Por Amalia Toledo
Conservan y comparten el conocimiento, estimulan la cultura y el esparcimiento, sirven de espacios seguro para adentrarse a cualquier área del conocimiento e incluso ayudan a reconstruir el tejido social de comunidades vulnerables. Estas son las bibliotecas, instituciones que aportan desde muchos niveles al desarrollo de la sociedad. Instituciones que resultan valiosas para sus comunidades. Instituciones que requieren una marco legal, de recursos económicos y de apoyos efectivos desde el Estado y las administraciones locales que las proteja adecuadamente y les permita impactar positivamente a sus comunidades.
Esto nos quedó mucho más evidente hace unos días atrás participando del IX Encuentro de Bibliotecas en Medellín, evento que reunió a quienes trabajan en estas instituciones para analizar las tensiones que existen entre el llamado código abierto y el código cerrado o con derechos de autor. Ahí estuvimos presente para compartir nuestra visión sobre el acceso al conocimiento y a resaltar el papel de las bibliotecas en el fomento, gestión y generación de información, conocimiento y cultura. En este sentido, quisimos presentar una forma de ver el derecho de autor desde otra orilla distinta a la proteccionista-mercantilista y más cerca al ejercicio de los derechos humanos.
Y la razón para ello se cae de la mata. El papel de las bibliotecas en cuanto a los beneficios que entregan a la sociedad no es insubstancial: promueven la alfabetización, facilitan el acceso a la educación y a fuentes de investigación, ayudan a cerrar las brechas en el acceso a la información, salvaguardan el patrimonio histórico y cultural, entre mucho más. Como es lógico, ante esto, la población espera que una biblioteca provea el conjunto de servicios que le permita disfrutar y aprovechar el conocimiento que gestionan y preservan.
Pero la realidad es que las bibliotecas tienen importantes barreras legales, por no hablar de las económicas y las técnicas, que le impiden ofrecer algunos servicios. Y esos obstáculos están bastante ligados con el derecho de autor y con los miedos que tienen dentro de las bibliotecas de infligir tal derecho. Con ello, la población beneficiaria se ve negada del acceso al conocimiento y la cultura. ¿Quién gana con esto? Seguro no la sociedad en su conjunto, sino un grupo económico.
Un ejemplo que ilustra esta situación tiene que ver con los ciclos de cine que suelen organizar estas instituciones. Nos contaban con pesar que, ante el temor de verse metidos en problemas legales por una posible, y muchas veces injustificada, infracción al derecho de autor, se están privando de proyectar películas y/u otras piezas audiovisuales de interés para la comunidad. En su lugar, se han conformado con hacer ciclos de cine con películas que no despiertan el interés de su población beneficiaria, privandoles de un espacio de reunión, esparcimiento y hasta de reflexión.
Cuando a este paisaje se le agrega la tecnología digital, la situación se complica aún más. La tecnología digital ha cambiado la forma en que creamos y accedemos al conocimiento y a la cultura. No obstante, el derecho no ha sabido mantenerse acompasado a los cambios y las nuevas dinámicas que han emergido a partir del uso de la tecnología.
Está claro que la tecnología, en especial internet, ofrece oportunidades extraordinarias para la búsqueda y descubrimientos de recursos digitales de gran valor. Esto, unido a las exigencias globales de mayor inversión y fortalecimiento en investigación, desarrollo e innovación en las áreas científicas y académicas, están impulsando la demanda de acceso a materiales depositados en bibliotecas en todo el mundo.
Y en un época de interconexión más allá de las fronteras, ya los servicios que presta una biblioteca no son solo para la comunidad que atienden, máxime cuando muchas los recursos que resguardan contienen alto valor histórico y cultural nacional, pero también mundial. Con frecuencias, las barreras legales del derecho de autor le impiden aportar al acceso a la información, la cultura y al conocimiento, y no solo a sus comunidad, sino a un espectro mucho más amplio e internacional, por ejemplo, de personas dedicadas a la investigación.
