Por Juan Diego Castañeda, con la colaboración de
Ya es costumbre que al entrar a un edificio público o privado nos pidan una foto y hasta la huella digital. Estos datos, llamados “biométricos”, tienen una protección especial en la ley y los usan, cada vez con mayor frecuencia, las empresas y el Estado.
Aunque puede haber muchos datos biométricos, en Colombia sólo se ha sancionado a empresas por el uso de huellas digitales y fotografías. El problema principal fueron los requisitos: no se presentaron los avisos necesarios ni se pidió el consentimiento expreso de las personas. Sin embargo, no hay una evaluación de la necesidad y proporcionalidad para la captura de datos biométricos, a pesar de que la Corte Constitucional entendió que pedir y usar este tipo de datos debe ser excepcional y cuando sea indispensable para prestar servicios. Al fin de cuentas, ¿para qué necesita un gimnasio la huella digital de sus clientes? y de ser el caso si lo que se busca es evitar colados en estos espacios ¿no hay otra forma menos invasiva de evitarlo?
Sobre las fotos, la autoridad de protección de datos considera que son datos biométricos sólo si se acompañan de un sistema para procesar las imágenes que permita determinar la identidad de las personas. Si una empresa quisiera analizar las imágenes que tiene de las personas entonces debería solicitar autorización nuevamente para este tratamiento, entre otras obligaciones propias del uso de datos biométricos.
En el sector público el tema es aún más complicado que en el sector privado. Cuando una entidad del Estado cree que debe usar datos biométricos, puede exigir a las personas que entreguen esos datos a través de una ley. Por eso, es importante preguntarnos por qué es necesario pedir este tipo de datos en esos casos y cómo van a monitorear que efectivamente sirvan para estos objetivos. Estas preguntas son todavía más importantes si consideramos que el uso de datos biométricos puede extenderse a muchas otras actividades del Estado. Por ejemplo, hay proyectos como el Sistema Multibiométrico ABIS que permitiría a la Policía el cotejo de información dactilar, facial y palmar en espacios públicos e incluso la identificación de personas a través de videos de cámaras de seguridad.
El uso de biometría no es necesariamente negativo. Por ejemplo, la Corte Constitucional, para garantizar los derechos de las personas, ha dicho que la huella digital se puede utilizar en ciertas ocasiones para verificar la identidad de una persona cuando no tiene documento de identidad. A pesar de que no ha evaluado en detalle si se justifica el uso de los datos, la Corte ha mencionado que verificar la identidad de las personas con la huella digital puede servir para evitar el fraude en la entrega de recursos para poblaciones vulnerables o de salud, señalando ademas que verificar la identidad no siempre tenia que hacerse con la cédula.
El análisis de estos problemas no puede quedarse en el dato mismo. Las huellas digitales no dicen nada por sí solas. Para que los datos biométricos digan algo sobre una persona tienen que estar enlazadas con otra información como su nombre o su número de identificación. En Colombia tenemos dos grandes bases de datos del Estado con datos biométricos: (1) El Registro Nacional del Estado Civil, que contiene huellas dactilares y fotos biométricas y (2) BIOMIG de Migración Colombia, que contiene registros del iris.
Por un lado, el Registro Civil se usa en varios casos como en las votaciones, en el sistema financiero, el acceso a servicios públicos, las notarías o para las actividades de la Policía. Por otro lado, BIOMIG actualmente sólo se usa para el control migratorio automatizado de colombianos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
No hay ninguna garantía de que esas bases de datos no se puedan usar para otros propósitos. Igualmente, no hay protecciones para la recolección de datos biométricos de parte del Estado, si considera que los necesita, los recoge y punto. Luego de recogidos, los datos biométricos cambian de propósito y se inicia un proceso de masificación de su uso.
Los Estados están en un proceso de normalización de la biometría en el que siempre quieren saber quiénes somos y qué derechos tenemos. Así, en el caso del Registro Civil, lo que en un principio fue un registro de votantes se convirtió en la llave de entrada para los servicios del Estado e inclusive, hoy la Registraduría permite que privados verifiquen la identidad de las personas a través de su huella bajo ciertas condiciones.
Como sucede con otras tecnologías, cuando pareciera que usar datos biométricos puede ayudar a evitar el fraude o el malgasto de recursos públicos, debemos bajarle al entusiasmo, identificar bien qué problemas nos ayudan a resolver, diseñar evaluaciones para saber si realmente sirven para resolver estos problemas y estar dispuestos a buscar soluciones alternativas cuando recoger y usar más datos no resulte como esperábamos.
Una análisis legal más detallado y la historia y los usos de las bases biométricas en el Estado colombiano se puede encontrar en el informe: “Biometría en el Estado colombiano: ¿cuándo y cómo se ha justificado su uso?” que realizamos con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.
Descarga el informe completo haciendo click en este link.
También puedes revisar el resumen ejecutivo, descárgalo acá.
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