Por Amalia Toledo
La rápida digitalización de la vida humana ha hecho de la ciberseguridad una prioridad fundamental para las personas encargadas de la formulación de políticas en todo el mundo. En un contexto caracterizado por definiciones controvertidas de lo que es la ciberseguridad y de cómo debe lograrse, es fundamental que las personas defensoras de los derechos humanos comprendan la situación, los actores y las cuestiones en juego de manera que estén en mejor posición para poder participar de forma significativa en estos debates.
Según con quién se hable y dónde se haga, la ciberseguridad puede abarcar desde cuestiones tan diversas como los protocolos de seguridad de las bases de datos gubernamentales hasta las normas internacionales aplicables a los ciberataques durante los conflictos armados. La participación de las personas defensoras de los derechos humanos en la construcción de políticas de ciberseguridad es importante por varias razones, entre ellas, porque según la mirada que se tenga de este concepto las medidas que se tomen pueden socavar o fomentar el ejercicio de derechos humanos.
La presente guía tiene por objeto ayudar a las personas defensores de los derechos humanos a navegar en este complejo ámbito de la política. Para ello, se examinan detenidamente tres esferas distintas de política que a menudo se combinan bajo el paraguas de la ciberseguridad –seguridad de la información, ciberdelincuencia y ciberconflicto–, desentrañando sus dimensiones políticas y jurídicas, localizando a las partes interesadas relevantes y esbozando las cuestiones que están en juego.
Esta guía viene con una advertencia. La ciberseguridad desde su dimensión político-legal es una que crece y cambia rápidamente. Hay poco consenso, especialmente entre los gobiernos, sobre el alcance y la aplicación de la ciberseguridad, por no hablar de su relación con los derechos humanos. Por consiguiente, las opiniones expresadas aquí son las de un actor entre muchos, y la categorización de las cuestiones adoptadas aquí no es ni exhaustiva ni definitiva.
En este ámbito emergente, las personas defensoras de derechos humanos tendrán que hacer algo más que formular políticas. Tendrán que participar activamente en la configuración de la propia definición y misión de las políticas de ciberseguridad, con el fin de que se adopten acciones relacionadas que sean respetuosas con los derechos humanos y pongan a la personas –no a los sistemas, redes y datos– en el centro de la discusión.
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