La remoción y moderación de contenidos en redes sociales (como Facebook o Twitter) está de moda y las denuncias sobre la excesiva protección del derecho de autor -frecuentemente la cruzada contra la piratería que puede derivar en censura-, tienen su parte. Esto sucede no sólo en redes sociales, a otros intermediarios como las empresas encargadas de los registros de dominios (.co en el caso del dominio colombiano), las pasarelas de pago (PSE por ejemplo) o los repositorios de código (software) también les aplica. Les cuento el caso de GitHub y YouTube-dl.
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo donde se alojan proyectos de desarrollo de software de forma tal que hay un control de versiones -repositorio de código-. GitHub recibió en septiembre pasado un aviso de “notificación y retiro” por parte de la RIAA (Recording Industry Association of América, la agremiación más importante de discográficas de EEUU) en el que se afirmaba que YouTube-dl -un proyecto hospedado en la plataforma- violaba las disposiciones de derecho de autor en los términos de la ley de derecho de autor gringa -la Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-.
RIAA indicó que se trataba de una herramienta para eludir los candados digitales de YouTube que evitaban la copia, además -decía la nota- promovía la piratería. Como suele pasar en estos casos, GitHub retiró de su plataforma YouTube-dl y 17 otros proyectos vinculados con él, generando gran revuelo en la comunidad de desarrolladores y entre las personas que usaban la herramienta.
Youtube-dl es un software sin interfaz gráfica, solo funciona en una línea de comandos, que facilitan la transmisión y descarga de archivos y se usa para descargar contenidos, especialmente videos, que las personas suben a sitios web, entre ellos YouTube. Cuenta con una comunidad mundial donde es posible encontrar periodistas y organizaciones de derechos humanos que constantemente requieren documentar y guardar pruebas. Lo usan educadores y estudiantes para guardar los videos que utilizarán en el aula o porque necesitan reproducirlos en circunstancias de mala conectividad o inexistente cobertura de Internet. También lo usan youtubers que quieren conservar copias de seguridad de sus propios videos subidos, y cualquiera que quiere ver videos en hardware que no puede ejecutar un navegador web estándar, o en conexiones de Internet lentas o poco fiables -algo que se ha exacerbado en la pandemia-.
Con el paso de las semanas quedó claro que el incidente es un ejemplo del abuso que hacen los titulares de derecho de autor de las normas de la DMCA que privilegian sus derechos y desconocen los equilibrios del derecho de autor. YouTube-dl no es una herramienta para eludir los candados digitales, no fomenta la piratería y sí tiene muchos usos legítimos e importantes -especialmente en medio de una pandemia que exacerba las brechas digitales-.
Es importante en este punto recordar que el sistema de protección al derecho de autor en las plataformas gringas se conoce como “notificación y retiro” y ha sido exportado por el mundo a través de los TLC. El uso más común de este sistema es cuando un titular de un contenido notifica a la plataforma que considera que su derecho de autor fue vulnerado y la plataforma retira el contenido e informa a quien lo subió que hubo esta notificación para que el o la usuaria -si quiere- presente una “contranotificación” indicando que es un uso autorizado o ajustado a la ley. En este caso, la RIAA no demostró que se refería a contenido en concreto, lo que usó fue la menos común disposición de la DMCA que prohíbe la elusión a las medidas tecnológicas de protección (MTP) también conocidas como candados digitales.
Así explicó EFF que YouTube-dl tiene usos legítimos y muy necesarios que no están vinculados con la descarga de música protegida por derecho de autor. De hecho, la comunidad cambió los ejemplos, donde se refería a música de Taylor Swift, por ejemplo, para evitar que se afirmara -como hacía la RIAA- que hacían apología a la piratería. EFF demostró también que no es cierto que YouTube-dl eludiera el candado puesto por YouTube para evitar la copia, simplemente facilitaba su descarga.
Esta semana Git Hub no solo aceptó las explicaciones de EFF y restableció los proyectos retirados, además indicó que fortalecerá su proceso de revisión de las notificaciones basadas en DMCA y, en un movimiento que no se hubiera podido anticipar, señaló que abrirá un fondo de un millón de dólares para apoyar a los desarrolladores que decidan enfrentar los casos judiciales en que se vean envueltos. Git Hub reconoce lo que en Karisma hemos dicho desde hace años, el sistema de notificación y retiro es efectivo en disuadir a las personas para defenderse. En este caso los desarrolladores enfrentan responsabilidades personales y altos costos si deciden enfrentar demandas judiciales y la propuesta de GitHub es darles un apoyo que ayuda a equilibrar el mecanismo si deciden enfrentar el temor contra notificar e incluso seguir el proceso judicial en una eventual demanda. Finalmente, también se comprometió a presentar evidencias a la oficina de derecho de autor de ese país sobre el desequilibrio de la norma en el ciclo que se abre de análisis de excepciones y limitaciones a los candados digitales.
En Colombia la reforma penal de 2006 convirtió en delito la elusión de los candados digitales, la reforma al derecho de autor de 2018 habló de excepciones y limitaciones -pero solo incorporó las de la DMCA de 1998, ninguna de las que EEUU ha ajustado en dos décadas- y, recientemente, el borrador del Conpes de Propiedad Intelectual anunció que habrá un decreto-ley que abordará esto. Adicionalmente, en 2021 deberá hacerse una audiencia sobre excepciones y limitaciones y equilibrios a nuestra norma de derecho de autor.
La DMCA tiene su impacto en Colombia -porque aunque no existen todavía normas locales que imponen mecanismos como el de “notificación y retiro”, las plataformas que usamos son globales- y en materia de candados digitales sí tenemos unas normas que no son garantistas. Por eso es importante que las diferentes comunidades recojamos casos y hagamos visibles los abusos. Además, debemos prepararnos para participar en 2021 tanto con comentarios al decreto de ley sobre candados digitales, como en la audiencia en la que la Dirección Nacional de Derecho de Autor recogerá evidencias y problemas vinculados con las flexibilidades del sistema.
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