Por Carolina Botero
Ya casi termina esta legislatura y son pocos los logros que el Gobierno Duque puede presentar. Por eso, no cabe duda que sus esfuerzos se concentrarán en pasar la Ley de Modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), pero no la tiene fácil, no tiene garantizadas las mayorías. Mientras las críticas han sido muchas, la voluntad del Gobierno por hacer ajustes ha sido mínima.
Como se anunciaba en los pasillos del Congreso, el Gobierno alista ajustes pero son mínimos. La propuesta de reforma a la ley que trae el Ministerio TIC busca tramitar el descontento del sector de contenidos, creando un regulador convergente que se compone de dos juntas que “decidirán los asuntos a su cargo de manera independiente entre sí”. Es decir, van a cambiar el sector para que no cambie nada.
La propuesta de cambio
La CRC tendrá, de una parte, la Junta Nacional de Contenidos Audiovisuales, que se encargará de los contenidos. De otra, también contará con la Sesión de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, que se ocupará de la infraestructura, así como ya lo había dicho en El Espectador.
La idea detrás de la propuesta de modificación parece buena, pero es insuficiente frente a las críticas y no alcanza para enfrentar el descontento que intenta abordar.
Es buena. Porque la discusión en el país muestra que aunque el sector y la tecnología nos llevan a la convergencia, nuestra realidad tiene su propia velocidad y proceso convergente. De modo que, reconocer esta realidad es una necesidad y quizá tener dos espacios, de modo transitorio, es una buena idea. Sin embargo, plantear mantener al sector dividido permanentemente es su primer gran error que se suma a muchos otros ¿Cómo se justifica que están creando un regulador convergente que no tiene funciones sobre el espectro y que mantendrá separados contenidos e infraestructura? Parece que se les embolató el diccionario y se les olvidó el significado convergencia.
Es insuficiente. No aborda ninguna de las principales críticas que se le han imputado al proyecto de ley tanto interna -sector de contenidos, academia, sociedad civil y políticos opositores- como externamente -la carta de la OCDE del pasado diciembre en que se evalúa el proyecto de ley. En ese sentido, la norma no cambia. El fondo Único sigue adscrito al Ministerio TIC, y las facultades de vigilancia y control las mantiene el Ministerio. El nuevo regulador sigue sin tener a su cargo el espectro.
Los estándares internacionales requieren de autonomía e independencia en una autoridad convergente. Esa es la mayor crítica de la OCDE. Y la ausencia de autonomía, la dependencia del gobierno de turno, se mantiene. El nuevo texto propuesto solo aborda la composición de la nueva CRC de manera cosmética en este tema.
El mayor problema del proyecto de ley sin embargo sigue siendo: para la ciudadanía, sin la ciudadanía
En sus comentarios de diciembre, la OCDE también señaló una debilidad estructural que se mantiene y que no parece que el Gobierno tenga intención siquiera de nombrar: a pesar de sus objetivos declarados, la prioridad de proyecto es la inversión privada, no la competencia o la protección del consumidor. Sí se menciona la protección del uso social del espectro, pero no parece trascender de la retórica. El proyecto de ley sigue promoviendo una conectividad “para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía”. El espectro es de “todos”, pero lo gestiona el Gobierno; el espectro es de “todos”, pero solo lo pueden usar grandes empresas… porque “todos” somos incapaces de usar el espectro, de construir conectividad, de cerrar la brecha digital. Eso es radicalmente mentira.
En Colombia ya existen grupos de personas que llevan años construyendo su propia infraestructura de comunicaciones, que producen los contenidos que les son relevantes, que emprenden y aprenden gracias a sus esfuerzos de cierre de la brecha digital y que incluso se piensan estas alternativas para promover la igualdad de género. En Colombia no existen para la ley, no se les nombra. En Estados vecinos como Argentina o México, se les denomina redes comunitarias (conoce más sobre redes comunitarias aquí). Y desde instancias internacionales de las que formamos parte, como las Naciones Unidas y la OEA, se recomienda el desarrollo de normas y políticas públicas que las reconozcan y promuevan, creando condiciones favorables para que puedan acceder al uso del espectro.
¿Cómo podríamos hacerlo acá? Las propias redes comunitarias se han articulado y han propuesto pequeñas modificaciones que mejorarían sustancialmente el proyecto de ley a través de reconocer el papel activo de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más igualitaria. La primera es incluir explícitamente como actor TIC a las redes comunitarias como lo que son: un grupo de personas que no tienen ánimo de lucro y que desarrollan infraestructura de comunicaciones en lugares que no interesan a las grandes empresas. Segundo, la ley debería establecer un sistema de acceso al uso del espectro coherente con su naturaleza. También debería prever no solo el sistema de licencias existentes, sino las licencias para uso social. Esto permitirían acceder al espectro sin la necesidad de cumplir unos requisitos pensados para grandes compañías y, por ende, imposibles de cumplir.
En conclusión
Colombia tiene un problema grave: la brecha digital, por no hablar de la brecha digital de género que ni siquiera está siendo parte de la conversación. Este problema reduce las capacidades de casi la mitad de la población colombiana de aprender, emprender y desarrollar sus planes de vida. Problema que afecta más a las mujeres y grupos marginados, que, según multiplicidad de estudios, tienen menos probabilidad de acceder a internet y ejercer sus derechos. Es decir, un marco regulatorio y una política pública que enfrenten estos retos son necesarias. Y la sociedad civil está dispuesta a colaborar y cumplir con su responsabilidad para el país. Y lo responsable es señalar que el texto actual del proyecto de ley es el mejor posible, pero no es el que merecemos. La invitación al Congreso es la siguiente: la ciudadanía y la sociedad civil saben cómo mejorar el proyecto de ley, escúchennos también a nosotros, invítennos a nuestro Congreso y trabajemos juntos por un país más conectado, más equitativo, mejor.
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