Por Joan López
El 11 y 12 de marzo pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Este documento fue resultado de dos años de trabajo de las diferentes secciones de la organización de la mano de gobiernos, empresas, sindicatos, academia y sociedad civil. El objetivo de este informe es generar una guía para que las personas responsables de políticas públicas se preparen para la “transformación digital” y la pongan a trabajar para el bienestar social y el crecimiento económico. Este año tuvimos la oportunidad de participar en este evento y de interpretar de forma crítica las visiones de política pública que el texto nos ofrece para pensar nuestro presente y futuro.
El trabajo del grupo Going Digital se materializó de dos formas. Por un lado, la OCDE creó una guía con siete principios que son transversales a la política pública y que deben funcionar como objetivos para poner a trabajar a la transformación digital para el bienestar social y económico.
Por otro, el logro de estos objetivos depende de la medición de la situación en cada país miembro y en los aliados para encontrar los puntos débiles de cada uno y trabajar en su perfeccionamiento. De esta forma, tenemos una base comparativa para analizar la situación del uso de tecnologías digitales en la política pública en Colombia y, a su vez, podríamos imaginar el norte al que el país debe apuntar.
Cuando el gobierno Duque se encuentra dando los últimos ajustes a su ingreso al club, valdría la pena revisar esta evaluación para el caso Colombia que le serviría para hacer ajustes, por ejemplo, a la Ley TIC.
La guía para la transformación digital
La guía cuenta con siete principios que deben ser los objetivos de la política pública:
1) El acceso, que se entiende como la posibilidad de utilizar las comunicaciones digitales, infraestructuras, servicios y datos por parte de todos los actores del sistema socioeconómico.
2) El uso, que está directamente relacionado, pero se refiere al uso efectivo de las tecnologías por parte de las empresas tanto grandes como pequeñas, los gobiernos y las personas para el crecimiento económico y el bienestar social.
3) La innovación, referida a las acciones de los gobiernos para promover el emprendimiento digital, la ciencia abierta, la difusión del conocimiento y la investigación científica.
4) El trabajo, en el que se reconoce que el mercado laboral requiere una adaptación a los cambios tecnológicos que generan transformaciones en los puestos de trabajo y requieren de gobiernos que apoyen una transición justa que proteja a los trabajadores y que garantice oportunidades para los menos cualificados.
5) La sociedad, que necesita que las tecnologías trabajen para cerrar las brechas sociales y las inequidades para generar un ambiente de bienestar social para todos.
6) La confianza, es decir, el reconocimiento de que la economía digital depende de relaciones de confianza en la que las empresas y los gobiernos protejan los datos de la ciudadanía y solo hagan los tratamientos consentidos y respetuosos de los DDHH.
7) La apertura del mercado, que para la OCDE significa que los mercados digitales están abiertos a la inversión extranjera y los gobiernos trabajan para reducir las barreras y abrir las posibilidades de comercio electrónico. Aunque también gravan correctamente a las empresas para asegurar el bienestar social y evitar la concentración del mercado.
Todos estos principios incluyen líneas transversales que son del interés de una organización como Karisma: la necesidad de una discusión multistakeholder que incluya a la sociedad civil en las discusiones de políticas públicas, la importancia de un crecimiento económico que respete los derechos humanos, el bienestar social como fin último de las políticas públicas y la necesidad de una política pública que apunte a cerrar las inequidades de nuestras sociedades.
La evaluación de Colombia en sus políticas de transformación digital
A pesar de que, desde Fundación Karisma, no nos alineamos con todos los presupuestos del trabajo de la OCDE, su visión transversal de la política pública y la centralidad del respeto por los derechos humanos nos resulta clave para pensar en el análisis de la transformación digital desde Colombia. En ese sentido, el objetivo de este texto es pensar, desde la perspectiva de DDHH y justicia social, los problemas que la OCDE apunta en el desarrollo integral de políticas públicas para la transformación digital en Colombia.
