La protagónica presencia de la tecnología digital en la vida de las personas y en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad en el siglo veintiuno, nos obliga a pensar que su despliegue ocurra en línea con la protección y avance de los derechos humanos, teniendo siempre como norte la promoción de la justicia social.
En Karisma abordamos estas relaciones y nos preguntamos cómo la tecnología sirve para que haya un acceso y un uso más democrático del conocimiento y la cultura, apoya la autonomía y la dignidad de las personas, la inclusión social y la participación cívica.
Sin pretender una lista exhaustiva y detallada, y conscientes de que entre los programas de gobierno y los hechos hay un largo trecho, queremos compartirles nuestra mirada a las propuestas de los candidatos en estas áreas, contarles sobre lo que revisamos y nos gusta, lo que no tanto y lo que nos parece que falta, esto nos permite imaginar los desafíos para los próximos años.
Hay que advertir que es un ejercicio complicado pues no estamos frente a documentos (los programas de las campañas) que sean comparables. Pero, como ya dijimos creemos que es un ejercicio que nos permite mirar este sector más allá del tecno-solucionismo o el tecno-temor para pensar la tecnología como herramienta de desarrollo social y económico.
Aquí vamos…
Autonomía y dignidad
La explotación de los datos de las personas para caracterizarlas y perfilarlas plantea riesgos para los derechos a la intimidad, a la autodeterminación y a la dignidad. Esta es una preocupación transversal a muchas de las actividades humanas en el entorno digital , por eso creemos que se requiere promover acciones para que el desarrollo e implementación de tecnologías que usan datos intensivamente respeten los derechos fundamentales, superen los desequilibrios de poder históricos y sean una oportunidad para que las personas puedan autodefinirse.
Empecemos por uno de los temas que nos ha preocupado en los últimos tiempos y que tiene que ver con los sistemas que brindan ayudas sociales, como el SISBÉEN en donde los dos programas tienen enfoques muy distintos. Por un lado, Hernández propone ahorrar gastos y costos de operación al Estado fusionando en un solo subsidio la oferta de ayudas. Por su parte, Petro habla de un enfoque de derechos humanos que busca garantizar unos mínimos para toda la población.
La situación es similar en lo que respecta al fomento del trabajo a través de unicornios digitales, plataformas digitales como Rappi, Didi o Uber. No obstante, respecto a la regulación del trabajo en las mismas, las posturas de los candidatos cambian. Por un lado, Hernández tiene como propuesta multiplicar estas plataformas para generar empleo de “calidad”, las ve como opciones de crecimiento económico, sin hacer alusión a su reglamentación. Petro, por su parte, habla de facilitar su crecimiento a la par que buscará garantizar condiciones dignas y sostenibles para sus trabajadores. Ninguno menciona cómo abordaría los otros desafíos de estos nuevos modelos de economía digital que se soportan masivamente en la explotación de los datos de las personas que las usan.
Aunque ambos planes de gobierno proponen un panorama de innovación tecnológica y digitalización del Estado, no son claros en su necesidad, límites o adaptabilidad en el contexto colombiano. Así mismo, son propuestas vagas sobre cuál será la función de estás innovaciones en el país, más allá de insistir en que son tecnologías de vanguardia.
Ninguno de los dos planes de gobierno tiene en cuenta las complicaciones que inevitablemente crecerán respecto a la consecución y el uso de datos en el país. Por ejemplo, frente al creciente interés y despliegue de soluciones que usan datos biométricos ninguno de los candidatos menciona la forma cómo avanzará la identidad digital para nacionales y migrantes, especialmente de nacionalidad venezolana, que busque un entorno garantista para un sistema del que dependerán los servicios que ofrecen los estados y del que dependen muchos derechos.
Participación cívica
Las tecnologías digitales ya son claves para la participación cívica en espacios democráticos y son una forma de ejercer los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y otros derechos fundamentales. Al mismo tiempo, los abusos de las tecnologías digitales representan una erosión de la participación y una vulneración del derecho a la intimidad y autodeterminación. Nos interesa que quien nos gobierne las aborde desde la promoción de la participación tanto en los procesos políticos como sociales, sin interferencias arbitrarias e ilegítimas a nuestros derechos.
