¿Y si perdimos la confianza, perdimos los derechos humanos en internet? : Fundación Karisma

Por Pilar Saenz

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una nueva resolución que aborda el tema de los derechos humanos en Internet. Nombra como antecedentes varias de las declaraciones previas de las relatorias para la libertad de expresión y la privacidad; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Foros de Gobernanza de Internet, entre otros, para reafirmar la importancia del modelo de múltiples partes interesadas en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Internet. En la declaración se exhorta a los estados a que:

promuevan y faciliten la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios y las TIC
fomenten la alfabetización digital y faciliten el acceso a la información en Internet; acaben con la brecha digital particularmente la brecha entre géneros
adopten medidas para diseñar, desarrollar, producir y distribuir tecnologías accesibles para las personas con discapacidad;
aborden las preocupaciones relativas a la seguridad en Internet para garantizar la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad y otros derechos humanos en Internet
consideren la posibilidad de formular, mediante procesos transparentes e inclusivos con la participación de todos los interesados, y adoptar políticas públicas nacionales relativas a Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute universal de los derechos humanos.

La declaración condena todos los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet y condena las medidas que impiden u obstaculizan el acceso o la divulgación de información en línea.

Dentro de los preliminares de la declaración, llama la atención la mención a la importancia de generar confianza en Internet. Este es un tema que, en general, pareciera salir de la esfera comercial o de la publicidad. Usualmente se asocia la necesidad de generar confianza con la posibilidad de tener credibilidad para vender algo, o generar confianza en un producto. Sin embargo encontrar esta afirmación entre las consideraciones de la declaración es una buena noticia; sobre todo cuando se especifica que dicha confianza se genera para ejercer “la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos,” y para que “Internet alcance su potencial como, entre otras cosas, facilitador del desarrollo y la innovación, mediante la plena cooperación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad técnica y el mundo académico”. Así, esta confianza tiene que ver con Internet como medio para el ejercicio de derechos fundamentales y en considerar la responsabilidad de soportar Internet como un espacio gestionado por múltiples partes interesadas.

La confianza en este caso tiene otro tipo de correlatos diferentes al comercial, aunque lo incluyen.

Quizás es más fácil entender qué cosas han hecho que, como ciudadanos, dejemos de tener confianza en Internet como un espacio para el ejercicio de derechos y así quizás podamos identificar temas en los cuales es necesario incidir para lograr que Internet sea, efectivamente, esa nueva plaza pública que democratiza el acceso al conocimiento y el ejercicio de derechos.

Nos encontramos con amenazas constantes a la libertad de expresión: La libertad de expresión no solo se debe entender como la posibilidad de declarar nuestras ideas sino también de acceder a información para formar nuestro criterio. En esa línea, el problema no es solamente la censura también hay amenazas para la libertad de expresión en línea, por ejemplo, cuando no hay acceso, cuando hay bloqueos que impiden a algunos conectarse y cuando se filtra información para parcializar la opinión. En el mundo de Internet estas tres amenazas son constantes:

La primera cuando no se cuenta con infraestructuras robustas pensadas en facilitar el acceso a la mayor parte de la población y no solo a aquellos que pueden pagar el servicio. Las brechas digitales precisamente provienen de ese hecho. Son una extensión de las brechas sociales que se perpetúan al impedir el acceso a la información y al conocimiento a los grupos más vulnerables y necesitados.

La segunda, los bloqueos, pueden estar amparados en todas las buenas razones que se nos ocurran, la seguridad nacional o proteger a la infancia, pero siempre deben pasar la prueba de no restringir innecesariamente ni desproporcionalmente la libertad de expresión. Caben aquí: desde los países que cortan Internet en época de elecciones o movilizaciones; hasta los que creen que bloqueando celulares y por tanto bloqueando la principal vía de acceso a internet de ciudadanos inocentes van a impedir el hurto de equipos.

De la tercera, filtrar contenidos es tan terrible cuando lo hace un país, para impedir que alguna información esté accesible en su territorio, como cuando son las empresas que deciden por sus usuarios a que pueden tener o no acceso. Quedan muchas preguntas en el aire ¿Qué confianza generan los planes de expansión de infraestructura de conexión? ¿Qué confianza se tiene en los acuerdos comerciales para brindar acceso parcial a Internet? ¿Qué confianza tenemos en los algoritmos que usan las empresas para privilegiar la información que muestran a sus usuarios?