Medición de Colombia en comparación con el promedio de la OCDE
Fuente: OCDE, 2019
En la imagen tenemos el examen que la OCDE hizo de la política pública en Colombia para la transformación digital en comparación con el promedio de los países miembros. Aunque no hay información disponible en algunos ítems, esto también es una carencia de política pública. En el Gobierno, problema que no se mide, no existe. Sin embargo, las pocas mediciones disponibles y el trabajo de investigación de Fundación Karisma nos permite dibujar las líneas y los problemas de las políticas públicas en la era digital.
Si Colombia tuviera que explicar su puntaje, diría que, en general, es insuficiente. Aunque Colombia tiene un desempeño comparable con otros miembros de la OCDE en términos de apertura del mercado, en todos los demás puntos el desempeño de la política pública es muy baja en comparación con otros miembros.
En las medidas disponibles, el acceso, el uso y la sociedad son principios en los que Colombia no ha invertido el mismo esfuerzo que en la apertura del mercado. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué le espera a un país que tiene las puertas abiertas para el mercado digital, pero no cuenta con un enfoque integral para que el crecimiento económico trabaje para el bienestar?
La respuesta es que estamos frente a la fórmula para el desastre. Las tecnologías digitales son herramientas que transforman las velocidades, los lenguajes y las lógicas de la economía mundial. Así, en un país como Colombia con una inequidad rampante que supera el problema de ingresos y pasa a una discriminación sistematizada del Estado y de la economía legal, la transformación digital puede ampliar brechas y traer beneficios focalizados en los mismos de siempre, mientras se explota y se excluye a los otros. En este punto es que se debe basar una política pública que apunte al bienestar colectivo y trate de cerrar las brechas sociales.
En Fundación Karisma hemos trabajado diferentes temas que rozan la visión transversal de la OCDE y nos invitan a reflexionar sobre cómo está utilizando la transformación digital el gobierno colombiano.
Analicemos con más detalle algunos de los puntos evaluados.
- Acceso
En primer lugar, en términos de acceso a tecnologías digitales y su uso para el bienestar social, Colombia tiene el peor desempeño de toda la OCDE. A pesar de que los gobiernos en Colombia han reconocido esta brecha digital, su respuesta ha sido fortalecer a los operadores privados y comprar dispositivos para repartir en zonas apartadas sin un enfoque integral que permita trabajar con las comunidades en la conectividad, el aprovechamiento, el crecimiento económico y el bienestar social.
Desde hace varios años, como lo muestran las columnas de nuestra directora en La Silla Vacía, los gobiernos han tratado proponer una visión convergente de las tecnologías para tratar de fortalecer el sector TIC. Recientemente, el Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se montó en la narrativa de cerrar la brecha digital, pero su enfoque acentúa un problema que siempre ha estado presente para el desarrollo de servicios públicos en Colombia y es la incapacidad de reconocer a las comunidades y a los territorios como actores de esta transformación.
La visión del proyecto del Gobierno ha sido cerrar la brecha digital dando más beneficios a las grandes empresas para promover que la conexión llegue a las poblaciones más apartadas. Sin embargo, las lógicas del mercado no permiten que la baja demanda de las zonas rurales justifique las grandes inversiones. Es decir, el mercado no llega por falta de protección a la inversión, sino porque los espacios apartados han sido discriminados por el mercado, pues no tienen la población o el poder adquisitivo para pagar los servicios. En ese sentido, la lógica de fortalecer a las compañías para esperar que, algún día, cierren la brecha digital no se sostiene en un país como Colombia.
Igualmente, la perspectiva del Gobierno solo incluye a las grandes empresas como actores que pueden llenar las necesidades de conectividad de las zonas apartadas y definen a las comunidades como actores pasivos que están esperando las conexiones. Sin embargo, múltiples esfuerzos han mostrado que las comunidades apartadas, ante la discriminación y persecución sistemática del Estado, buscan alternativas para conectarse por medio de redes comunitarias y pequeños operadores. Ahora bien, el Gobierno no reconoce su lugar como actores e inclusive, pone nuevas barreras legales para el desarrollo de estos proyectos que buscan achicar las inequidades de acceso a las tecnologías. Una ley que plantee cerrar la brecha digital debe ser flexible y trabajar con las comunidades para que accedan a todas las herramientas para conectarse y utilicen el espectro regulado de acuerdo a sus necesidades. El Estado tiene una deuda histórica con estas comunidades y no puede haber políticas de inclusión mientras no se escuche a la comunidad y se comprenda sus necesidades.
