La industria de la vigilancia en Colombia al descubierto : Fundación Karisma

Comunicado de prensa

Bogotá, 8 de septiembre de 2015.

“En los últimos años, los medios de comunicación han comenzado a informar del uso y abuso de las tecnologías de vigilancia, que hacen los gobiernos en contra de activistas, periodistas, disidentes y simples ciudadanos. Pero, queda mucho por saber de la industria de la vigilancia”, así inicia el más reciente informe de Privacy International: Demanda y oferta: la industria de la vigilancia al descubierto, que expone a las empresas que han construido sistemas de vigilancia altamente invasivos y que han sido utilizados por el gobierno colombiano.

El informe hace parte de una serie que versa sobre Colombia y es una pieza que aparece como acompañamiento al documento “Un Estado en la sombra: la ley de vigilancia y orden público en Colombia”, publicado recientemente.

En este nuevo informe, la ONG británica indica que, a lo largo del último decenio, el gobierno colombiano ha acudido fundamentalmente a empresas de Reino Unido, Estados Unidos e Israel para abastecerse de equipos de vigilancia. También muestra las amplias relaciones entre el gobierno colombiano y estas empresas, en las que se incluyen, además, representantes de Finlandia y Nueva Zelanda.

Del informe, cabe resaltar la información consignada sobre la falta de autoridad legal para llevar a cabo vigilancia de las comunicaciones de clientes de compañías que proveen sistemas de vigilancia. Además, que la compañía estadounidense Pen-Link y la británica Komcept estuvieron involucrados en el desarrollo del sistema de interceptación de comunicaciones “Esperanza”. Este sistema fue usado por el muy controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que tuvo que ser disuelto por espionaje y acoso a políticos, periodistas, activistas y jueces de la Corte Suprema opositores al gobierno de Álvaro Uribe.

“Es necesario que los gobiernos extranjeros y las empresas fabricantes de tecnología de vigilancia e interceptación tengan en cuenta hasta qué punto la asistencia que prestan o los productos que venden resultan en manos de gobiernos con historial de abuso de derechos humanos”, comentó al respecto Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma.

Las empresas Verint y NICE Systems, de Israel, estuvieron involucrados en la prestación de sistemas con capacidad de vigilancia de Internet para Colombia. NICE Systems participó en la expansión de la Plataforma de Análisis y monitoreo (PUMA), que fue puesta en espera en el 2014 por la Fiscalía debido a las preocupaciones sobre posibles abusos del sistema. Verint tenía contratos con el DAS, DIPOL y la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).

Los contratos de Verint con DIPOL y DAS se dieron por suministro de equipos de vigilancia de comunicaciones que las agencias no tenían autoridad legal para operar de forma independiente. El informe señala que Verint proporcionaba sondas para llevar a cabo vigilancia de redes de comunicaciones para el DAS, incluso después de que la agencia comenzara a ser investigada por sus actividades ilegales. Además, en este reporte podemos ver cómo, en el 2005, la DIPOL contó con suministro de equipos de vigilancia táctica para interceptar datos de teléfonos móviles en áreas particulares.

“Lamentablemente, en Colombia la tecnología de vigilancia de las comunicaciones no solo sirve para mejorar la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad. Jueces, periodistas y políticos de oposición, entre otros, han sido víctimas de persecuciones ilegales en las que estas tecnologías han jugado un papel central” concluye Castañeda.

Privacy International indicó que los informes Demanda y oferta: la industria de la vigilancia al descubierto y “Un Estado en la sombra: la ley de vigilancia y orden público en Colombia” deben leerse juntos para ilustrar el ciclo por el que los países pasan durante la compra de estas tecnologías. Al existir una demanda, se identifica una cadena de suministros y de allí se realizan ofertas. Estas ofertas tienen un efecto directo sobre los derechos de la ciudadanía y su relación con el Estado y sus servicios de seguridad. Esto prueba que es necesario hacer cuestionamientos acerca de este ciclo de demanda y suministros, y la forma en que se pueden colocar dentro de un marco de derechos humanos que garantice que, en el futuro, no puede ser tan fácil para una agencia actuar fuera de la ley.

Fundación Karisma, como organización defensora de los derechos humanos, ha venido siguiendo de cerca los escándalos que involucran vigilancia de las comunicaciones en Colombia y las posibles violaciones al derecho a la intimidad de los colombianos. Para la organización, es importante recordar las palabras del Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza: “de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de programas o sistemas de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación.”

Sin embargo, las investigaciones de Privacy International confirman que las tecnologías de vigilancia, utilizadas por organismos del Estado, ya no pertenece al plano de la ciencia ficción y son una realidad sobre la que aún quedan muchas preguntas y discusiones pendientes respecto a su legalidad y al marco de derechos humanos que parece diluirse en las acciones de ciberseguridad y ciberdefensa en el país.

Informe completo Demanda y oferta: la industria de la vigilancia al descubierto

Informe en español.

Report in English.