Por Carolina Botero y Luisa Guzmán
El 1 de octubre se celebró el 4to debate del proyecto de ley “Por el cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones” (proyecto de ley 264/13 C – 138/12 S), iniciativa del Senador Galán que beneficiará a 1.3 millones de colombianas y colombianos ciegos y con baja visión. La nueva ley dispondrá de los recursos para que el Estado adquiera tiflotecnología (software lector de pantalla y magnificadores de pantalla) garantizando así que se invierta en tecnología para beneficio de esta población, que además puede ser cualquiera de nosotros el día de mañana.
El proyecto de ley ha tenido un paso suave por el Congreso. Existe ya en la sociedad colombiana un consenso de que la situación social de desigualdad de esta población y la inacción del Estado (que en 2011 ratificó la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad donde se incluyen varias obligaciones) hacen urgente tomar acciones en este campo.
Para poder hacer operativa la iniciativa, el proyecto incluye una excepción y limitación al derecho de autor que permitirá realizar cambios de formatos de las obras de forma gratuita y sin necesidad de la autorización de los titulares de derechos, esto quiere decir que un libro en un formato tradicional (impreso en papel) podrá convertirse al braille o a un formato digital que los ciegos y personas con baja visión puedan leer usando las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Esta excepción le facilitará a esta población educarse, informarse, trabajar, investigar, hacer todo eso que la mayoría damos por hecho todos los días, eso que nos permite ejercer efectivamente nuestros derechos fundamentales.
La esperada aprobación del proyecto ayer, que fue elaborado con el apoyo de miembros de la población beneficiaria, fue una mezcla de sabor agridulce. Si por un lado los congresistas en el proceso de trámite del proyecto incluyeron varios cambios positivos, ayer a última hora introdujeron una modificación que habían rechazado ampliamente las personas ciegas y con baja visión de forma reiterada: el tercero de confianza.
Es bastante positivo, por ejemplo, que entre los cambios esté la obligación de que en adelante todas las páginas web de las entidades públicas, o de los particulares que presten funciones públicas, deberán cumplir con las normas técnicas y directrices de accesibilidad y usabilidad que dicte el Ministerio de las TIC.
El lunar fue la aprobación de la propuesta de última hora de los Representantes Oscar Marín, Diego Naranjo y Jhon Jairo Roldán que cambia la forma como operará la excepción. La nueva versión impide que las personas ciegas y con baja visión puedan transformar las obras a formatos accesibles de forma autónoma e independiente. De acuerdo con esta proposición, únicamente las entidades y las personas autorizadas por el Gobierno Nacional podrán hacer uso de la excepción, es decir, se introduce en la legislación colombiana la figura del “tercero de confianza” (reviviendo una norma que había sido polémica en el fallido Proyecto 001 o #LeyParodia).
Esta figura ha sido altamente criticada por la comunidad de personas ciegas y con baja visión por considerar que compromete su autonomía, les niega la igualdad ante la ley e implica que el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la educación, la información y la recreación, continúe dependiendo de terceros.
La proposición fue presentada sorpresivamente durante la plenaria y fue aprobada en una votación que los que estábamos en las gradas no pudimos seguir (fue literalmente en un segundo, la mesa no dio el resultado y el secretario simplemente anunció que había sido aprobada), mucho menos pudimos identificar quiénes habían votado y en qué sentido.
A pesar de esta nueva demostración de la capacidad de lobby de los titulares de derechos de autor en el Congreso, y de la ausencia de espacios de debate sanos, en la Fundación Karisma creemos que sea cual sea el resultado del proyecto de ley del senador Galán, lo cierto es que éste es un gran avance para el país, es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de esta población que en adelante será responsabilidad de los entes que el Estado autorice. Que esto sea así no es malo por sí mismo, pues el acceso de esta población también depende de quienes lo facilitan (bibliotecas, universidades, etc), pero deja mal sabor de boca por el hecho de que las acciones individuales de las personas ciegas y con baja visión sigan dependiendo de la “caridad” de los titulares (dado que seguramente nunca los denunciarán ante la justicia colombiana).
¿Qué sigue? Como los textos aprobados en Senado y Cámara son diferentes, el proyecto pasará a una comisión de conciliación en la que se definirá la versión final. Lo que está en juego a partir de ahora es importante y por eso habrá que seguir este proceso y la posterior reglamentación. Estos espacios plantean importantes retos para una comunidad que apenas empieza a validar sus derechos como ciudadanos.
A la salida del recinto del Congreso, y en medio del desconcierto por el cambio de último momento, Dean Lermen, miembro de la Unión Latinoamericana de Ciegos y de CONALIVI, nos dijo que “los proponentes eran enemigos públicos de los ciegos”.
Si quiere saber más sobre este tema siga por twitter a @karismacol, @RedPato2 y al hashtag #TICxaCiegos, y lo invitamos a leer:
Imagen de Open Source Way CC BY SA
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