- Bienestar e inclusión social
En segundo lugar, en términos de bienestar e inclusión social, Colombia no ha sido capaz de utilizar la transformación digital para disminuir las inequidades sociales y el panorama que ofrecen las mediciones es desalentador. La OCDE, gracias a la participación activa de la sociedad civil, ha reconocido que la transformación digital está afectando de formas diferenciadas a los grupos más discriminados de la sociedad. Por esto, la medición se basa en la inclusión de los sectores de bajos ingresos en las tecnologías digitales, las mujeres jóvenes que están en el área de programación como carreras para transformar su condición social, la inclusión de los adultos mayores en el mundo digital y el desempeño de los estudiantes en las habilidades necesarias en los nuevos mercados digitales.
De esta forma, notamos que, en Colombia, la transformación digital no ha incluido un enfoque que trate de disminuir las inequidades sociales y que asegure que las tecnologías no vengan a aumentarlas. Como se dijo, el acceso a las tecnologías digitales ha sido el más bajo de los países de la OCDE y la brecha entre la ciudad y el campo continúa latente en los servicios más básicos. A pesar de que el Estado ha tratado de ofrecer subsidios a la demanda, de llevar puntos de Wifi públicos a los municipios apartados y poner puntos de alfabetización digital, el camino sigue siendo amplio y las políticas públicas no incluyen un enfoque de oferta subsidiada que arranque desde las comunidades más excluidas hacia los centros urbanos. En otras palabras, nuestra política pública sigue pensándose por y para las ciudades, y el Estado continúa con un foco de discriminación a los espacios rurales lo que, en últimas, continua con mecanismos urbanización forzada que han estado presentes en toda la historia del Estado moderno colombiano.
Las políticas de inclusión digital toman enfoques totalizantes que desconocen una inequidad de género que se empeora con otros problemas sociales. Por esto, los esfuerzos para la inclusión digital no se ven reflejados en mujeres y personas no binarias empoderadas para debilitar las estructuras sociales patriarcales. En términos de acceso, a pesar de que el Gobierno reconoce la brecha de género en los espacios rurales, la situación de las mujeres rurales no está incluida en el proyecto de Ley TIC que buscar un cierre efectivo de la brecha digital. Igualmente, las mujeres jóvenes no ingresan a trabajos y espacios que pueden transformar su condición de exclusión y el Estado no colabora con un enfoque diferencial para romper esas brechas. Igualmente, los pocos esfuerzos para reducir la violencia de género en espacios digitales son ineficientes por su enfoque moralista para que los grupos marginados puedan ser partícipes. Considerando que la transformación digital está generando modificaciones en los modelos productivos, la falta de presencia en estos espacios se traduce en una continua exclusión que no rompe las bases económicas del patriarcado. Incluir las preocupaciones de género es la forma de asegurar que no haya retroceso en el camino del empoderamiento y de lograr bienestar social para todas las personas.
- Transformación del trabajo
En tercer lugar, un tema directamente conectado con el punto anterior es la transformación del trabajo. La educación en Colombia, a pesar de reconocer la importancia de las tecnologías digitales, ha sido incapaz de apuntar a donde es más necesaria. Como lo menciona la OCDE, la transición de los trabajos va a afectar, especialmente, a personas que realizan trabajos menos cualificados, es decir, a los grupos más vulnerables. Sin embargo, la educación no ha fortalecido las habilidades para el mundo digital en las instituciones donde estudian los grupos de bajos recursos. Además, no contamos con sistemas suficientes de educación permanente que permitan que trabajadores no cualificados empiecen a adquirir habilidades que les abran nuevas vías de ascensión social. En otras palabras, estamos educando para habilidades mecánicas que ya no son necesarias para la economía digital, estamos negando al estudiantado de los conocimientos técnicos básicos para esos sistemas productivos y no contamos con mecanismos para facilitar la transición laboral.
