Comunicado de prensa 01. Bogotá, 28 de septiembre de 2023.
En 2023, por tercera ocasión, Fundación Karisma realiza observación técnica a la implementación de tecnología en el proceso electoral colombiano. Al igual que las veces anteriores, este trabajo se realiza en compañía con la Misión de Observación Electoral (MOE). Nuestro trabajo se enfocará en observar el proceso de escrutinio, aunque también participaremos de los espacios para seguir los procesos de selección de jurados de votación y el preconteo. Además, mantenemos nuestro cuestionamiento sobre el uso de biometría para la identificación de votantes y jurados.
Nuestro principal objetivo continúa siendo incrementar el conocimiento y comprensión de la sociedad civil respecto a la forma en que la tecnología media y afecta el derecho al voto. Esperamos poder participar de simulacros, revisar el código fuente y que nuestras dudas sobre la estructura y seguridad de los sistemas sean resueltas, todo con el fin de poder informar a la ciudadanía y apoyar a medios, partidos y ciudadanas en el entendimiento de la tecnología que se utiliza en el proceso electoral.
En consecuencia, y dado que ya ha empezado el calendario de observación electoral, queremos hacer públicos los siguientes comentarios:
- El alcance de las auditorías sigue siendo limitado
Al igual que lo detallamos el año pasado, y tal como ya lo señaló la MOE, la auditoría externa contratada respecto de las tecnologías usadas en elecciones sigue siendo limitada.
Para empezar, el contrato con la empresa JAHV McGregor, mismo contratista de 2022, no cubre todas las tecnologías incorporadas, dejando sin revisión las que se usaron para el registro de grupos significativos de ciudadanos y las de consolidación nacional de escrutinio (el software que usa el CNE).
Sumado a las etapas respecto de las cuales no se contrató una auditoría externa, se deben tener en cuenta las tecnologías incluídas en la auditoría, pero que para la fecha que se contrató a McGregor (24 de agosto de 2023), ya habían sido usadas sin ser auditadas. Ese es el caso de las plataformas para el registro de votantes, la inscripción de candidatos y la inscripción y selección de jurados de votación.
Finalmente, debemos recalcar que la Registraduría insiste en llamar “Programa General de Auditorías” al calendario de observación para partidos políticos y misiones de observación, lo que es un error. Estas actividades, si bien permiten una revisión a las tecnologías y son un espacio de participación ciudadana valioso y necesario, no constituyen una auditoría, pues no implican, desde ningún punto de vista, una revisión detallada de los sistemas o programas, de su código fuente, de sus protocolos, servidores o bases de datos. La persistencia en llamar auditoría a lo que no lo es solo sirve para cubrir en el papel la ausencia de una revisión a profundidad, independiente y técnica.
- Continúan los problemas de acceso a información
Fundación Karisma reconoce que la Registraduría ha hecho un esfuerzo por incrementar la transparencia y el acceso a la información respecto de las elecciones. Sin embargo, en 2023 persisten problemas importantes que limitan la labor de veeduría y control de la ciudadanía.
Para empezar, las respuestas a los derechos de petición por parte de la Registraduría son insuficientes. La respuesta a una solicitud de información pública que enviamos en conjunto con la MOE consultando, entre otros temas, si se usaría el software propiedad del Estado que proporcionó la empresa INDRA para la consolidación nacional del escrutinio fue evasiva. La misma pregunta la hicimos en uno de los espacios de prueba sobre escrutinio regional con el mismo resultado. A un mes de las elecciones no se sabe si este software se va usar o no, lo que se traduce en que no está claro qué programa usará Consejo Nacional Electoral para resolver las reclamaciones que queden pendientes en niveles inferiores.
Otra pregunta fundamental que aún no tiene respuesta es cuáles serán las empresas sub-contratistas del proveedor principal (la UT DISPROEL). En nuestro informe de observación del año pasado intentamos visibilizar las empresas que tienen en sus manos algunos de los procedimientos más importantes para las elecciones, como lo son: el data center principal donde se guardan los resultados, la realización de copias forenses de los computadores o la que opera el centro de operaciones de seguridad digital. Sin embargo, en la respuesta a nuestro derecho de petición, la Registraduría señaló en que “se trata de una información que no tiene”.
Sumado a ello, los accesos que se han entregado a las misiones para ingresar a los sistemas de auditoría, han tenido fallas, que en su momento reportó la MOE. Finalmente, hay tecnologías de las que no tenemos información alguna sobre su funcionamiento, como es el caso de la revisión de firmas de apoyo ciudadano o el aseguramiento del plan de comunicaciones. Algunos de estos temas deberían estar incluidos en los informes que debe hacer la firma de auditoría externa que además deberían ofrecer versiones públicas sin la información detallada de vulnerabilidades.
Al respecto, le pedimos a la Registraduría que redoble sus esfuerzos por aumentar la transparencia y por garantizar el acceso a información pública sobre las elecciones en todas las etapas de planeación, ejecución de los comicios y de los resultados de la auditoría externa.
- El Programa General de auditorías ha presentado dificultades en su implementación
Si bien para 2023 se aumentaron los espacios de participación dentro del Programa General de Auditorías (que insistimos es de observación y no de auditoría), agregando nuevas etapas desde el inicio, como la revisión de la selección de jurados, se aumentó el número de simulacros y se permitirán múltiples revisiones al código de DISPROEL, hay problemas que aún persisten.
Por un lado, aún no tenemos certeza si para revisar el código se exigirá firmar acuerdos de confidencialidad con Registraduría o con DISPROEL como se hizo el año pasado. Además, la Registraduría limitó el número de observadores por misión o partido a uno (1), restricción que no existía y que mina la capacidad de entender y escrutar las tecnologías. Una misión de observación requiere distintas experticias y al limitar el número de participantes, se limita el acceso a información, la capacidad de análisis y de control ciudadano. Si bien entendemos que hay una capacidad limitada de equipos disponibles para, por ejemplo, hacer la observación de código fuente. Pero en ese caso se debería limitar el acceso a los dispositivos (uno por partido o misión) y no el número de personas.
Por otro lado, aunque entendemos que la negociación con el contratista DISPROEL en este aspecto puede ser complicada, queremos reiterar que para nosotros el hecho de que el software de escrutinio y su solución tecnológica no sean propiedad del Estado sino de una empresa privada sigue siendo un problema de fondo y que la propiedad intelectual no puede ser una barrera para la observación electoral.
Finalmente, y este ha sido un problema reiterado, pero que se ha visto especialmente marcado en 2023, es que a pesar de contar con un calendario de observación electoral desde el 30 de agosto, la Registraduría añade pruebas y simulacros con apenas horas de anticipación y cambia las fechas previamente establecidas constantemente. El cambio del calendario propuesto, incluidas las suspenciones temporales de simulacros, no solo denota problemas internos de organización o incluso la posibilidad de programas de software que no están listos para sus pilotos, sino que obstaculiza la labor de las misiones de observación electoral y de los partidos, quienes cuentan con recursos limitados para dicha labor.
Esperamos que los comentarios aquí expresados sean atendidos por la Registraduría. Además, seguiremos informando a la ciudadanía sobre el avance de nuestra labor.
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