Por Joan López
El Departamento Nacional de Planeación- DNP- creó un sistema de vigilancia centrado en excluir a las personas en situación de vulnerabilidad. Con este, también se da permiso para que Datacrédito y las instituciones financieras usen los datos de esta población para fines distintos de la protección social. Ahora todo lo que las personas en el Sisbén digan podrá ser juzgado sin antecedentes ni derecho a explicaciones.
Desde 2015, el DNP inició un proceso de análisis para depurar las bases de datos del Sisbén utilizando otras del Estado. El análisis utilizó la base de datos de pensiones y de salud para reclasificar a 653 mil casos por altos ingresos y por fallecidos. Este proceso estuvo acompañado de una estrategia mediática donde se mostraba cómo el DNP utilizaba tecnologías digitales para luchar contra los “colados” que presentaban como el problema central del sistema.
En 2016, como se explicó antes, se hicieron dos cambios en el Sisbén. Uno de estos fue crear un sistema de intercambio de información con 34 bases de datos públicas y privadas para verificar los datos que reporta la ciudadanía. La encuesta para el Sisbén IV se amplió con nueva información de la vida financiera de las personas e incluyó una cláusula en la que la negativa a suministrar información deriva en la exclusión del sistema y donde dice que cualquier inconsistencia en los datos puede llevar a acciones legales y administrativas. Algunos datos que se van a verificar son:
El cambio estableció la etiqueta “en verificación” en la que el DNP informa a la entidad territorial cualquier inconsistencia en la información. A partir de ahí, le corresponde a los municipios informar a la persona de la situación y decidir sobre la exclusión de los registros por un acto administrativo o, en su lugar, solicitar una nueva entrevista para reclasificación. Dentro de los seis meses siguientes al aviso del DNP, si la entidad territorial no soluciona la inconsistencia, se comunicará la exclusión de los registros a las entidades que manejan programas sociales y se procede a retirar los beneficios.
El DNP determinó varias causales para poner las personas de la base de datos “en verificación” que incluyen:
- Cambios de residencia sin que se pida una nueva encuesta.
- Cambio no justificado de información que determine el DNP.
- Registro de ingresos superiores a los valores determinados por el DNP.
- Novedades en condiciones socioeconómicas no reportadas.
- Inexactitudes o incongruencias de la información.
- Cualquier otra inconsistencia que considere el DNP.
El Sisbén para la explotación financiera
De los convenios para contrastar datos el que más llama la atención es el de la multinacional Experian para la utilización de bases de datos de la calificadora de riesgos financieros de Datacrédito. El acuerdo beneficia a las dos partes. El DNP tendrá acceso a la información financiera de los titulares que estén registrados en las bases de datos de DataCrédito para buscar inconsistencias en los registros del Sisbén. A cambio, Experian puede utilizar la información no reservada de las personas que le serviría para el desarrollo de aplicaciones y servicios que serían utilizados por instituciones bancarias del país. No se sabe cuál es la información no reservada a la que Experian accederá.
Los datos de Experian a los que el DNP podrá utilizar incluyen:
El acuerdo entre el DNP y Experian para el tratamiento de datos personales del Sisbén es problemático desde la protección de datos. El principio de finalidad exige que el tratamiento responda sólo a los fines para los cuales los datos fueron entregados. Las personas compartieron su información para la asistencia social y no para la explotación económica del sector financiero.
La vigilancia injusta y el análisis de datos para excluir
El afán por la eficiencia del DNP colocó a las personas en condición de vulnerabilidad en una vigilancia que otras comunidades no deben experimentar. El sistema está diseñado para dudar de cada detalle de los datos que las personas en condición de vulnerabilidad le entregan al Estado.
En ese sentido, tenemos un sistema construido para excluir y no para incluir. No sorprende que las personas sientan miedo de entregar sus datos pues temen que su puntaje cambie y les quiten los beneficios de los que dependen. Es un sistema que usa la tecnología para el miedo y que pone en duda la buena fe de las personas. Así, la culpa de los problemas de la base de datos del Sisbén y las fallas de la política social termina cayendo sobre las personas vulnerables que necesitan del sistema.
Si quieres entender mejor de qué se trata este caso, te invitamos a revisar nuestros blogs explicativos:
¡No pueden ser tantos pobres! La exclusión de personas beneficiarias con analítica de datos.
Para saber más sobre esta investigación, puedes revisar: Experimentando con la pobreza: El SISBÉN y los proyectos de analítica de datos en Colombia.
O puedes descargar el informe directamente aquí
Consulta los documentos fuente de la investigación en este link.
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