Las propuestas de Hernández y Petro están de acuerdo en lo que se refiere a aumentar la participación ciudadana y la transparencia, pero discrepan en su postura respecto de la tecnología. Hernández, por un lado, plantea un esquema mixto aumentando el acceso al gobierno en línea y a la información de obligatoria publicación, de forma tal que se facilite el control social de los actos gubernamentales a través del Gobierno Digital. En paralelo, buscará promover las veedurías, fortalecer el SECOP II y las auditorías para grandes contratos, estas últimas “a discreción del Ejecutivo”, algo que nos resulta preocupante. Y si bien su apuesta es por más transparencia a través de la tecnología, hace falta detalle para saber cómo se hará y si es positivo o no.
Petro, por otro lado, apuesta a grandes reformas institucionales, pero olvida la tecnología como mecanismo para aumentar la participación ciudadana más allá de lo político. En concreto, le apuesta a reformar el Congreso y la Registraduría, a fomentar los presupuestos participativos y el acceso a información pública, esto nos parece positivo, pero reconocemos que la falta de precisión tampoco permite comentarios más amplios. Otro punto, este positivo, es que Petro se compromete explícitamente a aumentar la protección a los denunciantes (también llamados informantes o whistleblowers), que es una decisión que tiene un consenso internacional en materia de libertad de expresión y de lucha contra la corrupción, algo en lo que Colombia está en deuda.
En el tema de acceso a internet también hay un acuerdo sobre el fin entre los candidatos, pero no sobre los métodos. Mientras que Petro señala que conectar a todo el país ayudará a erradicar la pobreza y al bienestar general, su método es a través de conectividad vía satélite y, simultáneo, expandiendo la fibra óptica para llevar internet gratis a todo el país (sin decir cómo lo logrará) priorizando lo rural y los pequeños prestadores. El ingeniero, por su parte, quiere garantizar el acceso a internet para fomentar la economía y lo hará desde un enfoque de mejora en la cobertura con inversión en infraestructura con fallas frecuentes -no dice cuáles- y con énfasis en el 5G y a través de convenios con empresas prestadoras. Mientras que Petro piensa en un derecho, Rodolfo en un servicio.
Finalmente, en cuanto a la ciberseguridad y la ciberdefensa no hay pistas de qué tienen en mente los candidatos en sus programas. Ya que en este ámbito la concepción de los candidatos sigue siendo puramente física. La única referencia a tecnología y seguridad en los dos programas, la hace Hernández al señalar que pretende “modernizar el equipo militar” e impulsar desarrollos de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Al respecto, no podemos decir más por la falta de detalles.
Ahora bien, los dos candidatos plantean la necesidad de impulsar la formación de derechos humanos en la fuerza pública. Sin embargo, de nuevo, las perspectivas son diferentes. Hernández piensa, de forma contradictoria, “Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto de legitimidad”, lo que recuerda el episodio de Ciberpatrullaje durante el Paro Nacional, y en simultáneo pretende depurar la policía para minimizar abusos y proteger la protesta social. Mejor dicho un poco todo. Mientras que Petro, le apuesta, de forma lacónica, a una profesionalización de la fuerza pública con énfasis en derecho humanos.
Inclusión social
Claramente las tecnologías digitales ofrecen oportunidades para desafiar las barreras existentes a la participación económica, social, cultural y política, también pueden afianzar o empeorar los desequilibrios de poder existentes. Por eso en este campo también es importante que se fomenten estas tecnologías en un marco de servicio y protección de los intereses y los derechos de las personas en general, y de los grupos que enfrentan condiciones de discriminación en especial.
Los dos candidatos proponen la modernización del Estado, que prestaría más servicios a través de las tecnologías. Aunque reconocen la necesidad de disminuir las brechas de educación en tecnología en la ciudad y en lo rural, no explican cómo funciona un Estado más digital de cara a las personas, tanto desde la ciudadanía como desde la función pública, que no tienen conectividad, que no saben usarla o no tienen la suficiente agilidad para determinados usos o respecto de quienes no confían en ella para realizar los trámites. Aclaramos que en el programa de Hernández se habla de mejorar las habilidades tecnológicas de quienes están en la función pública.
Ambos programas abordan el tema del teletrabajo: para Hernández se trata de una forma de encontrar flexibilidad laboral para mujeres cabeza de hogar y para Petro el foco es la protección de los derechos laborales de quienes prestan sus servicios de esa forma, incluyendo un mínimo vital de conectividad y jornadas horarias que permitan el descanso.
