¿Cómo así que se metieron al perfil de al lado?
El 21 de noviembre de 2019 comenzó un paro nacional en Colombia. Esa noche, en Cali, se propagó el pánico a través de redes sociales con rumores sobre “vándalos” que supuestamente ingresaban a unidades residenciales. En respuesta, algunos habitantes salieron con palos y armas de fuego para defender sus propiedades. Ante esta situación, el 22 de noviembre, el presidente Iván Duque ordenó un toque de quda. Lo ocurrido en Cali se replicó la noche siguiente en Bogotá, la capital del país.
Durante esta coyuntura, en Colombia se construyó una visión criminalizatoria y estigmatizante de la protesta social. Esto llevó a que cientos de personas manifestantes fueran vinculadas a procesos judiciales, asociándolas con delitos como terrorismo y concierto para delinquir, con penas de hasta 40 años de cárcel. La Directiva 0002 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación ratificó esta visión: según la misma institución, ese año se realizaron 537 capturas por hechos relacionados con las protestas.
La implementación de herramientas tecnológicas para labores de investigación de la Fiscalía se volvió cada vez más común: desde investigaciones en medios digitales y fuentes abiertas de internet, hasta el seguimiento a perfiles de redes sociales, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea.
Hasta la fecha, cientos de personas han sido judicializadas por hechos ocurridos durante los paros nacionales de 2019 y 2021. Muchos de estos casos se mantienen en curso actualmente.e
Un nuevo enfoque
La Directiva 0001 de 2024, expedida por la actual fiscal Luz Adriana Camargo, buscó proteger la protesta pacífica, señalando que esta no debería ser objeto de prejuicios ni discriminación. Esto demuestra un interés por parte de la institución en promover iniciativas acordes con la garantía de los derechos humanos.
Además, la Fiscalía solicitó revocar la condena de una de las personas involucradas en los casos analizados en el informe, argumentando que: “a partir de inferencias prejuiciosas, la condena contra Greissy Perilla Vargas se construyó con discursos estigmatizantes que falsean la libertad de asociación, reunión o participación política, permitiendo así indebidas expansiones punitivas en la interpretación de los delitos de concierto para delinquir y terrorismo en contextos de protesta social”.
Estos cambios de enfoque en la política criminal de la institución ocurrieron después del periodo de realización del informe y antes de su publicación.
Consideramos que esta investigación sigue siendo útil para organizaciones que acompañan procesos judiciales a personas imputadas durante los paros nacionales de 2019 y 2021. Del mismo modo, reconocemos la importancia de promover políticas públicas que no dependan de coyunturas sociales o políticas, sino que garanticen de manera continua el derecho a la manifestación, la libre expresión y la libre asociación.
Sobre el informe
Se están metiendo al perfil de al lado: Análisis de la política criminal y el uso de tecnologías para judicializar personas durante los paros nacionales de 2019 y 2021 en Colombia documenta el uso de tecnologías digitales por parte de las autoridades colombianas para criminalizar la participación ciudadana en las manifestaciones de 2019 y 2021.
El informe fue realizado gracias a la participación de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). La metodología de investigación incluyó el mapeo y análisis normativo de la protesta social en Colombia, el estudio de la política criminal referente a protesta en los últimos años, análisis del discurso de las declaraciones de los jefes de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa durante 2019-2021, el envío de solicitudes de información a la Fiscalía General de la Nación, la realización de entrevistas semiestructuradas a organizaciones defensoras de derechos humanos, y un análisis de jurisprudencia penal a través de casos de estudio.
Dentro de los hallazgos de la investigación se encontró una presencia constante del sesgo de confirmación en las labores de investigación de la Fiscalía General. Se confirmaron ideas preconcebidas que criminalizaban la protesta social, además se implementaron técnicas de investigación relacionadas con crímenes graves como terrorismo y concierto para delinquir, desproporcionadas para casos de protesta.
Los paros nacionales de 2019 y 2021 marcaron un punto de inflexión en la historia de las manifestaciones sociales en Colombia. Este informe documenta cómo las autoridades utilizaron tecnologías digitales para criminalizar la participación ciudadana durante estas protestas. A pesar de los recientes cambios en la política criminal, la documentación de estos patrones de criminalización sigue siendo fundamental para defender los derechos humanos y garantizar que la protesta social no vuelva a ser criminalizada sistemáticamente en Colombia.
Accede al informe completo aquí
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