En marzo de 2016, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) anunció que Colombia entraría en “la revolución de los datos” de la mano de una política pública que desarrollaría esta entidad y que sería presentada a principios de 2017. Aunque hasta ahora no tenemos un texto oficial que permita conocer en detalle lo que sería nuestra política de big data, existen experiencias internacionales que nos permiten llamar al gobierno a ser cauteloso y analizar el impacto que una política así tendría sobre derechos humanos en Colombia.
En el documento “Big Data: un aporte para la discusión de la política pública en Colombia” que presentamos hoy, damos una mirada a las razones por las cuales gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Corea del Sur han incorporado big data en su caja de herramientas, así como los riesgos que según ellos mismos implica esta técnica.
Big data promete beneficios como el obtener mejor información para la toma de decisiones, por ejemplo, para saber cómo gastar mejor el dinero público, prestar con más eficiencia los servicios públicos o disponer, tanto de parte de la ciudadanía como del Estado, de más datos para hacer un control más efectivo del gobierno. Pero también representa riesgos que hay que poner en la balanza.
El uso de datos que recoge o produce el Estado sobre la ciudadanía debe tener en cuenta el derecho fundamental a la protección de datos, derecho que no admite, por ejemplo, que los datos que se entregan para un fin sean utilizados para algo que la persona dueña de esos datos no autorizó desde el principio. Pero también al presentar como una ventaja de big data la capacidad de tomar decisiones sobre las personas con la ayuda de un programa de computador, se debe tener en cuenta que estos programas pueden provocar formas de discriminación injustificadas, producto de la falta de transparencia sobre el complejo aparato técnico necesario para procesar grandes volúmenes de datos.
Pensar en la construcción de una política pública sobre big data no es una tarea sencilla. Por eso, en primer lugar, el Gobierno debe propiciar espacios de participación para determinar, entre otras cosas, los objetivos de esta política, que hoy están dispersos en muchas áreas de la acción estatal, como si estas aspiraciones estuvieran alimentadas por una fe casi ciega en la capacidad de big data para arreglar muchos de nuestro problemas. Aún más, el gobierno debe tener en cuenta que el uso de los avances tecnológicos, que están llenos de promesas fallidas, no puede exigir la renuncia las protecciones a la intimidad y los demás derechos fundamentales.
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1 comentario
Muy interesante, creo que no es estar en contra sino implementar medidas que mitiguen la probabilidad de abuso, especialmente por parte del gobierno y los privados.