La pandemia mundial que se ha declarado por COVID-19 ya azota en estas semanas a los países de América Latina y el Caribe. Reconociendo la gravedad de esta crisis de salud y la posibilidad legal de los gobiernos de tomar medidas excepcionales con el fin de controlar la pandemia, es importante recordar que éstas deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos. En ese sentido, nos plegamos al llamado conjunto hecho por los relatores expertos de las ONU que, en una reciente declaración, recuerdan urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al COVID-19 debe ser proporcionada al riesgo evaluado, necesaria y no discriminatoria.
El apego a los derechos humanos también incluye todo desarrollo digital o despliegue tecnológico que, en el contexto de controlar esta crisis de salud, nuestros gobiernos quieran aplicar. Muchos países hoy recurren a las tecnologías digitales para reforzar sus medidas de información, seguimiento y control de las personas que padecen el virus, lo que nos alerta ante sus efectos en los derechos fundamentales de las personas.
En China, por ejemplo, se desarrolló la aplicación Alipay Health Code para vigilar a su población, en Corea del Sur también se usan tecnologías digitales para el control de la pandemia que ahora parecen ser un modelo para muchos países, como Estados Unidos. Otras usos de tecnologías para la vigilancia, aún más agresivas, han sido implementadas en países como Israel. Asimismo, inquieta que el solucionismo tecnológico prevalezca para controlar esta pandemia y se desplieguen tecnologías como las de Inteligencia Artificial, sin medir sus impactos en derechos fundamentales.
En esta línea, la situación en América Latina y el Caribe intranquiliza. En Ecuador el gobierno autorizó el rastreo satelital de los celulares las personas que entren en el cerco epidemiológico por COVID-19, lo que levanta serias alarmas sobre la proporcionalidad de la medida y posibles usos abusivos. En Colombia el Instituto Nacional de Salud promociona (aunque no obliga a su uso) la aplicación CoronApp, que ha sido cuestionada por su deficiente protección de datos personales, su mal funcionamiento y su verdadero alcance en un país con 20 millones de personas sin acceso a Internet. Por su parte, en Chile, el gobierno se ha referido al desarrollo de una aplicación para “contacto personalizado con ciudadanos” con apoyo del gobierno de Corea del Sur, el que ya ha sido cuestionado internacionalmente por el impacto de dicha tecnología. Iniciativas privadas de aplicaciones también levantan dudas en Paraguay, así como el anuncio del gobierno de Uruguay de crear una aplicación para celulares con la intención de que los habitantes tengan una «georreferenciación» de las personas diagnosticadas con COVID-19. Asimismo, inquietan los efectos estigmatizadores que puede producir la falta de protocolos claros en el uso escáneres de temperatura que en muchas de nuestras fronteras se implementan, aunque su efectividad ha sido cuestionada.
El uso de tecnologías digitales para combatir esta pandemia no puede quedar excluido de un examen de necesidad y proporcionalidad ante eventuales efectos en nuestros derechos fundamentales. En esta línea, toda tecnología usada en el contexto de esta pandemia debe priorizar una fuerte protección de nuestros datos personales y sensibles, así como garantizar un uso acotado a la emergencia que enfrentamos, como habilitar procedimientos de rendición de cuentas. Todas estas medidas son claves, además, para evitar impactos desproporcionados en la discriminación de grupos más vulnerables y en la salud mental y posible estigma de las personas afectadas por el COVID-19.
Esta crisis de salud es una oportunidad para que Estados, gobiernos y comunidades de la región resguarden y fortalezcan los derechos humanos en todas las dimensiones de nuestras vidas que se ven afectadas por esta pandemia. En Al Sur estaremos monitoreando que eso así suceda.
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Suscribe Al Sur, consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y la academia de diversos países de América Latina y el Caribe que trabajan por fortalecer los derechos humanos en el contexto digital.
Los miembros de Al Sur son:
• Red en la Defensa de los Derechos Digitales, R3D, México
• IPANDETEC, Panamá.
• Fundación Karisma, Colombia.
• Hiperderecho, Perú.
• Derechos Digitales, América Latina.
• Asociación por los Derechos Civiles, ADC, Argentina.
• Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, CELE, Argentina.
• Coding Rights, Brasil.
• Internet Lab, Brasil.
• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Brasil.
• TEDIC, Paraguay.
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