Estamos enfrentados a un estado perpetuo de vigilancia de nuestras actividades en línea: Tras las revelaciones de Snowden en 2013, se volvió visible el problema de la vigilancia masiva de las comunicaciones. Un problema del que ya teníamos noticias. En Colombia fue evidente durante las denuncias de las chuzadas del DAS y más recientemente con los escándalos de Andrómeda y de Hacking Team. En la práctica parece que estuviéramos acostumbrados a ceder muy fácilmente nuestra privacidad a favor de una falsa sensación de seguridad. Las amenazas a la privacidad son tan variadas y la narrativa de la necesidad de seguridad tan imperante que muchas veces ni se notan. De nuevo miremos algunos ejemplos. La proliferación de cámaras de vigilancia en espacios públicos, espacios de acceso público y espacios privados es un fenómeno que no se detiene. La mayoría de las personas asocian la presencia de las cámaras con la idea de seguridad y en consecuencia demandan su presencia. Sin embargo, no hay en realidad una disminución de las actividades criminales que se pueda asociar a la presencia de las cámaras. Son pocos los casos en los que las imágenes que se registran sirven como evidencias concluyentes en procesos judiciales y en realidad, mal manejadas y con pocos controles, estas cámaras constantemente violan la privacidad de las personas. Una persona vigilada cambia su comportamiento y por tanto la presencia de cámaras también restringe nuestra libertad de expresión. Podemos pensar que la vigilancia continua obedece a una ausencia de confianza en el comportamiento de todos. ¿Es aceptable desconfiar todo el tiempo, en todo lugar, de todo el mundo? Y más allá, ¿se justifica conectar las cámaras a Internet para hacer un seguimiento constante de todos, todo el tiempo? El registro indiscriminado de información personal y sensible y un manejo descuidado de esta información por parte de autoridades y empresas también es un problema para la privacidad. Estamos mal acostumbrados a dejar nuestros datos personales, foto, huella, firma, número de identificación, número de teléfono, etc, etc, en cuanto lugar (físico o virtual) nos lo pidan. ¿A dónde va toda esa información, ¿por cuánto tiempo es mantenida?, ¿quiénes tienen acceso a esos datos y para que los utilizan? ¿Podemos confiar en las empresas que tienen esta información? ¿Podemos confiar en que el estado no abuse de la información a la que puede acceder?

En Internet también se manifiestan y amplían las brechas, exclusiones y odios presentes en otros espacios físicos: Se reconoce Internet como un medio que posibilita el desarrollo, sin embargo también es un espacio donde ese desarrollo no se expresa de la misma forma para todas las personas. Las barreras artificiales impuestas por intereses comerciales en detrimento de la posibilidad de acceso se vuelven aun más pesadas para comunidades vulnerables. Pensemos en los ciegos, hasta hace muy poco de mil libros que se encontraban en el país tan solo el 1.5% eran accesibles para esta comunidad. En Colombia se avanzó con la ley 1680 de 2013 que incluye una excepción a la ley de derechos de autor que facilita que los ciegos puedan reproducir, distribuir, y adaptar obras sin permiso y de forma gratuita pero quedaremos rezagados frente al estándar internacional si no ratificamos el tratado de Marrakech. ¿Podemos confiar en que las empresas o las entidades del estado por voluntad propia van a crear contenidos accesibles? ¿Podemos confiar que en la negociación de tratados internacionales, como los de libre comercio, se privilegie el interés público de todos y no el interés comercial de unos pocos? En cuanto a las brechas y problemáticas relacionadas con la violencia de género, se ha identificado Internet como un nuevo medio donde se perpetúan las mismas exclusiones y se repiten los mismos mismos actos de violencia (invisibilización, estigmatización, revictimización, acoso, discursos de odio y un largo etcétera) en contra de las mujeres, las comunidades LGTBIQ y otros grupos vulnerables. ¿Podemos confiar en que se construirán políticas públicas en gobierno, términos y condiciones de servicio en plataformas, y programas de educación al respecto de forma participativa y con todos los actores interesados?

Finalmente, parte de la ruta para generar confianza en Internet depende en gran medida de la transparencia que acompañe los procesos de construcción de políticas públicas, para el acceso, para la educación, la seguridad, y todos los demás. Incluir mecanismos que faciliten la participación, crear programas que ayuden a la construcción de capacidades de la sociedad para participar en estas discusiones y mantener una documentación de los programas que facilite su seguimiento y evaluación.

Para superar las desconfianzas, las de todos, las personas, las organizaciones, los gobiernos, las instituciones y las empresas, y las de todo tipo, por miedo, por desconocimiento, por prejuiciosos o cualquiera otra razón, no basta con buenas intenciones, hay que abrir el debate para construir la política pública, las regulaciones, los proyectos. En cada caso es necesario escuchar a todos, sopesar los argumentos y luego tomar decisiones. En esos procesos, para todos los otros actores deben ser claras las reglas de juego y todos deberían manifestar sus intereses. Se deben facilitar canales de participación para las múltiples partes interesadas. Se debe poner a disposición la documentación del caso. Sin transparencia no hay confianza y sin confianza no hay garantías para el ejercicio de derechos humanos.