Esta es la razón por la que las bibliotecas están pidiendo un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la entidad global que establece el derecho internacional de los derechos de autor, para resolver los problemas prácticos que enfrentan las bibliotecas en la prestación de servicios de información en la era digital.
Desde diciembre 2013, venimos participando de esa discusión dentro del Comité de los Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR, por sus siglas en inglés). Si bien la discusión no ha variado mucho desde la última vez que reportamos, cabe destacar que quienes representan a los países latinoamericanos, caribeños, africanos y asiáticos siguen mostrando un gran apoyo a las bibliotecas y a los archivos, otro de los grupos que se beneficiaría de un tratado en la materia. Estos grupos de países impulsan la discusión buscando la futura adopción de un instrumento internacional que cree estándares mínimos que permitan aprovechar las flexibilidades del derecho de autor a favor del ejercicio de derechos humanos de la ciudadanía.
Por otra parte, los países industrializados, entre ellos Japón y el grupo de países que componen la Unión Europea, insisten en que el actual régimen de derecho de autor funciona para el trabajo que realizan las bibliotecas y archivos. Particularmente, la Unión Europea sigue mostrando su disconformidad con que el tema siga un camino hacia un tratado internacional e insisten en que lo que corresponde es la cooperación internacional entre países.
Mientras, las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las bibliotecas y archivos continuamos presentando la realidad que viven estas instituciones, y las barreras de acceso a la información de la población como consecuencia del derecho de autor. Para ello, se ofrecieron ejemplos de las dificultades en ofrecer servicios transfronterizos, los problemas de usar obras huérfanas y la compra de libros en otros mercados distintos a los nacionales.
En noviembre de este año, el Comité volverá a reunirse para culminar la discusión de los 11 temas propuestos en el documento de trabajo de la OMPI. El foco estará puesto, particularmente, en 4 temas, a saber: las limitaciones a la responsabilidad de estas instituciones y su persona, la necesidad de crear garantías para la elusión de medidas tecnológicas de protección, el problema del licenciamiento por parte de los proveedores de contenidos digitales, y la garantía a la provisión de servicio de traducción.
Una vez culmine esta etapa, los Estados miembros tendrán que considerar cómo avanzar en la discusión, cuál será el siguiente documento de trabajo y los objetivos futuro. No vemos que la postura de la Unión Europea sea más conciliadora, pero seguro que en las negociaciones al interior de la OMPI, donde existe un exagerado interés por culminar el debate entorno nuevas capas de protección al derecho de autor y derechos conexos de los organismos de radiodifusión con un pronto tratado, pueden que permitan un diálogo más conciliador para el futuro de este tema.
Estaremos ahí para mostrar que el derecho de autor no solo se trata de barreras al acceso al conocimiento y la cultura, sino de aprovechar sus flexibilidades para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Esperamos también expresar toda la pasión que nos transmitieron en Medellín aquellas personas orgullosa de poder brindar oportunidades de desarrollo, de crecimiento personal y profesional, de acceso a la información a través de las bibliotecas. Porque las bibliotecas no solo son importantes para sus comunidades, sino también para alcanzar sociedades más justas y equitativas.
En el ínterin, invitamos a las bibliotecas y al gremio a unir fuerzas para que el gobierno colombiano nos escuche en su nueva propuesta de reformas al derecho de autor; para que entienda que hay que dialogar y legislar para todos los sectores sociales, no para unos pocos; para que entienda que el actual sistema colombiano de derecho de autor no solo es insuficiente, sino que está anclado en el siglo XIX. Tenemos hasta el 22 de septiembre para presentar nuestros comentarios a un proyecto que está muy lejos de atender los problemas que enfrentan las bibliotecas y archivos, además de las personas usuarias.
Relacionados
Protegido: El Informe Special 301: Discusiones sobre el Interés Público y la Propiedad Intelectual
No hay extracto porque es una entrada protegida.
Crónicas de un encuentro regional: tejiendo un futuro digital inclusivo y participativo para América Latina y el Caribe.
En la primera semana de noviembre del 2024 nos embarcamos en un viaje para participar en los foros de gobernanza de internet: Youth LACIGF y LACIGF en Santiago de Chile.