Comunicado de prensa
Bogotá, 31 de agosto de 2015
Un nuevo informe muestra cómo Colombia tiene un sistema de vigilancia de comunicaciones poco transparente, con capacidad para hacer vigilancia masiva de una forma que no está prevista en la ley. El informe muestra los resultados de una investigación realizada por Privacy International, una organización británica que trabaja en defensa de los derechos humanos, que mira la tecnología de vigilancia presente en el país a la luz de las normas de inteligencia vigentes resaltando las posibles intrusiones a la privacidad por gobiernos y empresas.
El informe titulado “Un Estado en la sombra: la ley de vigilancia y orden público en Colombia” revela, a través de documentos inéditos, la larga historia de desarrollo de diferentes sistemas de vigilancia por parte de agencias de policía y servicios de inteligencia colombianas como la Dipol y la Dijin. Además, explica de qué manera los sistemas de inteligencia en Colombia interceptan las comunicaciones de la población común sin que haya una investigación fundamentada para hacerlo.
Carolina Botero de la Fundación Karisma indicó sobre el informe que: “Después de todos los escándalos graves que han conmocionado al país y muchas promesas acerca de endurecer el control sobre las actividades de inteligencia y de policía, nos enteramos de que las autoridades colombianas, de hecho, tienen capacidades de vigilancia masiva sobre las comunicaciones móviles y de Internet. En este punto, es claro que hay un largo camino por delante para que la inteligencia y la investigación penal se adelanten con estándares de derechos humanos y para que nosotros, como sociedad civil, continuemos haciendo nuestro trabajo señalando estos abusos.”
En lugar de construir un sistema bien regulado de vigilancia, después de que Colombia tuvo que desmantelar su agencia de inteligencia (DAS), este informe muestra que una variedad de agencias tienen como objetivo ampliar sus capacidades de vigilancia. “Todos pensamos que la historia de vigilancia ilegal y abusos del poder en Colombia está bien documentada. Sin embargo, este informe muestra que aún hay prácticas por exponer, sistemas a revelar y preguntas por ser resueltas”, afirmó Matthew Rice de Privacy International.
Lo que el informe demuestra
Al no estar autorizados por la ley, estos sistemas de vigilancia no son públicos. En otras palabras, la ciudadanía no conocen su alcance y por eso hay vacíos frente a las capacidades que tienen, cómo y qué hacen.
El informe de Privacy International muestra que la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) adquirió y desplegó su propio sistema automatizado de vigilancia masiva de las comunicaciones, por fuera de la autoridad legítima. Dicho Sistema Integral de Grabación Digital (SIGD) comenzó su desarrollo en 2005 con el propósito de controlar las redes de telefonía móvil 3G, así como líneas troncales, monitoreando las comunicaciones de voz y de datos en todo el país. El sistema fue construido para separarse del existente, conocido como ‘Esperanza’ (sistema de interceptación sobre blancos específicos). Recordemos que la DIPOL estuvo involucrada en escándalos luego de que se reveló cómo usaban sus sistemas de inteligencia para vigilar a personas opositores, activistas, abogados y periodistas.
“Las revelaciones sobre el Sistema Integrado de Grabación, un sistema de vigilancia masiva de la División de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL), es especialmente preocupante, ya que se trata de algo sin precedentes. Esta noticia señala graves problemas de transparencia y de control de los gastos en actividades de inteligencia, además de la evidente falta de legitimidad en la implementación de los sistemas de vigilancia masiva en Colombia”, mencionó Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma.
El informe también menciona los sistemas usados por el ya extinto DAS, después de conocerse que la agencia había estado espiando a periodistas, jueces, políticos de la oposición y activistas de derechos humanos que eran críticos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Privacy International espera que este informe aporte para determinar los abusos a derechos humanos que se hayan cometido con el uso arbitrario de los sistemas de vigilancia de las comunicaciones en el país.
Colombia y Hacking Team
Uno de los capítulos más esperados del informe está relacionado con las recientes filtraciones a la empresa Hacking Team, proveedora de malware y software espía a gobiernos de todo el mundo. Privacy International confirma en su informe que Colombia, en efecto, es cliente de la empresa italiana Hacking Team.
“Según los documentos de Hacking Team que se han filtrado, sus tecnologías de vigilancia son muy intrusivas y poderosas, van mucho más allá de la interceptación de comunicaciones y llegan hasta el “hackeo” de los dispositivos móviles de la gente, el acceso a todos sus archivos y toda su información. Para Privacy Internacional es preocupante que ese sea el nivel de acceso que la Policía está buscando tener. Obviamente, estas herramientas pueden ser utilizadas para fines legítimos, como rastrear criminales, redes de narcotráfico o grupos terroristas. Pero esta tecnología no tiene parámetros de protección. En esencia, significa que no hay una clara garantía para nosotros de que se esté haciendo en el marco de la ley”, afirmaron las personas voceras de la organización a El Espectador.
De esta manera, la organización británica le da la razón a la voz de preocupación que la sociedad civil colombiana ha pronunciado al respecto. En el último número del Boletín Digital Rights LAC, Pilar Sáenz y Carolina Botero de la Fundación Karisma explican en detalle cómo gracias a esta compra se fortaleció la capacidad de vigilancia en Colombia.
Fundación Karisma, como organización defensora de los derechos humanos, ha venido siguiendo de cerca los escándalos que involucran vigilancia de las comunicaciones y señalando que el marco legal tiene serios problemas de control sobre las labores que llevan a cabo distintos organismos de inteligencia y de policía judicial. Para la organización colombiana, este informe es un llamado urgente al Congreso a discutir a profundidad la falta de controles que aplican al desarrollo de actividades de inteligencia y de investigación criminal, y que han permitido los abusos documentados.
Informe completo “Un Estado en la sombra: la ley de vigilancia y orden público en Colombia”.
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