La transformación laboral requiere de grandes esfuerzos para preparar a la población. Aunque ya existen algunos, no tienen como objetivo esencial cerrar las brechas de género y sociales. Es decir, la educación y la adquisición de habilidad debe llegar a las personas que realizan trabajos que estarán más afectados, a las mujeres y grupos no binarios, y a otros grupos marginados de la economía y los servicios sociales.
- Confianza
Finalmente, el tema de la confianza resulta esencial en el modelo de economía digital que propone la OCDE. Alineados con el Reglamento General de Protección de Datos europeo, la OCDE apunta a una economía digital basada en la confianza individual del consumidor en la empresa que trata sus datos solo con los fines autorizados por el consumidor. Así, la confianza de las personas en las compañías resulta un elemento clave para la economía digital a la que apuesta la OCDE.
A pesar de que Colombia cuenta con una Ley de Protección de Datos (1581 de 2012), el problema de la privacidad y la seguridad digital escapa a su texto. Por esto, tenemos diferencias con la visión individualista y del consumidor que ofrece la OCDE. Por un lado, el consenso individual y la visión de los datos como productos que me pertenecen y puedo intercambiarlos por servicios desconoce los límites de los derechos humanos y los beneficios colectivos. Por otro lado, la visión de la confianza al consumidor desconoce que, en términos de explotación de datos personales, las empresas no son el único actor, sino que los Estados también están ahí. Por esto, la relación de confianza consumidor-empresa no puede ser la que defina la relación ciudadano-Estado, pues el sector público tiene un deber con las personas que excede la oferta de productos y servicios.
En Colombia tenemos una autoridad de protección de datos sin los poderes y recursos suficientes para evitar los abusos de empresas. Sin embargo, el problema más grande está dentro del mismo Estado. El texto de la Ley tiene excepciones para los tratamientos de datos personales sensibles por parte de entidades públicas. Igualmente, la autoridad de protección de datos para el sector público está ausente y los abusos de las fuerzas de seguridad son comunes. De esta forma, el Estado recoge los datos personales que considere necesario pasando por encima de los derechos humanos.
Además, hace tratamiento de estos datos de formas indiscriminadas y crea políticas que apuntan a fomentar un sistema de vigilancia que escapa a los controles de la proporcionalidad y la necesidad de las acciones.
En un país en el que el Estado ha abusado de sus poderes para pasar por encima de los derechos humanos de la población resulta difícil pensar que, sin los controles adecuados, pueda haber una relación de confianza entre ciudadanía y Estado. En este caso, es clave un Estado transparente con el uso de datos, consecuente con los principios de necesidad y proporcionalidad, que establezca un diálogo honesto con los actores involucrados, con justicia garantista de los derechos ciudadanos y con controles fuertes contra los abusos de cualquier actor de la economía digital.
A modo de conclusión
Consideramos que el Gobierno colombiano no puede continuar con sus errores históricos de pensar primero en la apertura del mercado y el crecimiento económico. La transformación digital ofrece grandes oportunidades a los gobiernos para disminuir las inequidades, pero, para lograrlo, su enfoque tiene que ser pensando para disminuir las brechas, rompiendo dinámicas estructurales de discriminación y con enfoques diferenciales que arranquen desde la situación de los grupos marginados. La construcción de políticas públicas debe seguir estas lógicas de forma integral y transversal mientras que se incluye a la sociedad civil para una construcción conjunta basada en las necesidades de las comunidades y no en los intereses de las grandes empresas y los partidos. A nivel nacional, creemos que el Gobierno debe reconocer la transversalidad de lo digital en cualquier área de política pública, pero siempre asegurándose de utilizar esta perspectiva para cerciorarse de que la transformación digital trabaje para el bienestar social y no para acentuar la inequidad.
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