CoronApp, algunos datos del despropósito : Fundación Karisma

Por: Carolina Botero

CoronoApp_Colombia ni funciona ni funcionará, porque en el afán por innovar con tecnología “para salvar vidas” en la pandemia, el gobierno se metió en una camisa de once varas y creó un Frankenstein de una buena idea para seguimiento colaborativo de síntomas como estrategia de vigilancia epidemiológica. A pocos días de finalizar el 2020 miremos cómo va CoronApp.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), responsable de la aplicación, siempre ha dicho que la descarga y el uso de CoronApp es voluntario y que todas las personas somos libres de usarla de modo que ningún derecho esté sujeto a su instalación. Esto está en línea con la visión original de la aplicación que existe en Colombia desde hace años y con el rol que juega dentro de la estrategia nacional de vigilancia epidemiológica en donde la aplicación es una forma para que las personas colaboren y aporten datos que entran a ser una de las capas de información de El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA).

Por su parte, aunque la responsabilidad de la aplicación es del INS, el MinTic y la Agencia Nacional Digital, le han colgado otras funcionalidades y muchas expectativas que no son tan colaborativas a esta herramienta, que no buscan vigilar la enfermedad, sino vigilar a las personas. Por ejemplo, aunque las regulaciones expedidas por el gobierno nacional cuando integran CoronApp, hablan de “recomendar”, en la práctica esto funciona diferente y para muchas personas el uso de la aplicación es más una obligación en determinadas circunstancias y no tenerla acarrea problemas.

Se incentiva en la regulación el auto-reporte de síntomas y el “pasaporte de movilidad” como la forma de tramitar encuestas y medir el riesgo de contagio y calificarlo. Así lo usan, por ejemplo, en los protocolos que tanto empleadores como autoridades aeroportuarias deben implementar. En la práctica el guardia de la entrada exige CoronApp para pasar la puerta. En el caso de quienes están viajando por avión, conocí las respuestas de tres operadores de aeropuertos del país donde apuntan que su exigencia no es un capricho, y la soportan de su lectura de las regulaciones expedidas por el Ministerio de Salud. Es decir, aunque INS es el responsable de la aplicación, la forma como se usa en muchos aspectos se deriva de decisiones de este Ministerio.

Tan solo OPAIN -que opera El Dorado-, admite que existen alternativas manuales para atender el protocolo. En general considero que la interpretación de obligatoriedad es inducida. La verdad es que la regulación y las piezas comunicacionales oficiales son ambiguas. Es decir, la “recomendación” al final queda en el papel, lo que se impone es la obligación. Si te piden la aplicación y no la tienes, la presión puede ser, “pues no viajas”.

Es importante no perder de vista que al cambiar la naturaleza de la aplicación -de voluntaria a obligatoria- dañaron lo bueno que tenía, su intención de ser colaborativa desapareció; se fue la zanahoria y quedó el garrote con su carácter coercitivo. Una cosa es lo que las personas hacen y cuentan cuando la idea es aportar y ayudar voluntariamente, otra es lo que se hace y decide contar cuando está frente a una obligación que determina el acceso a un servicio. Seguramente con la presión aumentaron las personas que la usan, pero, con el incentivo en el lugar equivocado, surge la pregunta sobre cómo se afecta la calidad de esos datos y sería bueno saber si el INS cambió la valoración de esta capa de información en SIVIGILA.

A la fecha la aplicación se ha descargado más de diez millones de veces superando con creces las 57 mil descargas que tenía comienzos de marzo de 2020. Pero, de las más de diez millones de descargas ¿cuántas de estas son usuarios activos? A esa pregunta, la Agencia Nacional Digital le respondió a Fundación Karisma, donde trabajo, una solicitud de información ofreciendo cifras de rendimiento y estabilidad de la aplicación (datos proporcionados por FireBase, aplicación de monitoreo de Google para estos fines) durante noviembre (29/10-25/11). Es decir, unas cifras interesantes pero poco útiles para medir el impacto en la estrategia de vigilancia de la información, donde sería oportuno saber, por ejemplo, cuántas de estas personas reportan síntomas con frecuencia, por ejemplo.

De acuerdo con los datos entregados, la aplicación móvil, que hasta ahora ha costado más de 750 millones de pesos, tuvo durante noviembre 3′867.263 de usuarios activos (el dato no está acompañado de los criterios que califican a un usuario como activo, ni explican cómo se llega a la cifra). Esta cifra no se puede deducir de los datos desagregados suministrados, parece más razonable decir que si la fuente son estos datos la cifra más optimista sería de 1′827.529 personas, es decir, quienes abrieron la aplicación, aunque de estas personas 1′821.108 fueron las que al menos iniciaron por una vez sesión, aunque no sé quién puede decir que eso hace que una persona sea activa en el uso de CoronApp. Otras cifras a destacar: casi 860.000 personas reportaron su estado de salud (con diagnóstico normal 542.679 o informando algún síntoma 317.968) y 364.242 la removieron de sus dispositivos. Agregaron a sus familiares al menos 89.360 personas y generaron un estado de movilidad 206.405.

Los números no hablan bien de la estrategia digital estrella del gobierno para enfrentar la pandemia, está más cerca del número de personas que se ven obligadas a descargarla, por ejemplo, para viajar, que de un éxito arrollador que nos permitirá salvar vidas.

En todo caso, una cosa es cierta, ninguna de las cifras sirve para evaluar su impacto, efectividad o uso dentro de la estrategia de vigilancia epidemiológica. El gobierno todavía nos debe eso, sobre todo si en la práctica la convirtió en una obligación. Todavía nos falta mucho para aterrizar sin riesgos, con mayores beneficios probados y menos dudas sobre el funcionamiento de la aplicación.