El 10 de mayo de 2018, en el marco del 30º período de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, toca la revisión de Colombia, lo que es una oportunidad Colombia y otros Estados para declarar qué acciones han tomado para mejorar la situación de derechos humanos en sus propios países, para cumplir sus obligaciones internacionales en la materia.
Colombia se encuentra actualmente en un punto de inflexión, debido al proceso de transición hacia la paz en que se encuentra, tras cuatro décadas de conflicto armado. Esto marca también una oportunidad única para el gobierno colombiano, de evaluar y reforzar su compromiso en torno a la protección de los derechos humanos en el país.
DeJusticia, Fundación Karisma y Privacy International ven un contexto favorable para que el gobierno enfrente y corrija las deficiencias que existen en torno a la protección del derecho a la privacidad, como aparece consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El examen de Colombia el próximo mes constituye una oportunidad para obtener información actualizadasobre la implementación de Colombia de las recomendaciones emitidas el año 2016 por la Comisión de Derechos Humanos, en relación con las deficiencias del actual marco legal en materia de vigilancia efectuada tanto por la fuerza pública como por las agencias de inteligencia.
Estos vacíos legales y reglamentarios es preocupante, dados los reportes de vigilancia ilegal llevada a cabo contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Entre los casos mejor documentados se encuentran la vigilancia telefónica ilegal de la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), por unidades del ejército colombiano (GAULA), la interceptación ilegal de las comunicaciones de los empleados de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y sus familias, así como también la vigilancia dirigida hacia 600 figuras públicas, incluyendo parlamentarios, periodistas, activistas de derechos humanos y jueces, entre otras.
Todos estos temas fueron presentados en el reporte conjunto que enviamos las tres organizaciones, sumado a las preocupaciones acerca de la adquisición y despliegue de tecnologías intrusivas de vigilancia, la ausencia de transparencia y fiscalización independiente de las agencias de inteligencia, y políticas de retención masiva de datos a las que se suman otras iniciativas gubernamentales tales como la creación de registros de teléfonos móviles.
Las organizaciones también desean que la discusión en el marco del EPU considere los aspectos de privacidad involucrados en el proceso de paz, incluyendo la protección de datos sensibles relativos al acuerdo tales como el registro de organizaciones, así como también la necesidad de transparentar los archivos de inteligencia con el objeto de determinar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, incluyendo el uso de métodos de vigilancia y procesamiento ilegítimo de datos por parte de las agencias de inteligencia.
El examen de Colombia ofrecerá una oportunidad para plantear estas preocupaciones ante el gobierno colombiano, y evaluar el nivel de cumplimiento de las leyes, políticas y prácticas del país con los estándares del PIDCP. También puede proveer guías para informar a las autoridades del gobierno colombiano sobre qué medidas son necesarias para proteger efectivamente el derecho a la privacidad en el marco de este proceso histórico.
El reporte de DeJusticia, Fundación Karisma y Privacy International, se encuentra disponible públicamente en inglésy español. Para mayor información sobre el estado del derecho a la privacidad en Colombia, pueden consultar el reporte actualizado ‘The State of Privacy of Colombia’(en Inglés).
Este artículo se encuentra disponible también en Inglés.
Pueden seguir los próximos pasos del EPU en redes sociales usando el hashtag #UPR30 en:
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