Por Lucía Camacho
El pasado 27 de junio Karisma radicó ante la Corte Constitucional un concepto en el que respalda el valor de los ejercicios de ciencia ciudadana como fuente de información valiosa para decidir sobre la gestión de de la calidad del aire,en el marco de una tutela que demanda el derecho al aire limpio, pero ¿qué es eso de la ciencia ciudadana y por qué se relaciona con la calidad del aire?
Ciencia y ciudadanía es un binomio cada vez más poderoso. Son crecientes las experiencias que demuestran que involucrar activamente a la ciudadanía en la construcción de conocimiento científico, permite documentar, entender y resolver mejor los problemas y preguntas que enfrentamos como sociedad.
Esta colaboración entre personas que tradicionalmente se reconocen como investigadoras y constructoras de conocimiento científico y otras personas que tienen experiencias prácticas, procedimientos y saberes generados de sus intereses y observaciones es lo que conocemos como ciencia ciudadana. Estas colaboraciones han permitido descubrir estrellas, nuevas especies de animales, mejorar la comprensión de enfermedades como el SIDA y el Alzheimer, para mencionar solo algunos ejemplos. El espectro de participación es tan amplio, que puede ir desde contribuir con datos de monitoreo ambiental -para mencionar una de las prácticas más reconocidas- hasta que la ciudadanía de forma autónoma decida qué se investiga y cómo se investiga.
Estos modelos de cooperación parten del reconocimiento del aporte que hacen cada una de las partes y de la validación y el respeto por el trabajo conjunto.
Esta forma de hacer ciencia es particularmente útil en temas como la salud ambiental. uando la pregunta es ¿qué clase de aire estamos respirando y qué podemos hacer para evitar afectaciones en la salud de las personas por una ‘mala calidad del aire? Las respuestas no solo provienen de las autoridades sino que también pueden venir de las personas que preocupadas por el tema empiezan a tomar medidas para conocer en su entorno cuál es la calidad del aire que los rodea y que acciones en lo local pueden tomar para mejorar su calidad de vida. Es aquí cuando la ciencia ciudadana entra a jugar un rol clave, proveyendo más y mejor información que incluso, de ser reconocida por los gobiernos respectivos, puede orientar la construcción de políticas públicas.
Este es el caso de Bogotá, donde un grupo de personas se apropiaron de las tecnologías de censado de cantidad de material particulado y empezaron a monitorear de forma autónoma la calidad del aire en la ciudad. Una actividad que tradicionalmente ha sido realizada por las autoridades distritales a través de costosos dispositivos especializados instalados en tan solo 13 puntos de la ciudad.
Daniel Bernal hace parte de este grupo de personas que monitorea el aire de Bogotá.Un “ex biciusuario” que se cansó del aire contaminado en Bogotá, y al que le tocó subirse al sistema Transmilenio para movilizarse creyendo que era una mejor solución que andar en bici tragando smog. Luego de varias complicaciones en su salud, por las cuales interpone una tutela, supo que dentro del mismo sistema el aire ¡era peor!
En busca de una solución, Daniel interpuso una tutela que propone de manera novedosa el reconocimiento del derecho al aire como un derecho fundamental. Además, que resalta el valor de los ejercicios de ciencia ciudadana, pues han sido las mediciones de varios grupos de personas en Bogotá las que han permitido alertar sobre el deterioro del aire. Justo ese punto es el que respalda Karisma considerando que con la selección de esta tutela para revisión, no sólo la Corte pondría en la mesa de discusión el derecho al aire limpio que merecemos todas y todos, sino además podría de manera novedosa referirse a la validez y valor que tiene el hecho de que la ciudadanía participe en la construcción de información para proteger así sus derechos.
Desde Karisma creemos que esta es una oportunidad para que la Corte seleccione la tutela para abrir la discusión sobre la calidad del aire en la ciudad y su afectación a las personas que la habitamos, y además aproveche la oportunidad para valorar la ciencia ciudadana como un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía que facilita la toma de decisiones para su autocuidado y también la participación en las políticas de la ciudad.
Creemos que un ejercicio de ciencia ciudadana permitiría, por ejemplo, que la ciudadanía con dispositivos de bajo costo puedan desde sus casas, lugares de trabajo, rutas de transporte o espacios de esparcimiento, mida la calidad del aire en zonas en las que los dispositivos del distrito no capturan información.
Cada persona que recoge información puede juntarse con otras para contrastar esos datos, corroborar mediciones, generar reportes, concientizar a otras personas e informar a las autoridades locales en caso de que la medición de la calidad del aire arroje resultados que deban conducir a la toma de alguna medida de emergencia. Desde hace más de un año existe un prototipo de una red de monitoreo de calidad de aire que construye sensores de bajo costo y muestra los resultados de las medidas de sus usuarios. Si bien es un ejercicio incipiente en Bogotá, otras redes similares han logrado colaborar en el monitoreo de calidad de aire en otras ciudades del país y fuera de él.
Esperamos que la Corte Constitucional aproveche esta acción de tutela . Necesitamos de este alto tribunal un pronunciamiento que aborde los impactos que genera en la salud individual y colectiva la mala calidad del aire. Además, que reconozca la ciencia ciudadana como un ejercicio de los derechos de participación y un aporte clave de la ciudadanía con más y mejor información para la toma de decisiones que puedan beneficiarnos en el disfrute de un aire más limpio.
Acá el texto que enviamos a la Corte Constitucional.
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