Riesgos de una vigilancia estatal descontrolada en Colombia

Los medios colombianos han destapado hace poco un nuevo caso de espionaje que puede comprometer los diálogos de paz con la guerrilla más antigua de América Latina. Este caso se suma a varios históricos y pone al descubierto la ausencia de garantías y las debilidades de un sistema de inteligencia que no tiene suficientes controles, pero abre la puerta para que la sociedad civil actúe.

En 2009, la revista Semana destapó quizá el más grande escándalo de espionaje en Colombia, conocido como las chuzadas del DAS. En esa oportunidad las comunicaciones de periodistas, políticos, magistrados y ONG fueron intervenidas ilegalmente (“chuzadas”) por la autoridad de inteligencia del Estado en hechos que siguen siendo oscuros y que terminaron en la desaparición del DAS (y el paso de muchos de sus funcionarios a la nueva Agencia de Seguridad).  En 2013, los medios llamaron la atención sobre “PUMA”, la plataforma de monitoreo de comunicaciones para investigaciones judiciales y clave para la implementación de la Ley de Inteligencia. En esa ocasión, se evidenció lo poco que sabemos los colombianos sobre el nuevo esquema institucional para las actividades de inteligencia, vigilancia masiva estatal y vigilancia selectiva. Hace 2 semanas, Semana hizo una nueva revelación al desenmascarar una operación fachada de inteligencia militar denominada operación “Andrómeda”, desde donde se adelantaban actividades de vigilancia.

El ejército y el gobierno admiten que desde un local comercial en el que funcionaba un restaurante popular y un “hackerspace”  llamado Buggly se hacía monitoreo del espectro electromagnético, y han afirmado que la operación tenía la necesaria autorización. No obstante, no se han dado las explicaciones necesarias para otras revelaciones que hiciera Semana sobre la intervención de comunicaciones (correo electrónico) a políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en Cuba. Es decir, incluso si se está cumpliendo con los mínimos requisitos para hacer un monitoreo general y abstracto de la red (que en la ley colombiana se limita a una autorización de la autoridad de inteligencia), de probarse que hubo espionaje a personas determinadas, se deberá cumplir con más requisitos para que sea una actividad legítima. Esto, a la fecha, no ha sucedido.

En sus primeras declaraciones sobre el caso “Andrómeda”, el presidente Santos anunciaba una investigación a fondo declarando que “No es aceptable que la inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, contra la oposición política, y menos contra funcionarios del propio Estado”. Sin embargo, reafirmó el uso de la vigilancia masiva para casos de seguridad nacional “porque es a través de la Inteligencia, sobre todo en un mundo que está avanzando tanto en la tecnología, como mejor se protege a un Estado o la seguridad de los ciudadanos” mencionó el primer mandatario, y lo ratificó posteriormente la investigación del propio ejército.

En otra declaración, el presidente afirmó que las fachadas de Inteligencia, como la que se allanó son totalmente lícitas. “Son operaciones de Inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de Inteligencia y eso no tiene nada de irregular”. Sin embargo, hasta la fecha no se ha entregado ninguna prueba de la legalidad de esa actividad de inteligencia.

Es importante resaltar que la ley colombiana plantea pocas instancias de control independiente. Una de ellas reside en la Comisión de Inteligencia del Senado. El 12 de febrero se adelantó la primera reunión reservada en la historia de esta comisión con el Ministro de Defensa para pedir explicaciones sobre “Andrómeda”. De lo poco que se sabe de la reunión, se ha dicho que del cuestionario de más de 60 preguntas, el Ministro sólo respondió 5, que no se presentaron el Fiscal ni la contralora pese a haber sido citados, y varios de los senadores asistentes afirman que las respuestas fueron vagas y dilatorias.

Como se viene denunciando en el resto del mundo tras las filtraciones de Snowden, también en Colombia las normas sobre actividades de inteligencia estatal son muy laxas. La ley colombiana establece 5 años de retención de datos, no hay mecanismos serios de supervisión independiente, los criterios para la autorización de estas actividades la dan los propios investigadores y no funcionarios independientes (de hecho, cuando es necesaria una orden judicial se puede pedir a posteriori), y aún no se han hecho las debidas y correspondientes armonizaciones con la nueva ley de protección de datos. Después del DAS, en Colombia incluso desaparecieron garantías para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

El caso “Andrómeda” despierta otras suspicacias más concretas. La fachada fue un “hackerspace” desde donde se reclutaban jóvenes interesados en “hacking ético” para adelantar actividades de vigilancia sin que supieran el trasfondo (por ejemplo, la primera investigación del ejército reafirma el secreto de la operación y apunta a que la responsabilidad de los encargados de la operación es porque se dejaron pillar). “Andrómeda” contribuye al estereotipo equivocado del “hacker” y estigmatiza a una comunidad que es clave para las actividades legítimas de inteligencia estatal y la protección de la privacidad de la ciudadanía.

Los hechos en torno a “Andrómeda” ratifican la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia con el fin de que se garanticen los derechos humanos. Si bien la expectativa y realidad de privacidad que pueden tener las personas dependen de sus condiciones y realidades propias, esto no significa que como sociedad debamos resignarnos a vivir en una pecera. Todos debemos poder tener un espacio de privacidad que podamos reclamar como propio. Esto es especialmente cierto para políticos en negociaciones de paz, magistrados, periodistas, etcétera. Exigir ese respeto es nuestra obligación.

El pasado 11 de febrero, Karisma se unió a la campaña mundial “El día que dijimos Basta” a través de una campaña local “Internet Sin Chuzadas”. Animamos a todos los usuarios de la red, especialmente a los colombianos, a suscribir a los 13 principios contra la vigilancia masiva, y a hacer un llamado a los políticos para que se comprometan a defenderlos. En esta línea estaremos trabajando para insistir en que la vigilancia debe ser “necesaria y proporcional”,  que la supervisión independiente y la información pública tienen un papel fundamental en los sistemas de inteligencia y que la participación de los ciudadanos, de la sociedad civil, es clave para evitar el abuso de las facultades de vigilancia que están en manos de los Estados.