Uruguay, 5 de abril
Esta entrada fue originalmente publicada en la página de la Fundación Vía Libre y constituye un ejemplo muy interesante para otros países de la región como Colombia, que tienen pendiente la discusión sobre la otra cara del derecho de autor: las excepciones y limitaciones que garantizan los derechos del público.
En el año 2013, en un operativo policial digno de una película de Hollywood, la policía uruguaya allanó los locales de fotocopiado en cercanías de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR). De pronto, miles de estudiantes que accedían de esta forma a los materiales que necesitaban para estudiar, encontraron los límites concretos y reales que impone la ley de derecho de autor en numerosos países de América Latina, donde Argentina no es la excepción.
A raíz de esto, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) elaboró un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor e incorporar excepciones educativas que permitan la copia para fines educativos. Luego de un proceso de discusión que incluyó a diferentes miembros de la sociedad civil y legisladores, el proyecto ingresó a las cámaras legislativas, se unificó con el proyecto del Consejo de Derecho de Autor (CDA) y ahora se dispone a seguir su curso en el tratamiento parlamentario.
En este contexto y para apoyar la reforma, desde diferentes organizaciones latinoamericanas impulsamos una CartaUruguayLegisladores que fue entregada a los parlamentarios uruguayos, para acompañar el debate parlamentario e insistir sobre la necesidad de una reforma integral que contemple los cambios necesarios para la circulación democrática de la cultura en el siglo XXI. La carta se encuentra disponible CartaUruguayLegisladores.
El pasado 14 de abril se obtuvo media sanción la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio Con la aprobación del proyecto en el Senado, la ley pasará a tratarse en la Cámara de Diputados. Las organizaciones estudiantiles esperan que se apruebe definitivamente en los próximos meses.
La Cámara Uruguaya del Libro y otras corporaciones de la industria editorial manifestaron su oposición a la aprobación definitiva de la ley y pronosticaron la destrucción de la industria editorial nacional. Sin embargo, expertos internacionales avalaron el proyecto y despejaron todo tipo de dudas sobre su adecuación a tratados internacionales firmados por Uruguay, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio de Berna y ADPIC. Las excepciones para la educación y para copia personal ya existen en decenas de países, considerándose derechos ciudadanos.
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