Con la moderación de Juan de Brigard de Fundación Karisma,Cristian Vélez de Linterna verde y Alejandra Barrios Directora de la Mesa de Observación Electoral -MOE-.
Existe un imaginario colectivo y especialmente institucional desde que la pandemia llegó, y es que todo lo que use tecnología en su funcionamiento va a ser mejor o significa progreso en sí mismo. En la medida en que esto se da por sentado, también ocurre que el Estado anula la discusión democrática sobre los límites y alcances de estas narrativas.
Por ejemplo, con el entusiasta despliegue de tecnologías de biometría y la adquisición de dos software de escrutinio en distintos momentos del proceso electoral del país por parte de la Registraduría Nacional en Colombia, se pasó por alto que estas podrían ser una barrera para que personas y comunidades tradicionalmente excluidas no pudieran ejercer sus derechos.
Del lado de la biometría, lo que se vendió como una herramienta innovadora de inclusión social, que debía garantizar que el cambio de puesto de votación o el registro de la cédula fuera más fácil para los y las colombianas, acabó constituyéndose en muchas distintas barreras de acceso.
Sin embargo, hasta hoy, la Registraduría no ha dado un argumento fuerte y de fondo al respecto, de cómo o por qué esta adición de procesos biométricos hace el registro de cédulas más transparente o seguro.
Al chocarse con la realidad del país en términos de conectividad, apropiación tecnológica, y accesibilidad, estas tecnologías evidencian cómo el discurso tecnológico tan sólo enmascara la forma improvisada y experimental en que se ha buscado acoplar la realidad a una imagen de país de escritorio.
Para quienes no pudieron acompañarnos en estos espacios, para quienes se los quieren repetir o compartir con alguien más, aquí les traemos los momentos más importantes de estas discusiones en formato podcast.
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