Petro y Hernández se comprometen a respetar el derecho a la protesta ante cualquier violación del Estado. Petro también anuncia la protección del derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, a la movilización y a la defensa de los derechos territoriales y ambientales. Sin embargo, ninguno de los programas se refirió a la faceta digital de esos derechos y su garantía y protección por los agentes del Estado.
Siguiendo con la libertad de expresión en línea, destacamos que ninguno de los candidatos se refirió a su protección respecto de órdenes administrativas de bloqueo de contenido o de interrupción del servicio de internet. Distintas autoridades han echado mano de facultades legales para bloquear páginas web, sin garantizar la publicidad de las decisiones, ni su legalidad, necesidad y proporcionalidad, como lo exige el derecho de los derechos humanos.
Ninguno de los programas aborda explícitamente la violencia digital que experimentan diferencialmente las mujeres, y que vimos acrecentada en las jornadas electorales de Congreso y Presidencia. Destacamos, sin embargo, que el programa de Petro incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que dentro de ella incluye cualquier tipo de violencia, que debe ser abordada integralmente. Por su parte, Hernández se refiere únicamente a la violencia intrafamiliar, dejando de lado la violencia que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio político o público de las mujeres.
Democratización del conocimiento y la cultura
Las tecnologías digitales ofrecen un gran potencial para el aprovechamiento, a diferentes escalas, del conocimiento y la cultura que se construye como sociedad. Existen obstáculos que dificultan el acceso, la creación y uso de estos recursos por lo que es necesario identificar y apoyar alternativas que promuevan una visión del conocimiento y de los recursos culturales compartidos que sirvan para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades sociales.
En el programa de Hernández se dice que aumentará el presupuesto de la cartera de cultura y frente al reto de la sostenibilidad del sector creativo, habla de implementar nuevos modelos de gestión. En relación con la ciencia y la tecnología habla de su importancia en el desarrollo del país y para eso plantea más unidad con las empresas. Sin embargo, para la cultura su visión central es la del mercado, no tiene propuestas para la sostenibilidad de las expresiones culturales que existen y deben ser preservadas más allá de esta lógica. Y en el caso de la ciencia no habla de las comunidades, el sector académico, de investigación y/o grupos de personas que con sus conocimientos sobre los territorios también tienen aportes importantes a la construcción de conocimiento científico.
En el programa de Petro hay una visión de cultura transversal que incluye la generación de modelos de negocio colaborativos para garantizar la sostenibilidad del sector y una serie de apoyos gubernamentales para las expresiones culturales que tienen lógicas diferentes a las de mercado, habla de promover los bienes comunes de la producción cultural y creativa. Plantea un estatuto laboral para los trabajadores de la cultura y habla de regular el trabajo como derecho en la era digital. Toma posición en temas coyunturales para hablar de excepciones y limitaciones de propiedad intelectual que ayuden a reducir los precios de los medicamentos. Fomentará el acceso a la información ambiental, de riesgo y cambio climático, fortalecerá la inversión en ciencias ambientales, incluyendo a instituciones de educación superior, centros de investigación y comunidades. Se compromete con el uso de software libre y con el apoyo a las tecnologías emergentes.
En el caso de Petro nos hace falta el diálogo de sus propuestas con el marco de política pública para las industrias creativas que existe en la actualidad en Colombia. Es decir, no plantea cómo se relacionará su modelo con la normatividad ya existente creada con la visión de economía naranja que modificó todo el sistema durante este gobierno.
Ambas campañas tienen un lenguaje de democratización del acceso a internet y su universalización y ambas se refieren a re-negociar los TLC. Aunque hay que hacer la precisión de que Petro buscará el mínimo vital para internet y habla de “democratizar” el espacio digital.
En los dos programas el patrimonio o memoria digital y sus retos no aparecen, en general se nota que las campañas no han reflexionado aún sobre los retos de la digitalización de los contenidos culturales en la sociedad actual.
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Edda es investigadora de la línea de Autonomía y Dignidad de la Fundación Karisma. Es antropóloga y le interesa la intersección entre la tecnologia y los derechos humanos y digitales.
1 comentario
Es obvio que falta mucho por avanzar en los retos de la digitalización del país. Esperemos que los políticos tengan amplitud de miras a la mayor brevedad.