Hay una ola de descontento popular en el mundo y ha tenido su réplica en las últimas semanas en América Latina. Ecuador, Bolivia, Chile, Haití, Venezuela han marchado para hacerse oír. El paro nacional y marcha del 21 de noviembre (ayer) en Colombia, forma parte de esta ola y desde Karisma estamos haciendo seguimiento a lo que pasa en lo digital.
Los preparativos del paro estuvieron condimentados por un ambiente de tensión que dejaba ver a un Gobierno asustado porque se “le podría salir de las manos” la situación y totalmente confiado en que con la fuerza pública basta para proteger la vida, honra y propiedad privada. Se percibe que ese miedo no le deja ver salidas de diálogo, de escucha y negociación con el descontento. En ese contexto, en Karisma identificamos dos desafíos del entorno digital que este tipo de protestas pueden enfrentar y los describimos en la columna de nuestra directora Carolina Botero en el El Espectador publicada el día de hoy.
En primer lugar, las comunicaciones del Gobierno. En los días antes del paro el Gobierno usó una estrategia de comunicaciones en redes que calificamos de “unanimismo de Estado”, en donde todas las cuentas del mismo -dependan o no de la Presidencia y sin importar su objetivo misional- repiten los mismos mensajes y se alinean detrás de un eslogan con instrucciones que seguramente reciben y siguen los funcionarios disciplinadamente.
Esta estrategia de comunicaciones continuó incluso ayer. Ahora bién ¿puede el Gobierno hacer esto? Al ser contenido es, con razón, un tema resbaloso a la regulación. Pero por la posición de poder del Gobierno, eso no significa que no podamos afirmar fuerte y claro que esta actitud deja mucho que desear en un Estado democrático. Tal estrategia tuvo su punto máximo la víspera del 21 de noviembre, cuando los operadores de telefonía e internet enviaron a suscriptores el siguiente mensaje de texto
En este caso, ya no solo fue el contenido abiertamente político, sino que la pregunta pasa a ser la legitimidad del Gobierno para hacer uso de un canal solo porque es gobierno. El mensaje lo recibieron personas que tienen contratos con diferentes operadores y de eso surgen muchas preguntas:
¿Quién envió los mensajes? ¿Cuál fue la justificación para usar bases de datos de clientes que no han dado autorización para recibir mensajes del Gobierno? ¿Se usó el canal de emergencias? ¿Se trató de una publicidad pagada?
El uso de SMS para distribuir información no solicitada está regulado como marketing y existen leyes que indican cómo los puede usar el Gobierno, por ejemplo, en casos de emergencias. Desde Karisma hemos elevado una solicitud a la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para que nos indique cuál es el marco aplicable en este caso.
La otra dimensión tiene que ver con lo que sucedió durante la protesta y los desafíos digitales que habíamos anticipado. Una manifestación amplia, pacífica y colorida que se dio a lo largo y ancho del país quedó opacada por eventos violentos y vandálicos en varias ciudades, y por varias situaciones violentas protagonizadas por policía y Esmad en las horas finales de la manifestación. Sobre todo, quedó empañada por una noche de enfrentamientos entre policía y personas en Pasto, lo que desafortunadamente terminó con la vida de dos jóvenes, una noche de horror en Cali, donde hubo saqueos a locales comerciales y hechos violentos en unidades residenciales luego del toque de queda decretado por el alcalde. Otras dos ciudades tuvieron toque de queda, Popayán en la zona del centro histórico y Facatativá. En esta última se desencadenó un incendio que afectó la sede de la Alcaldía municipal.
Aunque es posible que todavía nos falten datos, y que nuestra historia nos haga ya un tanto indolentes, podríamos decir que la noche absolutamente oscura de la gran violencia que parecía anticipar el Gobierno no llegó hasta allá. Aún así, las manchas de violencia se dieron, son dolorosas y tienen que ser condenadas. Resaltamos que el cacerolazo final, al menos en Bogotá, Medellín y Cali, muestra nuevamente el espíritu pacífico y contundente de la protesta y se convierte en la clara muestra de una sociedad que está pidiendo que sea escuchada.
¿Se materializaron los riesgos digitales que advertimos? De las noticias que circularon, se puede hablar de algunos abusos aislados vinculados con tecnología. Casos aislados de personas a quienes se les prohibió o le evitaron grabar abusos, pero no se reportan temas mayores.
En relación con la interrupción de internet, varias personas reportaron en diferentes ciudades problemas de conexión. Los monitoreos que se hicieron no permiten afirmar que esto se diera por razones diferentes a la normal congestión de la infraestructura debido a que había muchas personas conectadas al mismo tiempo.
En relación con redes sociales, no se presentaron mayores reclamos en esta oportunidad con una notable excepción. La cuenta de Twitter del Senador Alvaro Uribe fue limitada porque posteó una foto de un tablero con información de organizadores de la marcha en Cali que incluía datos personales. La foto violó las normas de la comunidad y, por tanto, fue sancionada la cuenta. Lo que sucede en esos casos es que le limitan al usuario la capacidad para postear hasta tanto no retire la foto.
Muchas personas usan las redes sociales sin ser conscientes de que usan la plataforma de un tercero y que las normas que le rigen pueden suponer restricciones a su capacidad de comunicarse. En protestas, esto se hace mucho más evidente porque la gente se comunica mucho más y requiere hacerlo a mayor velocidad; la gente siente más la limitación si es sancionada. Eso le sucedió a Uribe y sus seguidores reclamaron lo que consideraron una violación a la libertad de expresión, algo que en esta oportunidad no es.
Aunque hubo reportes de problemas en redes, como el que hiciera Publimetro unos días antes, los mismos medios salieron a indicar que no fue un caso de censura. Los controles de contenidos y cuentas derivados de las normas de comunidad son actualmente uno de los retos más importantes que enfrentamos quienes hacemos seguimiento a temas de libertad de expresión en contextos de protesta. Reconocemos que para las plataformas y sus algoritmos es un desafío hacer cumplir las normas en momentos en que cada minuto cuenta y es difícil distinguir contenido agresor de denuncias. La importancia y el valor democrático de hacerlo bien es tanto que es clave mantener el seguimiento.
La situación de tensión permanece, por eso desde Karisma hemos estado preparando e iremos mejorando la siguiente información:
- Consejos para el cuidado digital durante una protesta.
- Explicaciones sobre la importancia de cuidar las comunicaciones e internet en protestas, sus los riesgos y un formulario para que nos reporten los problemas que perciban.
- Una herramienta para monitorear con OONI algunos medios que consideramos podrían verse afectados por ataques digitales.
En línea con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que Colombia hace parte, afirmamos que “en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”. La responsabilidad de los Estados es la de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas en las calles. Karisma actúa desde esa convicción.
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