reunión de abril, SCCR27.
- Petición presentada por Karisma a la DNDA con ocasión de la actual reunión: SCCR28
Imagen: OpenSourceWay
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