Por Carolina Botero
De todos los proyectos de ley que Duque presentó, este tenía altas expectativas de éxito. Se presentó con mensaje de urgencia y las cuentas eran de que sería una realidad en diciembre de 2018. Si había una iniciativa legislativa de Duque con un pacto nacional para moverse rápidamente en el Congreso.
Se presentó soportada en la urgencia por conectar a la mitad del país que está desconectado y, por tanto, rezagado del desarrollo y sin oportunidades para hacer parte de la economía digital -perdón, de la economía naranja-. Además, como la Ley TIC de Duque se basaba en la fórmula tan vieja como mágica y falsa de que tan solo dando todas las ventajas a la inversión privada, se solucionarán los problemas sociales y sobrará bienestar para repartir, este proyecto de Ley tuvo el apoyo masivo del sector privado que rápidamente aceitó las maquinarias en el Congreso.
La Ley TIC no pasó en 2018 porque, como ya había sucedido con Santos, el sector de contenidos y, en concreto, el de la televisión pública se interpuso y recordó que regular las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ahora es regular medios, es hablar de libertad de expresión y que esto no es solo de privados. Las críticas se abrieron paso.
Sí, invertir y actualizar la infraestructura es importante. No obstante, la opinión pública argumentó otros temas importantes como la necesidad de que el regulador fuese autónomo, independiente; de que la gestión del espectro no puede ser solo para beneficio de privados en plazos eternos; de que los fondos deben garantizar la producción pública nacional audiovisual; de que el modelo para la infraestructura no puede ser solo concesiones privadas -se puede apostar por modelos de cooperación público-privada y comunitaria (incluyendo a las redes comunitarias)-, etcétera.
Para diciembre, el Gobierno ya había tenido que hacer algunas concesiones. Sin embargo, se vio obligado a frenar el tren del progreso de la conectividad porque regular el sector es meterse con la libertad de expresión. Los temores se materializaron cuando se retiró el programa “Los Puros Criollos” de la parrilla de Señal Colombia, coincidencialmente, la misma semana en que su presentador, Santiago Rivas, fue muy crítico del proyecto. El escándalo le costó el puesto al gerente Juan Pablo Bieri de RTVC y el Gobierno tuvo que salir a dar explicaciones.
Digo explicar porque lo que no hizo fue audiencias públicas con el Congreso. De haberlo hecho el texto se habría podido ajustar para dar cabida a importantes cuestionamientos, como lo pidieron insistentemente algunos congresistas. El gobierno se limitó a hacer “socializaciones”.
Las socializaciones eran reuniones para explicar en reuniones por el país la visión del Gobierno. Las reuniones terminaron siendo esencialmente un coro de aplausos al que asistían sus aliados. Esto lo digo con conocimiento de causa. Al principio, algunos críticos fuimos a las reuniones con la esperanza de que se nos escuchara. Dado el formato, pronto fue claro que esto era una plataforma del Gobierno para hablar, no para escuchar.
El resultado era previsible. El Gobierno ganó tiempo y, con el lobby de las empresas y negociaciones políticas, poco a poco los congresistas se fueron metiendo en la foto de la aprobación a la ley. La poca efectividad que tuvo el Gobierno Duque con su agenda legislativa durante sus primeros meses puso su parte de presión. Durante el primer semestre de 2019, aprobar esta ley se convirtió en un tema de honor. ¿Qué concesiones tuvo que hacer para ello? Aún es pronto para saberlo, pero los rumores de pasillo hablan de nuevas formas de la vieja mermelada.
A la Ley TIC le incorporaron unos cuantos cambios en 2019, que se aprobaron en los dos debates que faltaban. Las sesiones legislativas tomaron más tiempo definiendo los impedimentos que en la discusión y en los rechazos a los cientos de propuestas que se habían presentado; días de plenaria para minutos de debate. La ley quedó aprobada por aplastantes mayorías y sin embargo no ha sido firmada aún por el Presidente.
En esta columna de La Silla Vacía, nuestra directora Carolina Botero hace un análisis de los retos que enfrenta esta legislación a los que debemos hacer seguimiento.
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