Avanza la reforma electoral : Fundación Karisma

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La reforma al Código Electoral urge pues las normas que existen ya no responden al país que tenemos. Estamos a dos plenarias de tener un nuevo código electoral y, con las mayorías del gobierno la reforma podría aprobarse este año. Aunque la reforma tiene cosas buenas, persisten problemas en diferentes temas -incluso hay quienes consideran que no debería pasar, incluida la Procuraduría– les dejo mi selección de lo bueno, lo malo y lo feo con una mirada desde la incorporación de la tecnología en el nuevo código.

Lo bueno: no va el voto por internet, se estableció que los pilotos del voto electrónico mixto serán para evaluar la tecnología, se fortalecieron las auditorías -que serán para todas las partes interesadas en todos los procesos electorales- y, la cédula física seguirá siendo una alternativa para autenticar la identidad de quien vota.

Sin duda votar desde la casa facilita el voto, sin embargo, la conclusión a la que llegaron varios congresistas -de diferentes bancadas- es que se trata de una solución tecnológica inmadura que no puede aprobarse aún. Establecieron que mientras no existan las garantías para su despliegue masivo y oficial el riesgo para la confianza, que es central al proceso electoral, no se justifica. A pesar de esto hay congresistas, y la propia Registraduría, que abogan por resucitar esta modalidad y anunciaron que en la plenaria pedirán su regreso.

Uno de los argumentos del Registrador es que el voto por internet evitaría suspender procesos electorales en medio de una pandemia. Además del problema ya mencionado, esta afirmación es complicada pues esta modalidad de voto no es opción de voto universal si hay brecha digital. La meta ambiciosa del gobierno Duque en conectividad es del 70% y buena parte se apoya en conexiones satelitales, celulares rurales o equipos viejos y también en conexiones colectivas -estilo “puntos digitales”- ubicados en bibliotecas o batallones, es decir conectividades complicadas para el voto por internet. Adicionalmente, cubrir el 30% restante será cada vez más difícil, de hecho, en los países desarrollados persisten brechas de conectividad; llegar a zonas despobladas y geográficamente complicadas es un esfuerzo mayúsculo para cualquiera.

Además, no se trata solo de la brecha de conectividad, también está la de habilidades y usos -en las que el voto por internet es demandante-, y la que se deriva de inequidades estructurales -de género, situación socio-económica o pertenencia a determinados grupos étnicos, por ejemplo-. Mientras no se pueda garantizar que cualquier persona en Colombia pueda votar por internet, esta modalidad no podrá ser la solución en una pandemia. Alguien me decía que después de vivir las elecciones en EE. UU. pensaba que la mejor forma de mitigar este problema era simplemente aumentando el número de puestos de votación. Si el problema es el aislamiento ¿cómo lo solucionamos?

Lo malo: no se garantiza que la auditoría técnica independiente se hará mínimo seis meses antes de las elecciones. En el texto actual lo que se hace seis meses antes es el plan de auditoría y por tanto la auditoría sucedería dentro de los siguientes seis meses. Si entre la auditoría y las elecciones no hay “al menos” seis meses, no habrá tiempo para que la Registraduría adopte las recomendaciones que formulen los auditores antes de que debamos votar. Adicionalmente, la Registraduría no debe definir quiénes auditan, debe acreditar. Todo eso debe ajustarse.

Lo feo: De una parte, la Registraduría tendrá amplios poderes para definir cómo serán los escrutinios y, de otra, la propuesta sobre violencia política en publicidad carece de buen desarrollo. Es feo porque el afán corre en contra de un debate informado y amplio en estos temas.

Desde hace años el escrutinio se hace con la asistencia de tecnología que estaba completamente tercerizada -al punto que decíamos que las elecciones estaban privatizadas-, por lo tanto es positivo que ahora se reconozca esa tecnología, también lo es que el código del software quede en cabeza de la Registraduría -aunque en línea con la Constitución debería ser del Consejo Nacional Electoral, CNE- y que existan garantías de auditorías para las partes interesadas, aun así es problemático que la definición de cómo se harán los escrutinios quede solo en cabeza de la Registraduría, pues es la que definirá la tecnología que se use.

La preocupación se deriva de la delegación a la Registraduría de la definición de todo lo relacionado con la tecnología que no sea descrito en el código y el hecho de que hay silencio sobre la etapa de escrutinio. Es decir, el software de escrutinio definirá los mínimos detalles de esta etapa si se mantiene ese vacío.

Sobre la violencia política, exigirle más a quienes tienen más responsabilidad sobre lo que dicen durante las elecciones puede ser útil para evitar las campañas sucias, esto es en principio una buena idea. La propuesta es regular la publicidad paga -que se aplica a los partidos y candidatos, no a los particulares ni al contenido orgánico que difundan-, el problema es que su desarrollo está todavía crudo, falta alinearlo con los estándares internacionales de libertad de expresión.

Preocupa que el afán que trae la reforma hará difícil discutir su alcance. Debe ser claro que no se bajarán los estándares en temas como difamación, calumnia, injuria, amenazas, etcétera; que las sanciones serán administrativas -no penales-; que estamos hablando de responsabilidad ulterior, en ningún caso censura-; que la sanción es por acciones intencionales y que se requieren claridades procedimentales que obligan a discutir el rol del CNE y la responsabilidad de los intermediarios, por ejemplo.

En las próximas semanas veremos un pulso político, ojalá eso no opaque lo importante: se están definiendo las reglas del poder político que dan forma a nuestra democracia y eso merece mucha atención y cuidado.

Nota. Hay una preocupación que no sé cómo clasificar. Resulta que la reforma asigna al CNE la función de aplicar el régimen sancionatorio a los particulares que incumplan la normatividad electoral si no le corresponde a otra autoridad. ¿No les parece esto bastante problemático?