Por Carolina Botero
Mientras procesamos la primera ronda de las presidenciales y nos preparamos para una segunda y polarizada visita a las urnas, el saliente presidente Santos tiene todo listo para meter un gol en el Congreso.
En sesión conjunta del 29 de mayo, las comisiones sextas de Senado y Cámara iban a “socializar” una iniciativa legislativa del Ministerio TIC para crear el regulador convergente. Aunque los congresistas aplazaron la audiencia pública, se prepara la votación para la próxima semana. No entiendo por qué tanto afán.
El regulador convergente será la autoridad única en el sector de telecomunicaciones que recoge a la radio, la televisión, la internet, las redes, etc. Esta ley no es cualquier cosa: regulará un entorno muy sensible de la vida en democracia. Amigos de internet, piensen que en EEUU ese es el rol de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) y por eso la trascendencia de las decisiones que tomará incluyen temas tan sensibles como la neutralidad de la red, que, por cierto, es un gran vacío en el proyecto.
La importancia del tema no se compadece con el afán y la ausencia de debate parlamentario que está teniendo.
El proyecto de ley lleva mensaje de urgencia porque es un requerimiento de la OCDE. Pero, si Colombia ya está en el club de la OCDE, si tan solo tiene tres semanas preelectorales, ¿para qué pasar una ley que está pendiente hace décadas?, ¿qué diferencia hace correr ahora a regular o dejar que lo haga el nuevo gobierno? Me temo que esa es la pregunta del millón. ¿Será que responde simplemente al deseo de Santos de tomarse esa foto?
En la sesión del pasado martes, se esperaba que el Gobierno hablara del proyecto y que dieran su opinión representantes de diferentes gremios, canales regionales y algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero el clima en el salón no era precisamente de escuchar. Al final, la gran mayoría de los congresistas –interpretando la tensión– votó por aplazarla.
En el Congreso también hablaron de afán no justificado, de la ausencia de los ponentes –que no llegaron a la cita– y la falta de la ponencia para Cámara, que no permitían un debate informado. Varios indicaron que era evidente que se necesitaba escuchar y trabajar más el texto, pues la nutrida asistencia de opositores daba cuenta de graves falencias en su discusión.
Ninguno de los congresistas defendió la iniciativa. Unos cuantos intentaron un tibio salvavidas sugiriendo permitir que avanzara la audiencia para escuchar a quienes asistimos, aun cuando estaban de acuerdo con aplazar la audiencia. Creería que ese desenlace enviaba un mensaje claro que compartimos la mayoría de los presentes: el tema está crudo.
Empecemos diciendo que el texto que está en trámite no tiene nada que ver con el que se radicó y discutió en varios eventos hace unos meses. El nuevo texto vio la luz hace poco y no ha sido discutido.
En línea con las recomendaciones de la OCDE al país, este proyecto crea la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones (ANRC), fusionando la CRC y la ANTV y eliminando a miembros del Gobierno del órgano administrativo. En contravía con lo que ese órgano propone, algunas de facultades de gestión, vigilancia y control del sector que ejercen hoy estas entidades se transfieren al poder ejecutivo:
- Protección de los usuarios a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC; art. 6).
- Facultades de vigilancia y control al MinTIC, con excepción de las relacionadas con el espectro, que quedan a cargo de la Autoridad Nacional del Espectro (ANE; art. 6).
- Administración del régimen de uso y explotación del espectro a la ANE (art. 7).
- Administración de los fondos al MinTIC (art. 7).
- Registro de la información relevante en tecnologías al MinTIC (art. 11).
El proyecto cuenta con 17 artículos que son insuficientes para regular al sector. Un problema a resaltar está relacionado con la composición de la Junta de Expertos Comisionados de la ANRC. Por ejemplo, sus miembros responden a unas profesiones concretas, dejando de lado a humanistas, profesionales de las comunicaciones y personas preocupadas por los derechos humanos. Además, solo quedan representados dos sectores: sociedad civil y académicos. ¿Dónde queda el sector privado? ¿Entrará al ruedo como sociedad civil o simplemente quedará fuera?
Los congresistas fueron bastante enfáticos en dejar el tema al nuevo Gobierno. Consideran que no hay tiempo para que esta iniciativa prospere en el ocaso de esta presidencia. A pesar de esto, el Gobierno insiste. Ya se presentó la ponencia de Cámara que estaba pendiente y se dice que la votación será convocada para el martes a las 9:00 am. Si se hace así, ¿ni siquiera se escuchará a la gente en audiencia?
Haciendo prospección a largo plazo, esta debería ser una ley ambiciosa y no lo es, ni el Gobierno parece estar interesado en discutirlo. En suma, se trata de decir: “sí a la regulación, pero no así”. Mientras pensamos “Duque o Petro”, Santos de túnel mete ese gol a pupitrazo.
Publicada en El Espectador
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Fundación Karisma, la Fundación para la Liberta de Prensa – FLiP y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario – ISUR, presentaron ante el MinTIC y congresistas de la comisión sexta, comentarios acerca del proyecto de ley No. 174 Cámara – 224 Senado y sus dificultades para satisfacer exigencias de la OCDE en materia de regulador convergente. Conoce el documento aquí.
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